El nuevo protocolo sale a luz luego de que la conducción nacional de las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) confirmara esta semana que el próximo miércoles realizarán un “paro activo” en la Plaza de Mayo, como respuesta a “los anuncios” del ministro de Economía, Nicolás Caputo.
El día de protesta coincide con el 22 aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 cuando el gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social, que culminó con 38 muertos y la renuncia del ex mandatario radical.
“Se decidió realizar un paro activo el 20 con otros sectores, gente del movimiento obrero, sindicatos docentes, de la Unión Ferroviaria, ante los anuncios de Caputo, que son un ‘Rodrigazo’ brutal contra los trabajadores”, había confirmado el martes el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. Ayer, tras el anuncio de la ministra Patricia Bullrich, ratificó la protesta de la semana próxima.
“Se van a movilizar 50.000 personas”, le retrucó a la funcionaria Belliboni, el dirigente del Polo Obrero, que junto a los legisladores del Frente de Izquierda, Gabriel Solano y Vanina Biassi, convocaron a otra conferencia de prensa, dos horas después que Bullrich, para rechazar la disposición de la cartera de seguridad.
Los referentes de izquierda calificaron como “ilegal” el anuncio de Bullrich respecto de la aplicación del nuevo protocolo, y defendieron los mandatos constitucionales que resguardan el derecho a la protesta. “Acá cambió un gobierno, no un régimen político”, agregaron.
Durante su gestión en el gobierno de Mauricio Macri, Bullrich -en el mismo cargo, al frente de la cartera de Seguridad- también había lanzado en febrero de 2016 un protocolo “antipiquetes” para evitar los cortes de tránsito en la vía pública.
El llamado “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” procuraba, entre otros objetivos, ordenar la circulación ante cortes de calles y rutas llevados a cabo por manifestantes.
En aquel momento, Bullrich había advertido que quienes protestaran tendrían “5 o 10 minutos” para desalojar los caminos, autopistas o rutas que cortaran antes de ser desalojados y, eventualmente, detenidos. “Si no se van, los sacamos”, expresó en declaraciones periodísticas.