Por Federico Türpe
10 Agosto 2024
La clase política tucumana surfea las olas de una posible reforma constitucional. Aún nadie se sumergió en el agua. Ni siquiera metieron la cabeza. Hasta ahora son sólo palabras y buenas intenciones, suponiendo que sean buenas.
La actual Constitución provincial, reformada maquiavélicamente en 2006 para procurar la reelección de José Alperovich, es un mamarracho más judicializado que la Anses, oficina que afronta 270.000 causas, y violada sistemáticamente en numerosos artículos.
Fue el caballito de batalla de la maquinaria de impedir mejoras institucionales que esgrimió Juan Manzur reiteradas veces, entre ellas justificar sus negativas a reformar un viciado, clientelar, costoso y fraudulento sistema electoral. “Hay que reformar la Constitución”, repetía Manzur cada vez que se lo consultaba.
Un argumento falaz, ya que no es necesario elaborar un nuevo digesto para transparentar la democracia. Alcanza con cumplir el texto vigente, más manoseado que masa filo, que establece la obligatoriedad del voto electrónico y posibilita la limitación de los acoples, entre otras herramientas útiles para impulsar cambios y limpiar la mugre electoral.
El discurso político y la realidad palmaria transitan en paralelo pero sin tocarse, como las vías del tren. Hoy sabemos que este divorcio entre la clase dirigente y las necesidades de la gente catapultó a la presidencia a un outsider como Javier Milei. Un batacazo que sorprendió a todos, incluso a los propios libertarios. El hartazgo y la repugnancia pudieron más que cualquier riesgo.
“Poné a alguien que escuche a la oposición y después nosotros hacemos lo que queremos”, fue una de las frases célebres del filósofo Manzur en 2020, reconociendo una práctica harto conocida, pero que gracias a una falla de sonido los dedos del ex gobernador quedaron pintados.
¿Quién garantiza que una nueva Constitución, por más eximia que fuese, vaya a cumplirse a rajatabla? ¿Qué impide acatar los preceptos vigentes antes de elaborar nuevos, que a juzgar por el comportamiento que viene mostrando la política local volverán a ser violados en banda y en forma reincidente?
¿Acaso los garantes de respetar la norma reformada serán los mismos personajes que convirtieron a Tucumán en una de las provincias más oscuras, atrasadas y descompuestas de la Argentina? ¿Los mismos que están atornillados desde hace décadas en el poder? El sentido común nos advierte que las probabilidades son escasas.
El botón de muestra
Un simple ejemplo de que el amañado relato político sigue inmutable ante el silencioso alarido social, en sintonía con la máxima manzurista de anunciá cualquier cosa y después hacemos lo que se nos antoje, es la falta de una Ley de Acceso a la Información Pública. Un instrumento que no requiere de una reforma de la Carta Magna, pese a que sería lo óptimo, como ocurre en otras provincias donde está incluido en sus constituciones. Sólo tres distritos argentinos de un total de 24 no garantizan este derecho: Tucumán, San Juan y la “dictadura” de Formosa, cooptada por Gildo Insfrán desde 1995.
La transparencia de los fondos públicos es una de las demandas más fuertes de una sociedad asqueada de ver dirigentes cada vez más ricos, en una provincia que supera el 60% de pobreza.
Ya pasaron 14 meses desde que los candidatos a gobernador firmaron un acta de compromiso de diez puntos básicos, con el aval de la Iglesia, entre los que figuran garantizar el acceso a la información pública, y transcurrieron diez meses desde que Osvaldo Jaldo asumió la gobernación.
Una ley que no requiere mayor trabajo ni debate, ya que hay al menos tres proyectos similares en la Legislatura, cajoneados desde 2016 en adelante, cuando el presidente de la Cámara era el propio Jaldo.
Ni siquiera esto es necesario, porque sólo bastaría con adherir a la Ley nacional 27.275 de “Derecho al Acceso a la Información Pública”, como hicieron varias provincias, como Salta, Chaco, Río Negro, Entre Ríos, Buenos Aires o Corrientes, entre otras.
