La revisión de adscripciones, como principio de orden

A partir de fines del año pasado, el Gobierno provincial dispuso la dispuso la conclusión de las adscripciones docentes, con lo cual cada uno de quienes revistaban en esa categoría debían volver a sus lugares de origen antes del comienzo de las clases, y los maestros suplentes debieron cesar en sus funciones. Según había explicado la ministra de Educación a LA GACETA poco antes del final de las vacaciones, en todo el proceso se había avanzado con 1.600 casos que volvieron a sus lugares de origen y se estaban analizando más nombramientos (“tenemos como 3.000”, dijo).

Se trata de un proceso complejo, que arrastraba años de arraigo en Educación -sobre todo en los últimos tres años- y también en otras áreas del Estado. En una carta de octubre pasado, un lector daba cuenta de estas situaciones: “es increíble que, en una escuela para adultos (del interior de la provincia), de un plantel de 17 docentes (cabe la aclaración que hay más profesores que alumnos sentados en las aulas), nueve se vayan adscriptos a la Secretaría de Educación, a las diferentes municipalidades, o comunas”, explicaba, razonando que las motivaciones de estas situaciones eran políticas, lo cual pareció contundente como explicación de un fenómeno distorsionado. No obstante, también se puede comprender que hay situaciones que han llevado a que ocurran estos “préstamos” de personal de una repartición a otra debido a necesidades que el sistema no podía resolver según su organización. Ese fue el caso de alumnos con altas capacidades que se quedaron sin apoyo al cesar las adscripciones del Equipo Interdisciplinario Ministerial de Abordaje de las Altas Capacidades (Eimaac). Los padres de esos 160 niños reclamaron y se les respondió desde el Ministerio, con lógica inapelable, que los alumnos serán ahora acompañados por equipos profesionales que forman parte del Gabinete Pedagógico Interdisciplinario (GPI), “organismo que por excelencia realiza el abordaje integral y sistemático de los diferentes niveles, áreas y modalidades del sistema educativo”.

Ciertamente, el cese de las adscripciones, enmarcado en el proceso de reducción de gasto que comenzó el Gobierno el año pasado, forma parte de un necesario análisis de cuál debería ser la planta funcional del Ministerio. “Se nos viene planteando un problema de inequidades en el sistema educativo. ¿Cómo es posible que haya docentes que estén cumpliendo tareas administrativas? Es necesario eliminar esas distorsiones”, describió la ministra de Educación, que habló de una “excesiva cantidad”.., “de docentes que en vez de estar en el aula estaban cumpliendo funciones en la Legislatura, en el municipio, en el Ministerio…”

La tarea iniciada en el Ministerio de Educación debería extenderse al Estado. Eso implica no sólo tender al ahorro sino replantear los requerimientos de las comunidades y las respuestas que les dan las distintas áreas estatales, con el fin de hacer eficiente y útil la administración de la cosa pública. Hacer un ordenamiento administrativo del Estado.