¿Se puede militarizar la seguridad?

El huracán que generó la denuncia de violencia de género que realizó Fabiola Yáñez en contra del ex presidente Alberto Fernández disipó un tema que prometía generar una tormenta política. El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, envió al Congreso un proyecto para modificar un punto de la Ley de Seguridad Interior. Un artículo que habilitará a las Fuerzas Armadas a sumarse a la lucha contra la inseguridad en el país. Una idea que el actual titular del Poder Ejecutivo Nacional, Javier Milei, puso en discusión en tiempos electorales.

Promulgada en 1992 durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, la Ley N° 24.059 establecía las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad interior. Entre otras cosas, preveía la creación de un Consejo de Seguridad Interior con representantes de todas las provincias para analizar los índices criminales y novedades delictivas. Pero el paso más importante fue que le daba luz verde a las FFAA para intervenir en algunas situaciones.

El artículo 27 de la norma establecía: “El Ministerio de Defensa dispondrá -en caso de requerimiento del Comité de Crisis- que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior”.

Después de haber estado más de 30 años en vigencia, el PEN presentó un proyecto para modificar esa ley. La iniciativa, que lleva la firma del presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y los ministros de Defensa Petri y de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene numerosas aristas, pero el punto más importante es que, en caso de aprobarse la norma, las FFAA dejarán de tener un papel secundario en la lucha contra el delito. Estos son los puntos más importantes de la idea reformista:

1- Los miembros de las FFAA podrán salir a la calle cuando sean convocados en la lucha contra el terrorismo sin que sea necesario que se declare el estado de sitio. Entienden como “terrorismo” a cualquier conducta que genere terror entre los miembros de la sociedad.

2- Sólo intervendrán cuando se cree un Comité de Crisis solicitado por uno o varios gobernadores para que sean convocados. En otras palabras, el peso político de tomar una medida tan drástica dejará de ser responsabilidad de los funcionarios nacionales.

3- Su participación no será colaborativa, sino que tendrá protagonismo. Podrán participar de patrullajes, realizar controles y aprehensiones en caso de flagrancia, es decir, si sorprenden a una persona cometiendo cualquier tipo de ilícito.

4- Al igual que los miembros de cualquier fuerza de seguridad, tendrán la posibilidad de utilizar sus armas en situaciones determinadas y sin cometer ningún tipo de exceso.

5- El Comité de Crisis, que también estará integrado por las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, deberá establecer las zonas y el tiempo en el que podrán actuar.

5- Las tareas de inteligencia criminal pasarán del ministerio de Seguridad al de Defensa, por lo que es un hecho que los “espías” de las FFAA también se encargará de esta tarea.

Un operativo bandera

Rosario fue el laboratorio de esta iniciativa. El “Operativo bandera” se lanzó en diciembre, pero no fue suficiente. En marzo, cuando el conglomerado urbano más violento del país se había paralizado por las amenazas y los homicidios promovidos por grupos narcos de esa ciudad, se fortaleció. El gobernador de Santa Fe, Germán Pullaro, pidió la intervención de la Nación. Bullrich trasladó toda la estructura estatal, incluida las FFAA para tratar de pacificar una ciudad que se había paralizado por las amenazas y los homicidios de trabajadores comunes. La funcionaria, para justificar la movilización y recursos de las fuerzas de seguridad del Ejército, consideró que eso era terrorismo.

La semana pasada, cuando se presentó el informe anual del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), Bullrich rompió el molde. Pese a que en ese trabajo se reflejan los datos de 2023, la funcionaria detalló que en el primer semestre de 2024, el número de homicidios había bajado un 10% a nivel nacional. Ponderó los resultados que se habían conseguido en Tucumán y en Santa Fe. Hizo particular hincapié en Rosario. Contó que en “La Chicago Argentina” el descenso de crímenes había llegado a un 60%, pero en las zonas que están bajo el control del “Operativo bandera” la disminución superó el 70%.

Indudablemente, son números para destacar. Los especialistas sostienen que la baja en el número de muertes está directamente relacionada con la saturación de efectivos en las calles más complicadas de esa ciudad. Pero reconocen que la guerra contra los grupos narcos está lejos de terminar. Por ejemplo, sostienen que las amenazas no terminaron y hasta el mismísimo Ángel di María, el “Angelito” de todos los argentinos, no pudo regresar a su casa para lucir la camiseta del club en el que surgió por los ataques intimidatorios que recibió. El sábado se disputó el clásico entre Rosario Central y Newell’s y, pese a que se movilizó toda la estructura de seguridad para evitar incidentes, horas después de haber finalizado el encuentro, Andrés “Pillín” Bracamonte, líder de la barra brava “canalla”, fue herido de un balazo en la espalda. Hasta el momento no trascendieron los móviles del violento ataque en el que también resultó herida su pareja.

Cuestión de fondo

Por ahora sólo se sabe que el oficialismo presentó el proyecto a diputados oficialistas para que lo analicen e intenten convencer a sus pares para que lo apoyen. No se sabe aún cuál será la postura de los gobernadores, aliados o enfrentados a Milei. Pero ya hay algunos posicionamientos ideológicos.

“Hay consenso en importantes sectores de las fuerzas armadas de que estas intervenciones pueden llegar a ser perjudiciales. Sus integrantes pueden cometer errores como consecuencia de que no fueron formados para estos fines”, aseguró el ex militar y especialista en seguridad Federico Pelli. “Más allá de la falta de equipamiento que tienen y con salarios muy degradados, tampoco reciben estímulos para embarcarse en este tipo de iniciativas”, agregó.

El 1 y 2 de septiembre se realizará en Salta una nueva reunión del Consejo de Seguridad Interior. En principio, la agenda estaría ocupada por los planes que tiene la Nación para hacer frente al narcotráfico y analizar los resultados que arrojó el informe del SNIC. También sería la oportunidad que tendrá Bullrich para explicarles a funcionarios de seguridad y jefes policiales de las provincias los detalles de la ley que habilitaría a las FFAA a combatir la inseguridad. “La cuestión de fondo es repensar y establecer cuál debe ser su rol, para poder prepararlas en consecuencia. En cuestiones de defensa y de seguridad no se debe improvisar”, finalizó Pelli.