Monarquías encubiertas
Un ejemplo evidente de las tantas violaciones sistemáticas a la Constitución provincial es el nepotismo y el incumplimiento del límite de dos mandatos para un cargo electivo. En base a tecnicismos -trampas solapadas- existen decenas de comunas, municipios y bancas legislativas que están en poder de una misma familia desde hace décadas. Un caso emblemático es el de la intendencia de Famaillá, que entre hermanos y una esposa controlan ese municipio desde hace 30 años. Ocurre en demasiados distritos y cargos, con pocas excepciones, donde la rotación entre cónyuges, hijos o hermanos ya se hizo una costumbre insana para el sistema republicano. Es legal, pero no es legítimo.
Estas autocracias son aún más alevosas en las comunas y en los concejos deliberantes del interior, donde los clanes familiares han aniquilado la alternancia necesaria y obligatoria y con ello anularon los controles de gestión y la división de poderes.
Para evitar estas monarquías encubiertas, una manifiesta burla al sistema republicano, en algunas provincias se han prohibido las reelecciones de candidatos con hasta un segundo grado de parentesco. Esto incluye a abuelos, hacia arriba, nietos, hacia abajo, y hermanos y esposos hacia el costado.
Existen casos, como el de Mendoza, donde esta limitación va más allá de la ley electoral y se incluyó en la Constitución, ahora que en Tucumán se puso sobre la mesa una incierta reforma de la Carta Magna.
El acceso a la información del Estado en todas sus capas no sólo le permite a la sociedad civil, a la oposición y a la prensa saber cómo y en qué se gastan los dineros públicos, cuáles son los verdaderos presupuestos de las distintas áreas y reparticiones, sino también conocer el estado patrimonial de los funcionarios de los tres poderes, antes y después de asumir en sus cargos, electos o no, y también limita fuertemente la discrecionalidad en el reparto de fondos, ya que transparenta su distribución.
A propósito de que otros de los temas que hoy se encuentran en el centro del debate es el envío de partidas a los municipios y donde Banda del Río Salí recibe más dinero que Tafí Viejo o Yerba Buena, pese a tener menos habitantes.
Esto se explica por la cantidad de empleados que tiene cada municipio y que representa alrededor del 90% del gasto. Un ítem muy importante que también debería incluirse en una futura reforma: el clientelismo, los nombramientos a dedo y sin concurso de parientes, amigos y punteros, y las cajas sin fondo en que se han transformado esas “bolsas de trabajo” que son los municipios y las comunas.
El descontrol salta a la vista cuando vemos que el municipio bandeño posee casi la mitad de empleados que la capital, cuando su población es 8,5 veces menor. Con 77.000 habitantes, La Banda registra 1.800 agentes (en blanco y reconocidos, pero podrían ser más), lo que representa un empleado cada 40 habitantes. En la capital, después de la reducción de la planilla que impulsó Rossana Chahla, con la baja de los 2.500 nombramientos que realizó Germán Alfaro durante la campaña electoral, hay 4.300 trabajadores, lo que para una población de 650.000 personas significa un empleado cada 150 habitantes, casi cuatro veces menos que el municipio de los Monteros, Darío y Gonzalo.
Como en el ferrocarril, las ruedas de los anuncios viajan velozmente por un riel, mientras la cruda realidad está frenada en el otro.
Como supo hacer Manzur, se vuelve a instalar la idea de que para recuperar las ultrajadas instituciones tucumanas es necesaria una reforma constitucional, porque se sabe que es el camino más largo, lento y trabajoso. Esto no es cierto, ya que sólo con cumplir con la Ley Electoral, que prohíbe (y castiga) el clientelismo, o transparentar los fondos de campaña, los nombramientos en el Estado, limitar los acoples y el nepotismo, o aprobar una ley de acceso a la información pública, entre otras herramientas rápidas y sencillas, ya se produciría un salto fenomenal en la calidad cívica y republicana de la provincia. Mientras, la Constitución, la más violada de todas, puede seguir su lento y mañoso viaje por su riel paralelo.
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