En la Legislatura, la oposición pide informes por la venta ilegal de mercadería para comedores

El caso de la venta ilegal de mercadería adquirida por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia para ser enviada a comedores comunitarios generó reacciones en la Legislatura, donde aguardan detalles oficiales sobre los programas de asistencia estatal para personas vulnerables.

La legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores por Tucumán) remitió una nota directamente al titular de esa cartera, Federico Masso, para solicitarle que “a la brevedad” envíe una serie de información vinculada con esta situación.

Entre otros puntos, la radical requirió el listado completo de las ONG que poseen comedores o entreguen productos alimenticios a sectores vulnerables, con todos los detalles (número de personería jurídica, autoridades, domicilio) de cada entidad.

La ex senadora pidió además la nómina de “las entregas efectuadas desde el ministerio a su cargo, a cada organización comunitaria durante 2023, discriminada por fecha, cantidad y descripción de las mismas”. También que se describa qué tipos de alimentos adquiere la Provincia; mediante qué mecanismos (licitación pública o contratación directa); y bajo qué criterios se lleva adelante su distribución. Por último, solicitó las cifras del presupuesto asignado al Ministerio de Desarrollo Social para la compra de mercadería en el ejercicio pasado.

El planteo de Elías de Pérez se suma al pedido de informes elevado por los legisladores de Fuerza Republicana (FR), Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra, a través de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la Legislatura. "Lo sucedido nos interpela sobre la forma en que se están manejando los recursos de esa cartera", indicaron.

Los republicanos señalaron que, a partir de los convenios suscriptos entre la Provincia y la Nación, la Casa Rosada giró “una importante suma en concepto de Fondos No Reintegrables para ejecutar un plan de alimentación en los comedores escolares que asisten a personas en situación de vulnerabilidad".

Por ello, consideraron necesario “que la actual administración del Ministerio de Desarrollo Social brinde una rendición de cuentas” sobre el manejo de los alimentos adquiridos por el Estado. “Si bien dicho plan se ha iniciado en su ejecución durante la gestión anterior, a cargo de Gabriel Yedlin, la finalización del plan como así también la confección de informes de rendición de cuentas finales correspondían al actual ministro", afirmaron.

En su pedido de informes, los legisladores de FR pidieron datos "respecto de cuáles fueron los establecimientos donde funcionaron los comedores subsidiados con los fondos girados por Nación en el marco del Convenio"; también que "brinde detalles de los gastos realizados en concepto de 'asignaciones específicas'; que informe "qué propuestas se ejecutaron para mejorar la calidad alimentaria de las personas en situación de vulnerabilidad asistidas en el marco del Convenio"; un detalle con el "inventario final de alimentos adquiridos para la ejecución del plan de alimentación durante el período de marzo 2023 a diciembre de 2023"; que se informe sobre "la asignación de ese stock de alimentos al que antes hizo referencia", entre otros puntos. "Esperamos que los funcionarios involucrados cumplan con las respuestas en los plazos estipulados", señalaron Bussi y Verón Guerra.