Otros cambios para evitar la desregulación del bioetanol

La agroindustria azucarera del NOA, en especial de Tucumán, está pasando apuros. Los días han transcurrido sin que existiera una solución oficial, tanto del gobierno de Javier Milei como del Congreso nacional, desde el anuncio de la ley ómnibus y las quejas por las consecuencias que implicaría este instrumento. Hubo conversaciones con el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y en el Parlamento avanzó el tratamiento de la iniciativa, pero ese escenario no calmó, hasta ahora, las aguas entre los industriales y los productores. Tras la reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, el Gobierno tucumano recibió de la Casa Rosada un bosquejo del proyecto de reforma de la ley de biocombustibles (27.640), no así de la ley azucarera (N° 25.715), lo que más preocupa en estos momentos en la región porque contempla desregulación de la actividad y la posible importación de azúcar de Brasil y otros países.

En particular, el texto referido a los biocombustibles se reformuló respondiendo a algunos planteos de las provincias productoras de bioetanol de caña de azúcar y de maíz, aunque se mantuvo el concepto inicial que apunta también a la desregulación del mercado. Este nuevo escrito se distribuyó a la vez entre los equipos técnicos de la Provincia, del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat) y los empresarios para su análisis.

Fuentes oficiales indicaron que en el nuevo escrito se incorporaban cambios “de fondo” y otros de menor nivel de incidencia. Y al parecer, esto no convenció del todo a los actores privados, por lo que las conversaciones con la Nación habrían continuado. Así, las principales cámaras de bioetanol de caña de azúcar y de maíz prepararon un proyecto “consensuado” de la ley de biocombustibles. Los referentes de las entidades firmaron este sábado un convenio y enviarán el documento al Gobierno nacional y al Congreso para avanzar en una redacción final. Entre ellos, rubricaron sus firmas Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA); José Porta, apoderado de la Cámara de Industrializadores de Granos y Comercializadores de Biocombustibles en Origen; y Patricio Miguel Adam, director Ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz.

Los puntos incluidos apuntaron a condicionar de alguna forma la desregulación de base en la cadena que proponía la administración de Milei. Juan Carlos Mirande, titular del Centro Azucarero Regional Tucumán (CART), explicó que la intención en este proyecto consensuado por las cámaras “es tomar algo de las propuestas del Presidente, pero poniendo un poco de mesura”. “Teníamos un sistema perfectible, que estaba funcionando bien. De golpe, aparecieron estas propuestas tendientes a una liberalización total de la actividad. Por eso, estudiamos las reformas para llegar a una fórmula de consenso que contemple los requerimientos y demandas del Gobierno nacional sin liberalizar totalmente la actividad, lo que nos dejaría desprotegidos”, añadió.

Las propuestas

Entre los retoques, las empresas aceptaron la implementación del esquema de licitación para fijar el precio del bioetanol. Justamente, incorporaron en el artículo 313, que modifica el art. 13 referido a la determinación de volúmenes y precio de bioetanol, que se llevarán adelante licitaciones separadas, es decir, una para el bioetanol de caña y otra para el de maíz, para el corte mínimo obligatorio del 12%.

Así, se aseguraría que al bioetanol elaborado en base a caña de azúcar le correspondiera seis puntos porcentuales (6%) de la oferta y al hecho en base a maíz, otros seis puntos (6%). Además señalaron que, para los porcentajes de mezclas superiores al 12%, la “autoridad de aplicación” realizará licitaciones libres entre todos los productores habilitados.

El Gobierno nacional envió un proyecto con modificaciones para la nueva ley de biocombustibles, luego de la reunión con el ministro del Interior. Esas incorporaciones se mantuvieron también en el texto elaborado por el sector privado.

• Entre esos cambios, se estipula que el “Marco Regulatorio de Biocombustibles” tendrá vigencia hasta diciembre de 2030 y establece las funciones de la “autoridad de aplicación”, como “regular, administrar y fiscalizar la producción, comercialización y uso sustentable”; “aplicar sanciones y fiscalizar el funcionamiento de las empresas e instalaciones”; “incrementar los porcentajes de mezcla obligatoria de los biocombustibles con gasoil o naftas”; y “verificar el cumplimiento de las asignaciones de biocombustibles”.

•En el artículo siguiente, la 309 de la ley ómnibus, se sustituye el artículo 4 de la Ley N° 27.640. Este apartado apunta a que “durante 18 años desde la entrada en vigor de esta ley, los biocombustibles que se mezclen obligatoriamente con los fósiles, deberán ser producidos en instalaciones” del país y “utilizando materias primas nacionales”. En este punto, abre la plaza a nuevas empresas que se puedan crear en el país.

• En el apartado 311 también se reformula el artículo 8. Aquí, se proyecta un incremento del porcentaje mínimo para la mezcla obligatoria, hoy en un 12%. En el caso del bioetanol, “la autoridad de aplicación dispondrá un rango de mezclas obligatorias de bioetanol con naftas del 18% (E18) al 27% (E27) desde el tercer año de la entrada en vigor de la reformada norma. A la vez, proyecta un mercado libre para mezclas de bioetanol con naftas en porcentajes superiores al 27%.