Tic-tac: presiones contrarreloj en el PJ y LLA

El tratamiento del proyecto de la Ley Bases y el paquete fiscal tiene fecha y hora. Los senadores están citados al recinto el miércoles, a las 10. Esta semana, en el hemiciclo se terminarán entonces las especulaciones y se verá -o no- el fruto de las vidriosas negociaciones entre el Gobierno de Javier Milei y el resto de las fuerzas políticas con participación en el Congreso. La posible aprobación de las iniciativas representa un punto temporal clave para la política nacional: oficialistas, aliados y opositores vienen atando decisiones y gestiones al resultado de estas votaciones. La Rosada necesita alcanzar las 37 voluntades (de las 72 totales) para la consagración en general del paquete, que es el horizonte más cercano. Si bien tienen media sanción de la Cámara Baja, si son aprobadas con cambios podrían volver nuevamente a ser discutida por los diputados.  

En el medio, la oposición pudo sumar un ruido en la línea de las conversaciones con la recomposición de haberes jubilatorios avalada en Diputados y el posterior anuncio de Milei de que lo vetaría.

En este contexto, nadie pisa con firmeza. Fuentes vinculadas al Gobierno y a sectores disidentes afirman tener los números para llevar adelante sus cometidos diferentes. Nadie se anima a decir con certeza qué sucederá.  

El método y el resultado

El presidente de uno de los bloques del PJ, José Mayans, reiteró en las últimas horas que todos los miembros del espacio votarán en contra. Los senadores, sin embargo, vienen siendo objeto de presiones para avalar o rechazar las iniciativas. Sobre todo, aquellos que no han expresado pública ni explícitamente sus posturas. Uno de los casos paradigmáticos es el de los dos peronistas tucumanos: Juan Manzur y Sandra Mendoza (integran el bloque de Mayans).

Las solicitadas y los pedidos hacia ambos (los públicos y los privados) se han multiplicado. El propio gobernador justicialista Osvaldo Jaldo, cercano ahora a la gestión libertaria, encabeza la cruzada y pidió incontables veces a ambos que voten “a favor de los tucumanos”.

Cerca de Manzur dan por descontado que él rechazará todo y dicen que confía en que la norma no tendrá un buen paso por la Cámara Alta. El ex Jefe de Gabinete nacional viene expresando ante distintos dirigentes su preocupación por la situación del país y consideraría que las disposiciones que se votarán podrían perjudicar a la ciudadanía. El médico es, además figura de peso del bloque de Unión por la Patria (UxP) y está sentado en la mesa chica del PJ nacional. Manzur aspira a conducir el justicialismo hasta las elecciones internas de noviembre.Se espera que el proceso para elegir una mesa de acción política, que podría encabezar el tucumano, se aceleraría tras la resolución de Ley Bases.

En el entorno tucumano del ex mandatario sostienen que le molesta la presión que ejercen sobre él, sobre todo Jaldo, pero sabe que es parte de las reglas de juego del poder. No le divierte, sin embargo, que se instale el discurso de que está en contra de los intereses de Tucumán si se expresa en contra en el recinto. De hecho, en este punto también hizo hincapié esta semana el diputado Pablo Yedlin, quien tomó públicamente la posta del justicialismo tucumano crítico hacia las políticas de LLA. En esta discusión retórica relativizó que, desde su punto de vista, quienes perjudican a los tucumanos son los que votan en consonancia con los libertarios.  

Volviendo a Manzur, aunque comprende el pragmatismo, es crítico sobre la postura del gobernador y consideraría que no tendría retorno. Sucede que, a diferencia de cómo planteó en su momento un vínculo amable con Mauricio Macri, creería que Jaldo fue más allá.

Jaldo no habla con su antecesor desde abril, pero sí mantiene diálogo asiduo con Mendoza. La famaillense es una de las cabezas, junto a los “Mellizos” Orellana, de uno de los espacios políticos -y autónomos- más relevantes del Oeste de la provincia. Al igual que Manzur, Mendoza tampoco se ha movido ni un centímetro del bloque de UxP. Ni piensa hacerlo.

Las dudas sobre su posición general en relación a LLA genera algunas risas en su entorno. La senadora viene cuestionando puertas adentro gran parte de los asuntos incluidos en el proyecto y podría rechazarlos desde su banca. Habría aspectos que le preocuparían especialmente, como la reforma laboral o las facultades delegadas a un Presidente en cuya estabilidad no confían. Cerca de su despacho sostienen que priorizará a los más vulnerables y que rechazará lo que considere perjudicial para los tucumanos. No descartan que haga alguna concesión a los pedidos de Jaldo, pero serían muy específicas y serían sólo sobre el llamado Paquete Fiscal.

En el bloque que integra vieron como muy auspicioso lo que pasó en Diputados con la movilidad jubilatoria y se afilan para lo que viene. Consideran que la presión no es el método más adecuado cuando el contexto con miradas tan disímiles entre sí sobre los proyectos.  

