Por Santiago Re
19 Marzo 2024
DEPENDENCIA. La Jefatura de Zona III, donde la víctima estuvo cautiva. La Gaceta / foto de José Nuno
La Justicia Federal procesó a tres efectivos por el secuestro extorsivo de L.G. Según la acusación, el 23 de febrero el oficial principal Ángel Sebastián Gómez, junto al cabo Sergio Daniel Díaz, el agente Franco Javier Jiménez y al menos una persona más que aún no fue identificada, raptaron a la víctima de una casa de Silvano Bores al 300. Por orden del juez federal Juan Manuel Díaz Vélez, los tres acusados quedaron detenidos con prisión preventiva y se les trabó un embargo por $ 2 millones.
Teoría del caso
Según la acusación presentada por el fiscal federal Agustín Chit, ese día Gómez, Díaz, Jiménez y un cuarto hombre fueron a la casa de la víctima alrededor de las 22. Cuando la víctima salió, fue subida a la fuerza en un automóvil Renault Megane que sería de Díaz. Desde ahí lo trasladaron a la Jefatura de la Zona III, de la Unidad Regional Capital de la Policía, ubicada en el pasaje 20 de Junio al 300, en San Cayetano.
Durante el trayecto, el joven fue golpeado por uno de los agresores, que vestía una camiseta de Atlético. Cuando llegaron al edificio policial fue llevado al fondo, donde funcionaba un comedor, allí continuó siendo agredido por sus captores que además lo desnudaron y le sacaron fotografías.
Más tarde una parte del grupo regresó a la casa de Silvano Bores y le exigió a un allegado de la víctima que les proporcionaran el número de teléfono de algún familiar de L.G para “arreglar” la situación. El testigo les dio el número de la madre del joven secuestrado.
Los captores llamaron a la progenitora y le plantearon que tenían elementos para vincular a la víctima del secuestro con el tráfico de estupefacientes, pero que, si pagaba la suma de dinero que le requerían, lo dejarían en libertad y no volvería a tener problemas. La mujer accedió a negociar y fue convocada a la dependencia policial donde tenían cautivo a su hijo. Allí constató que tenían encerrado al joven y habló con los secuestradores, que le exigieron $ 200.000. La mujer les dijo que tenía que ir a buscar el dinero, por lo que le permitieron hacerlo.
El ingreso de L.G a ese destacamento policial no fue registrado en ningún libro, tampoco existía una orden para su detención ni una investigación abierta en su contra en la Fiscalía especializada en Narcomenudeo. Alrededor de las 2 de la madrugada del 24 de febrero, la madre de la víctima regresó a la dependencia policial con el dinero solicitado y se retiró del lugar junto a su hijo luego de pagarle $ 240.000 a los secuestradores.
Agravantes
El fiscal Chit argumentó en su dictamen que, a criterio del ministerio Público Fiscal, el caso encuadraba en la figura de secuestro extorsivo agravado por concretar el cobro de un rescate, por la participación de tres o más personas y por la condición policial de los acusados. Delito por el cual los imputados podrían llegar a ser condenados a una pena de entre 10 y 25 años de prisión efectiva.
Entre las pruebas para sostener la acusación, el fiscal mencionó los testimonios de la madre de la víctima, de un policía que estuvo de guardia en la Jefatura de Zona III y que habría visto cuando llegaron sus colegas con un supuesto detenido. También se incorporaron al expediente los informes telefónicos de los celulares de Díaz, Jiménez y Gómez. También los videos de las cámaras de seguridad de un barrio privado cercano a la casa donde raptaron al joven, que captaron el paso del Renault Megane.
El 27 de febrero Díaz y Gómez fueron llamados a indagatoria y se abstuvieron de declarar por consejo de sus defensores. Al día siguiente Díaz se presentó para contar su versión: negó los hechos y sostuvo que se día fu a tomar un café con Gómez y que cuando volvían en su auto subieron a un conocido al vehículo que les pidió ir hasta Silvano Bores al 300. Dijo que al ver que esa persona estaba comprando flores de marihuana decidieron actuar como policías y detener a un sospechoso.
Tras leer los argumentos, el juez federal Díaz Vélez aceptó el pedido fiscal de procesar a los acusados, dictarles la prisión preventiva y fijarles un embargo de $ 2 millones.
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