¿Por qué se acelera el plan de retiros voluntarios de estatales en Tucumán?

¿Qué es lo que busca la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo con el impulso del retiro voluntario programado? La respuesta a este interrogante tiene varias aristas, aunque la más firme apunta al sobredimensionamiento del sector público. De acuerdo con los del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en el sector público provincial se desempeñan alrededor de 120.000 agentes, casi el triple del plantel que denuncia Catamarca o el doble de lo que poseen, por ejemplo, Jujuy y Santiago del Estero. En el Gobierno señalan que las comparaciones no son exactas, ya que los servicios que el Estado brinda en el distrito son mayores que en el resto de las jurisdicciones debido a la alta concentración poblacional y a la demanda de pacientes de otras latitudes, en el caso del sector salud.

En noviembre pasado, el gobernador anunció la eliminación y fusión de secretarías, subsecretarías y direcciones del Poder Ejecutivo. Con esa definición, cientos de empleados públicos quedaron varados a la espera de nuevos horizontes en un proceso de reordenamiento interno. En la Casa de Gobierno admiten que, muchos de ellos, tienen una orientación laboral administrativa y que se trata de trabajadores que ya están en edad para jubilarse. Se calcula que el piso de agentes que estarían en estas condiciones sería de unos 5.000 casos. Sin embargo, esa cifra puede llegar a duplicarse si se toma en cuenta que, de acuerdo con los relevamientos que se están efectuando, todavía hay agentes que no encuentran un puesto estable, más allá de que revisten en planta permanente. 

El ajuste de Jaldo en la dotación de empleados se evidenció en el Presupuesto vigente. En el cálculo de gastos e ingresos de la provincia para este 2024, se estableció en 99.934 cargos permanentes, una disminución de 1.383 cargos respecto de lo que había pautado el ex gobernador Juan Manzur. Los técnicos en gestión pública y contable suelen decir que eso es lo que se ve “por encima de la línea”. Las designaciones políticas son la otra cara del sobredimensionamiento de personal en el Estado. Un caso emblemático ha sido la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel), creada con fines de ayuda en tiempos de pandemia de la covid-19, pero que se transformó en una estructura que llegó a contar con 7.500 beneficiarios, muchos de ellos, con ingresos similares a los de un agente estatal.

La sobredimensión estatal, además, se evidencia en la cantidad de recursos que requiere el Gobierno para abonar los sueldos: unos $60.000 millones mensuales. El peso del gasto en Personal dentro del Presupuesto es creciente y resta margen de maniobra a la actual gestión. En la actualidad, los salarios estatales representan alrededor del 58% del total de erogaciones.

Con el retiro programado, el Gobierno intenta darle una vuelta de tuerca a las medidas de contención del gasto público. Abrirá la posibilidad para que el empleado público, de cualquiera de los tres poderes, se sume a este régimen voluntario y que, durante cuatro años, observe si le conviene acogerse cobrando hasta el 70% de su remuneración mensual, conservando los beneficios de la obra social. En reiteradas oportunidades, Jaldo ha garantizado la estabilidad laboral de los empleados públicos provinciales. De allí que este sistema de retiros tiene el carácter de voluntario.

“En ningún caso la vacante producida podrá ser cubierta en forma permanente o temporaria con la designación y/o promoción de otro agente, bajo ningún régimen de contratación o prestación de servicios”, dice el artículo 5 del proyecto de ley que el gobernador envió a la Legislatura para su tratamiento.

Entre 2002 y 2022 (último dato disponible), el empleo público dependiente de las 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se incrementó en un 69%, aumentando de 1,34 millones a 2,27 millones, dice un reciente informe de la Fundación Libertad y Progreso. En ese período, Tucumán ha duplicado la cantidad de empleados públicos. Con el ajuste de partidas nacionales, se hace cada vez más difícil gestionar el Estado. Allí está la clave de medidas como el retiro voluntario programado.