Con respecto a la tercera banca tucumana, si bien no forma parte del oficialismo y ha deslizado críticas, la parlamentaria alfarista Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) ya manifestó que acompañará las iniciativas del mileísmo.

Infructuoso

Las diferencias entre Jaldo y Manzur son una expresión más de la interna que sostienen y de lo que sucede en el peronismo comarcano. Las solicitadas de intendentes y comisionados comunales, impulsadas por la Casa de Gobierno, cayeron mal en los dos despachos tucumanos del Senado y en los sectores no jaldistas del PJ. De hecho, hubo un episodio que da muestra de ello y tuvo como escenario la Legislatura. Durante la última sesión, hubo un intento de expresarse y algunos cruces. De acuerdo con distintas fuentes, en el grupo de Whatsapp del bloque mayoritario, Carlos Gómez habría propuesto que los parlamentarios también hicieran un pronunciamiento público destinado a Manzur y Mendoza. La idea fracasó por falta de quórum. Sólo unos seis o siete consideraron que era una buena idea.  

Los chisporroteos subterráneos vienen a la orden del día en la Cámara en el bloque justicialista.

También en LLA

Esta semana hubo movimientos sustanciales entre los aliados de la Rosada en Tucumán. El primero fue el del legislador José Macome, que cambió el nombre de su bloque de PRO a LLA. El parlamentario, que había llegado a la banca por una coalición entre su partido propio Compromiso Tucumán y el PRO, se adelantó y sorprendió. Macome tiene relación directa con varios funcionarios nacionales mileístas y venía trabajando con Matías Sabaté, quien está abocado a la conformación jurídica del partido LLA en Tucumán. Macome habría acercado, inclusive, nombres de candidatos para distintos puestos de la estructura de la Nación en la provincia.  Su dirigente

Gonzalo Peñalba, de hecho, fue nombrado en el Enhosa.

La actitud del parlamentario extrañó inclusive en Fuerza Republicana, los primeros y máximos aliados libertarios en la jurisdicción. Macome y el líder de ese partido, Ricardo Bussi, se reunieron tras el anuncio y habrían quedado en buenos términos. Bussi tiene línea con despachos del Ejecutivo Nacional desde el primer minuto.        

Había habido alguna tensión previa. Macome también había llevado a la Nación el CV del ahora ex titular del PAMI, Mariano Usandivaras, que había asumido en febrero. Este fue reemplazado recientemente por un hombre de Bussi, Martín Fernández González. Sobre la modificación hay varias versiones y la más mencionada daría cuenta de que Usandivaras no habría respondido a Bussi. El bussismo se ha quedado con los puestos nacionales más importantes, porque además del Pami,  el dirigente Mario Aramayo está a la cabeza de la Anses provincial. El historiador José María Posse, cercano a Bussi, además está en la dirección del Museo de la Casa Histórica.

La acción de Macome molestó a parte del PRO, pero el partido está en reorganización y atravesando una encrucijada nacional, entre las posturas de Patricia Bullrich de fusionarse con LLA y de Mauricio Macri de acompañar sin cogobernar.

El segundo remezón tuvo como protagonista a Bussi, pero en combinación con el diputado radical Mariano Campero, otra pieza afín de los libertarios en la provincia. Referentes republicanos y camperistas concretaron un mitin. Trascendió que podría ser un primer paso hacia un acuerdo más amplio y que podría eventualmente tener fines electorales hacia el año que viene. Habrían hablado de la política nacional y también de las perspectivas. De la partida fueron los legisladores Eduardo Verón Guerra y Manuel Courel; los concejales Alfredo Terán y Ramiro Ortega y el diputado Gerardo Huesen. La idea común de Bussi y Campero es que la oposición provincial tiene que conformar una coalición amplia con la mayor cantidad de espacios. Analizaron también el rol de Jaldo, que ha neutralizado en alguna proporción la necesidad de interlocutores locales con la Rosada. No es la primera vez que estas ramas de la disidencia local al PJ pretenden asociarse. Hay antecedentes, pero siempre la intención naufragaba por la resistencia de algunos sectores del entonces Juntos por el Cambio a la figura de Bussi.

La foto de la charla pasó rápidamente de celular en celular. Parte del radicalismo se la venía venir. Otra parte, se indignó. Hay líneas internas de ese partido, que es central en la oposición local, que saben de la intención de Campero de comenzar su armado con la mirada puesta en la gobernación y creen que por eso impulsa también a su alfil Sebastián Salazar para la presidencia de la UCR.

El radicalismo, sin embargo, también pasa por dificultades nacionales para definir su postura en relación a Milei. Esta situación condiciona los posicionamientos en general.

Los nuevos tiempos ya están en marcha y la dirigencia comienza a escuchar el tic-tac cada vez con mayor volumen. De un lado y del otro, las presiones y reacomodamientos que recién comienzan irán incrementándose a medida de que se acerque el 2025.