Debido a la crisis, la gente dejó de trasladarse en “auto rural” en Tucumán

El chofer Manuel Gómez espera desde hace más de una hora, en la esquina de España y Paseo del Bicentenario, de Concepción, que algún pasajero llegue a su parada para trasladarlo hasta el barrio Municipal. Es el itinerario diario que realiza desde hace unos cuatro años como transportista rural. Está angustiado porque lo que iba recaudando hasta el mediodía del sábado, no le alcanzaba ni mínimamente para cubrir los gastos diarios de sostenimiento de su hogar. Antes, al menos hacía hasta seis viajes por jornada; ahora, apenas llega a tres.

“Cuando trabajaba bien, arribaba y enseguida ya salía de nuevo repleto de pasajeros. Ahora estoy desde hace rato esperando que llegue alguno. La situación está muy difícil. La gente viaja menos. Mucha lo hace por cuestiones de suma necesidad. Otras hasta optan por caminar kilómetros para ahorrarse unos pesos”, graficó Gómez. Este transportista trazó una realidad que se constituye en el denominador común de todos los denominados “piratas” del interior tucumano.

“Cuesta más transportar a menos personas. En lo que va de un mes el costo del m³ de gas subió de $ 500 a $ 595, mientras que un pasaje cuesta $ 500. No se lo puede aumentar porque en el colectivo urbano hay promociones con las que no se puede competir. Ni hablar del precio de los repuestos. En esta actividad al que se le rompe su auto, se queda sin trabajo algunos definitivamente otros por meses, hasta lograrlo reparar”, agregó.

La crisis que castiga al transporte rural obligó a cientos de trabajadores del sector a abandonar esa labor. No pocos realizaban recorrido por caminos de tierra o complicados.

Realidades distintas

En 2022 los dramas económicos del sector se planteaba por el desborde de choferes -alrededor de 2.000-, que cubrían el déficit crónico que arrastran los servicios de colectivos locales e interurbanos. Esa cifra superaba holgadamente la cantidad de vehículos que, por ley y en función a la cantidad de habitantes, disponían de un límite de habilitación. La ley N° 7.475, regula la actividad, establece un permiso por cada 500 habitantes. Entre Concepción y La Cocha los rurales movilizaban por día, un estimado de 65.000 personas. Este año, según referentes del sector, la cantidad de transportistas rurales cayó de 2.000 a 1.600, entre Concepción y La Cocha. En ese tramo se estima que el movimiento de pasajeros bajó a menos de 50.000 por día.

“A pesar de que cobramos menos que el colectivo, la cantidad de gente que viajaba con nosotros disminuyó bastante. Desde Concepción hasta Alberdi nuestra tarifa es de $ 2.000, mientras que en el ómnibus sale $ 2.200”, contó Fernando Juárez, con parada en 24 de Setiembre y Heredia. En estos días de vacaciones el movimiento de viajeros alcanza el nivel más bajo del año. Este hecho aumenta la asfixia económica de los “piratas”.

“Uno trabaja para el día. Y hay que rogar que el coche no sufra ningún desperfecto. Si eso sucede y no tienes tarjeta de crédito, no lo vas a poder arreglar nunca. El precio de los repuestos se fue por las nubes. Tengo compañeros que tardaron meses en reparar su unidad. Y fue gracias a que algún pariente le prestó dinero”, apuntó el hombre.

Andrés Jiménez recuerda que años atrás disponía de una reserva para atender alguna emergencia de su unidad. Ahora le resulta imposible. “El combustible aumenta todos los meses y nosotros no podemos aumentar la tarifa porque para trabajar tenemos que cobrar menos que el colectivo. La situación se nos complica mes a mes”, remarcó.

De “piratas” a “rurales”

La figura del “auto rural” o Servicio de Transporte Interdepartamental de Pasajeros, se legalizó mediante la Ley N° 7.475, sancionada en 2004 por la Legislatura y promulgada en 2005 por el entonces gobernador José Alperovich. Hasta entonces se trataba de un servicio clandestino o ilegal. De ahí que se los denominaba “piratas”. El artículo 5° establece que la autoridad de aplicación de esta normativa es la Dirección de Transporte de la provincia y esta debe disponer de un registro único en el que se pueden inscribir todas las personas formalmente constituidas e inscriptas, con domicilio en la provincia. Y fija la concesión de un permiso por cada 500 habitantes. También obliga a que los prestadores a estar nucleados en cooperativas matriculadas y con Certificado de Normal Funcionamiento.

Los rodados deben estar identificados y además tienen que tener una antigüedad máxima de 10 años. Así, muy pocos cumplen con estas normas. La crisis del sector no solo impide renovar unidades, sino también hasta reparar y circular en condiciones óptimas. “Se trabaja apenas para sobrevivir”, insistió Gómez.