20 Agosto 2023
La lucha contra el narcotráfico tiene diversos escenarios. Como pasa siempre en el ámbito del delito, las fuerzas de seguridad planean sus estrategias sobre dos pilares fundamentales: la prevención y la represión. En el primero de los ámbitos, el trabajo está centrado en tratar de evitar justamente que los delincuentes vendan estupefacientes. La segunda tiene que ver con sacar de circulación a los traficantes. Sin embargo, hay un tercer ámbito en el cual la lucha debe ser tan o incluso más fuerte y que tiene que ver con la recuperación de los adictos, con la particularidad de que en este caso lo primordial viene de la mano de políticas de Salud Pública.
Durante años la Justicia Federal, principal encargada de la lucha contra el narcotráfico, afrontó el problema de las adicciones. Es que más allá de una cuestión netamente penal, no se podía obviar las consecuencias que produce la droga entre los adictos. Y además se luchaba contra procedimientos que, en el 90% de los casos, tenían como resultado la detención de una persona con pocos gramos de marihuana, cocaína o cualquier otra sustancia ilegal. La enorme mayoría de esos procesos terminaba con un archivo, pero obligaba a los jueces a ordenar la rehabilitación y el seguimiento de los adictos. Si bien la ley sigue penando la tenencia de estupefacientes para consumo personal, de a poco la jurisprudencia se fue modificando, aplicando la doctrina del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que retoma la ya fijada por la misma Corte, en el histórico fallo, Bazterrica y Capalvo.
En Tucumán, con la sanción de la ley de Narcomenudeo la situación se modificó. Desde el año pasado es la justicia local la que tiene en sus manos la represión de los delitos de venta por menor de estupefacientes, quedando para la Justicia Federal las investigaciones de las grandes organizaciones. Así, el problema de las adicciones se trasladó hacia los tribunales tucumanos. Esta situación obligó a los jueces a tener que tomar intervención en casos que tienen vinculación con el consumo y sus consecuencias. Sobre esta base, la Corte comenzó un plan de conocimiento y capacitación. Por eso, el martes se produjo una reunión en el Palacio de Tribunales, que fue encabezada por el presidente del Alto Tribunal, Daniel Leiva, y en la que también estuvieron la vocal Eleonora Rodríguez Campos, el ministro fiscal Edmundo Jiménez y Pablo Canatta en representación del Ministerio de la Defensa, además del Secretario de Estado de la Red de Instituciones Intermedias, Lucas Haurigot Posse. Todos ellos se reunieron con representantes de 83 integrantes de la Red de Instituciones Intermedias, que nuclea a organizaciones dedicadas a la compleja situación del consumo de sustancias problemáticas. Entre ellas estuvieron representantes de la Fundación Janita, del Centro Mate Cocido, la Fundación Ariadna, el Centro Andino de Desarrollo, Investigación y Formación (CADIF), el Merendero Juntos por la Familia, la Fundación Volver, la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle, la Fundación Caminos de Esperanza y la Cooperativa de Trabajo La Isla. Sin dudas es un punto de partida muy importante. Involucrar al Ministerio de Salud y al de Desarrollo Social debería ser el próximo paso. La salud de quienes caen en las garras de los narcotraficantes debe ser atendida por el Estado con todas las herramientas a disposición. Es una de las formas de ganar una batalla que cada día se vuelve más ardua.
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