Falla la prevención de la violencia de género

La tragedia de la docente María Emilia Cardozo, asesinada a balazos por su ex pareja, ha sido como un epítome de la emergencia que padece nuestra sociedad por la violencia machista. La mujer sufría acoso y amenazas, había denunciado el caso en la Justicia, había conseguido una medida de prohibición de acercamiento y sin embargo nada de eso garantizó el freno a las agresiones. Eso reflejan también las cifras de las medidas que lleva a cabo el sistema de seguridad y de Justicia. En 2023, según los datos publicados por la Corte Suprema de Justicia, se dictaron 2.245 prisiones preventivas, de las cuales 982 fueron por casos de violencia de género, lo que representa el 50% del total. Por otra parte, la Policía destina 2.400 agentes por jornada a consignas por violencia de género. “Evidentemente hacen falta otras herramientas porque esto no está funcionando. No se consiguen los resultados”, indicó una vecina de la docente asesinada el sábado pasado.

Según confiaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, por día se firman hasta 27 medidas de protección y en el 50% de los casos se quiebran las restricciones. Las mismas comisarías y la penitenciaría están atiborradas de detenidos por estas causas. “Se ve a la justicia penal como la única responsable y la única salida posible, siendo que, a mi entender, es el remedio a una enfermedad cultural cuyos orígenes y causales no están siendo abordados por política pública alguna”, dijo una abogada penalista. “La política criminal ha fracasado porque se ha puesto el foco en endurecer las penas con el fin de evitar que los numerosos casos de violencia de género sigan aumentando. El prevenir y evitar la violencia de género que venimos viendo en la provincia se encuentra en otro tipo de acciones”, sostuvo otra letrada.

Así las cosas, urge estudiar las razones de este fracaso. “La violencia machista es estructural. La única manera de abordarla es enfrentarla en todas sus escalas, no solamente en la última. La batalla empieza desde la base hasta abarcar todas sus ramificaciones”, sostuvo una abogada. “El problema es que es complicado pensar en erradicarla cuando tenemos un Estado que desconoce las desigualdades y brechas de género y busca desfinanciar las políticas de género. Los tres poderes del Estado son los responsables de buscar soluciones a esta problemática, no solo el Judicial. Hay que salir de la atracción que genera el sistema penal y criminal para exigir más políticas públicas eficaces”, sostuvo.

Se plantea crear espacios interdisciplinarios que nos permitan conocer todos los motivos por los cuales una mujer llega a sufrir estos episodios de violencia de género; crear agenda de políticas públicas;  destinar recursos humanos y económicos para un abordaje desde los distintos ámbitos institucionales y educativos e incorporar programas desde edades tempranas y promover los servicios de apoyo y atención integral a las víctimas de violencia de género. El mismo jefe de Policía ha señalado que se está ante un problema que deben resolver los tres poderes del Estado.