Crimen del ciclista: “Señor juez, tiene que estar preso porque volverá a matar”

La madre de Guillermo Romero no creyó en la versión del acusado al que le dictaron la preventiva. El imputado tiene retraso madurativo y consume drogas. Antecedentes

MANIFESTACIÓN. Los compañeros de deporte de la víctima cortaron el puente Ingeniero Barros. MANIFESTACIÓN. Los compañeros de deporte de la víctima cortaron el puente Ingeniero Barros. La Gaceta / foto de Analía Jaramillo

“Se está haciendo el loco, que no mienta. Señor juez: tiene que estar preso porque volverá a matar”, aseguró casi al borde del llanto Silvia Benjamina Gómez, la madre de Guillermo Romero (31), ciclista que fue víctima de un homicidio en ocasión de robo registrado hace una semana. Al autor del violento ataque, que tiene retraso madurativo y es adicto a las drogas, le dictaron la prisión preventiva por cuatro meses.

Este no fue un caso más de inseguridad en la provincia. Se trató de un hecho que dejó al descubierto una realidad que enfrenta a la sociedad. La víctima, un trabajador y reconocido deportista que soñaba con recuperar a los jóvenes que habían sido abrazados por el poder destructivo de las drogas. El victimario, un joven con retraso madurativo que tiene severos problemas de adicción.

El sábado 5, Romero regresaba de trabajar cuando fue interceptado por un joven en la avenida Presidente Perón, a la altura de La Garza. Según la acusación realizada por el auxiliar Miguel Fernández, siguiendo las instrucciones del fiscal Carlos Sale, el desconocido le cruzó un palo en la rueda de la bicicleta en la que se movilizaba. Esa acción provocó que cayera y golpeara pesadamente su rostro en el pavimento. El atacante huyó del lugar sin apoderarse del rodado, mientras que el ciclista fue trasladado al hospital Padilla. El lunes a la mañana murió por las lesiones que había sufrido por el golpe.

Sale logró que un juez ordenara la detención del joven que sólo había sido identificado como “Loco Pablo”. Personal de Homicidios, al mando de los comisarios Daniel Monteros, Susana Montero y Jorge Dib, realizó un allanamiento en su vivienda de la zona, pero sus familiares les informaron que no sabían nada de él porque vivía en situación de calle. También comentaron los problemas que padecía.

El viernes pasado, la madre del acusado se comunicó con el comisario Sergio Juárez para informarle que su hijo se había presentado en el domicilio después de varios días. Una comisión policial se trasladó hasta el lugar y lo detuvo.

La audiencia

En la audiencia de formulación de cargos, Fernández no sólo acusó a Juan Pablo Giamarino (22) de homicidio en ocasión de robo, sino que explicó algunos detalles del caso. Por ejemplo, señaló que el sospechoso, momentos antes de cometer el ataque, le había robado el celular a una joven que estaba mirando jugar al fútbol a su novia en una canchita que está en la zona. También enumeró el testimonio de varias personas que lo individualizaron como el autor del crimen, sino que señalaron que es conocido en ese sector de la capital por cometer ese tipo de robos. Solicitó que se le dicte la prisión preventiva por cuatro meses.

La misma versión había conseguido LA GACETA cuando realizó un recorrido por el lugar donde ocurrió el crimen. “Ese chango es una plaga. Vive drogándose y cuando no tiene plata, hace cualquier cosa para conseguir esa porquería que le destruyó el cerebro. Espero que no salga más de la cárcel”, indicó Fernando Lucero, vecino.

Los querellantes Mariano Arcas y Luis Elizalde apoyaron todos los planteos realizados por el representante del MPF. “Además de las cuestiones jurídicas nos gustaría aclarar un punto”, dijeron. “Este no es un caso de inseguridad más en la provincia. Acá se mató a un joven que venía de trabajar. Un chico que sólo pensaba en ganarse la vida y practicar ciclismo, el deporte que él tanto amaba. Un joven que tenía otra gran meta: sacar de las adicciones a cinco chicos de su barrio compartiendo su pasión por el amor a una bicicleta. Al quedar trunco su sueño, debemos preguntarnos qué pasará con esos adolescentes”, razonaron.

El defensor oficial Diego Molina Franco contó algunas cuestiones personales del imputado. Dijo que trabaja recolectando áridos en las márgenes del río Salí y confirmó que cuenta con un certificado de discapacidad por retraso madurativo. También comentó que el psiquiatra del Ministerio de la Defensa se había entrevistado con él para conocer su estado de salud mental, pero aclaró que necesitaba un estudio mucho más profundo. No se opuso a ninguna de las medidas solicitadas por los acusadores, pero sí pidió que Giamarino las cumpliera en un centro asistencial para que esté mejor controlado y sea desintoxicado.

El juez Sebastián Norniella aceptó el pedido de los acusadores y rechazó el planteo del defensor. Sin embargo, ordenó que sea alojado en lugar adecuado para su estado de salud mental y que reciba todas las atenciones que sean necesarias. En principio, debería ser trasladado al penal de Villa Urquiza, pero por la crisis carcelaria que existe en la provincia, es muy poco probable que se cumpla con esa orden.

Duro momento

“Sólo quiero Justicia para mí hijo. La madre, cada vez que su hijo se manda una macana, sale con el carnet de discapacitado para defenderlo. Nunca debería haber estado en la calle, ahora mi hijo está bajo la tierra”, sostuvo la madre de la víctima cuando el juez le dio derecho a declarar como víctima. “Él siempre se hace el loco, pero está bien para robar celulares o bicicletas para comprar droga”, insistió mientras su relato era escuchado atentamente por los asistentes a la audiencia.

“Ahora la madre sale a pedir ayuda por su hijo. Lo debería haber hecho antes de que hiciera algo malo. Señor juez, le pido que no lo suelte porque volverá a matar”, finalizó la mujer.

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