Positivas acciones frente a amenazas de bomba

A través de un acuerdo de probation, dos mujeres realizarán tareas comunitarias durante seis meses, estarán sometidas a una serie de reglas de conducta por un año y pagarán una reparación económica a la División de Explosivos de los Bomberos de la Provincia. Eso se determinó durante una audiencia llevada a cabo la semana pasada, en la que la Fiscalía de Cibercriminalidad las imputó como coautoras del delito de intimidación pública por la falsa amenaza de bomba que sufrió el Colegio Guillermina, tras haberse probado que habían enviado el mail con las amenazas desde las redes de wifi de que son propietarias.

Se trata del tercer caso de probation que se acuerda por intimidación pública. El primero fue el de un acusado por las amenazas de bomba a los colegios Santa Rosa y Las Colinas en diciembre de 2023. De las mujeres, una entregará una remuneración económica de $40.000 en dos pagos y hará tareas comunitarias; la otra prestará servicio comunitario en una fundación ubicada en El Manantial y  ofreció un resarcimiento de $130.000.

Estos casos responden a la ola de llamados falsos que se registró el año pasado en colegios y escuelas de la provincia, principalmente del Gran Tucumán, que tuvo un período de gran intensidad entre junio y septiembre, y que no sólo generó problemas en el tránsito por los obligados cortes de calles sino que dio lugar a situaciones de riesgo por la constante movilización de estudiantes hacia las plazas mientras se revisaban los colegios amenazados. Algunos establecimientos vieron afectado su funcionamiento e incluso la programación escolar por las reiteradas amenazas.

Hasta comienzos del año pasado, las falsas llamadas con amenazas de bomba habían sido consideradas principalmente como infames travesuras de estudiantes. Tras los pedidos de bomberos de reflexión a los autores de los inconvenientes, no había persecución judicial. Hasta que llegó la ola de amenazas. La Justicia reaccionó primero tímidamente individualizando a los dueños de los sitios de wifi o de las líneas telefónicas. Luego llegaron castigos drásticos, como detenciones. La mayoría de los casos, según se supone, estuvo vinculada con estudiantes “bromistas”; al menos quienes han pagado la culpa han sido padres que asumieron la responsabilidad de lo que hicieron sus hijos. Lo cual se pudo determinar gracias a que la Justicia activó mecanismos de reacción frente a un fenómeno dañino en la sociedad. Ahora que estamos a las puertas de un nuevo ciclo lectivo, esto urge a que las familias tengan conciencia de lo que hacen sus hijos, tanto con sus teléfonos y correos como con las redes sociales y alcancen a regularlos. Por otra parte, bueno es que las autoridades hayan tenido capacidad de reacción y estimulen además modos de investigar estas causas vinculadas con la tecnología que siempre ha tenido trabas para los administradores del Estado, tanto en lo que hace a la reacción de la fuerza de seguridad como a la de las oficinas judiciales destinadas al efecto. También es una oportunidad para que las escuelas reflexionen sobre las estrategias de la convivencia escolar.