El mercado sigue pesimista ante la falta de acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional para reprogramar los vencimientos del crédito Stand By que el organismo otorgó en 2018. Las consecuencias las pagaron los bonos argentinos nominados en dólares que acumulan una caída del 11% en lo que va del año. El nivel de desconfianza del mercado también se nota en el riesgo país, el indicador que elabora JP Morgan y que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países. Ayer trepó a 1.833 puntos básicos (136 puntos más que el primer día de este 2022).

Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández analizó ayer junto con el ministro de Economía, Martín Guzmán, un nuevo modelo de propuesta que el Gobierno acercará al Fondo, con el fin de alcanzar un entendimiento. Guzmán tiene previsto completar el martes la ronda de conversaciones con los gobernadores en un encuentro que se realizará en el Congreso y del que participarán los mandatarios provinciales y los jefes de bloques parlamentarios que responden a Juntos por el Cambio.

En medio del proceso de negociación, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a exponer la opinión del ala más dura del oficialismo acerca del eventual acuerdo que el país llegue con el organismo. “Está en juego cómo seguimos, en esta etapa no podemos aceptar un ajuste porque tenernos niveles de pérdida de empleo producto de la pandemia y de la gestión (Mauricio) Macri y se requiere de una política activa para llegar a los que más lo necesitan”, expresó el ex ministro de Economía durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kichner.

Paralelamente se conoció un análisis jurídico internacional que asegura que el Acuerdo Stand By del FMI con la Argentina, que se suscribió en 2018, debería considerarse nulo. La investigación, cuya autoría corresponde a los especialistas Karina Patricio Ferreira Lima y Chris Marsh, sostiene que el mayor programa en la historia del Fondo “fracasó en todos sus objetivos centrales, viola los fines fundamentales del FMI según su Convenio Constitutivo y, por tanto, constituye un acto ‘ultra vire’. El “ultra vires” es el principio jurídico internacional que considera inválidos los actos de las entidades públicas o privadas que rebasan el límite de la ley. “Analizando los fundamentos macroeconómicos del Acuerdo Stand By, no se cumplieron los requisitos sustantivos para el ejercicio de la competencia funcional del FMI de prestar apoyo a la balanza de pagos de Argentina”, sentenciaron los autores.

La investigación sostiene que el mayor programa en la historia del Fondo “fracasó en todos sus objetivos centrales”.

Los autores

Karina Patricio Ferreira Lima es profesora e investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Leeds, donde trata temas de derecho económico y financiero, mientras que Chris Marsh es un ex funcionario del FMI y actualmente actúa como consultor senior de Exante Data, una consultora internacional de análisis macroeconómicos y de mercado.

Los autores analizaron los pormenores del programa que negoció David Lipton -hoy asesor de Yanet Yellen- cuando estaba bajo el mando de Christine Lagarde en la gerencia del FMI, y de esta forma, concluyeron que “el Fondo no aseguró las garantías adecuadas para la provisión de sus recursos generales, ya que el programa financiero inicial no contemplaba un ajuste externo, tenía supuestos poco realistas y un “agujero negro” contable de al menos 20.000 millones de dólares”, indicaron en la investigación publicada en el sitio especializado SSRN.

Todo ello, continuaron, “hizo que los objetivos cuantitativos del programa fuesen imposibles de cumplir”, con lo que “el análisis de sostenibilidad de la deuda estaba destinado al fracaso”, y los criterios de acceso excepcional no fueron evaluados razonablemente, consignó la agencia estatal de noticias Télam.

Para los investigadores, “era razonablemente previsible que el diseño del programa diera lugar a una ampliación de la duración y del grado del desequilibrio de la balanza de pagos de Argentina debido a la falta de pedidos de controles de capitales”, que el Fondo “estaba legalmente obligado a solicitar”.

Otro de los supuestos considerados “ridículos” tuvo que ver sobre los ingresos estimados de capital durante el programa, que incluían “la confianza en entradas de capital financiero por casi U$S 80.000 millones”, remarcaron. Por todo esto, los autores afirman que “el programa debería considerarse nulo”. Concluyeron que dado que el país no tiene los recursos para repagar el programa, “debería haber un período (quizás mayor a 10 años) durante el cual se debería permitir a Argentina recuperarse”. Esto significa, en la práctica, “establecer un programa con un préstamo sin intereses, y la devolución de todos los intereses y cargos hasta la fecha”, concluyeron.


Primera licitación del año

En busca de financiamiento

El Ministerio de Economía obtuvo ayer $ 114.000 millones de financiamiento a través de la colocación de cuatro bonos en pesos. El monto obtenido es más del doble de lo que salió a buscar para cubrir los vencimientos previstos para la semana próxima, por $ 55.000 millones. Por eso, en la primera licitación del año, la cartera que dirige Martín Guzmán obtuvo un financiamiento neto positivo de $ 58.926 millones. El interés inversor quedó reflejado en las 835 ofertas recibidas, que representaron $171.572 millones de valor nominal, adjudicándose un efectivo de $114.400 millones.