Trasladar la basura de Pacará Pintado a Overo Pozo implicaría más de 1.100 viajes

Cerca de $ 800 millones de costo y más de 1.100 viajes de camiones demandaría el traslado de las 17.943 toneladas de basura que están desde hace más de 10 años en la playa de transferencia de Pacará Pintado al predio de Overo Pozo. Así lo estimó la presidenta del Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), María Eugenia Andradre.

La contadora, propuesta para el cargo por la Intendencia de San Miguel de Tucumán, advirtió además que esa orden judicial puede traer aparejado un daño ambiental, debido a que se deberían remover residuos que ya llevan años de descomposición en un sitio. “Como dijo Asesoría Letrada en el recurso de casación, de ninguna manera podrían trasladarse a Overo Pozo más residuos que los que habían ingresado de propiedad del Consorcio, y por ende tampoco podrían quedar remanentes o excedentes en la Playa de Transferencia de RSU de Pacará Pintado”, aclaró.

E insistió: “No dejo de sorprenderme con cada nueva situación que se presenta en el Consorcio: la notificación de la sentencia fue realizada al mismo momento en que estábamos solucionando lo necesario para inaugurar la nueva celda en la planta de disposición final de Overo Pozo, situación que se encontraba pendiente de resolución en el Consorcio desde 2022”.

Tal como dio a conocer ayer LA GACETA, los camaristas Ebe López Piossek y Sergio Gandur accedieron a un planteo judicial de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, para que el Consorcio cumpliera con una vieja resolución (N° 02/14). De esta manera, según el fallo, el ente debería iniciar las diligencias administrativas y presupuestarias correspondientes para hacer efectiva la limpieza de la playa de transferencia de la planta de Pacará Pintado a través del transporte de los residuos. Este proceso debería darse, una vez que sea autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, en un plazo de 90 días corridos y el operativo en sí no debería extenderse por más de 14 días. No obstante, a principios de mes, el Girsu interpuso un recurso de casación contra ese fallo, argumentando principalmente que mover esa basura generaría un daño ambiental innecesario.

“Actualmente estamos en un proceso de reordenamiento administrativo y operativo profundo, resolviendo situaciones pendientes al momento de hacerme cargo de la presidencia del Consorcio, por lo que la notificación de la sentencia genera mucha preocupación, ya que -siempre siendo prudentes puesto que aún se encuentra pendiente de ser considerado el recurso de casación- de no prosperar nuestro planteo, el impacto que puede llegar a representar para el Consorcio sería grave”, alertó la directiva del Consorcio.

Como se recordará en Pacará Pintado se realizó la disposición final de la basura del Gran San Miguel de Tucumán hasta 2010, cuando a partir de un amparo judicial iniciado por organizaciones ambientalistas se dispuso el cierre del predio ubicado sobre el margen este de la autopista de Circunvalación. Desde entonces, los residuos de la Capital, Tafí Viejo, Las Talitas, Yerba Buena, Alderetes y Banda del Río Salí, además de organismos públicos, de empresas y de comunas, se concreta en Overo Pozo. Se trata de un sitio habilitado por la Provincia a unos 50 kilómetros al este.

Muchísimas complicaciones

Según la presidenta del Consejo de Administración del Consorcio, el traslado que ordenaron los camaristas civiles podría tener muchísimas complicaciones. Y enumeró: “Un costo estimado de cerca de $ 800 millones entre utilización de maquinaria (adoptando valores contractuales vigentes, pero sin profundizar en otros costos adicionales tales como alquiler de pala o de personal que controle la carga, por ejemplo), transporte y la disposición final. Ese dinero no está presupuestado por el Consorcio y dada la situación económica imperante veo de difícil, por no decir imposible, cumplimiento”, afirmó.

Explicó, además, que las 17.943 toneladas depositadas en la playa de transferencia de Pacará Pintado, y a la que refiere el expediente judicial, equivalen a medio mes de lo que se recibe normalmente en la planta de disposición final de Overo Pozo.

“Esas toneladas representan unos 1.196 viajes (asumiendo 15 toneladas por viaje), y como para tomar dimensión de lo que representa, mensualmente ingresan unos 2.000 viajes a la planta de disposición final. Es decir que estos viajes no previstos implicarán unos 3.200 viajes que modifican toda la capacidad operativa de la planta”, especificó.

Respecto del eventual impacto en el predio de Overo Pozo, precisó que la disposición final de las 17.943 toneladas implicarían usar un 1/8 del volumen de la celda recientemente inaugurada en Overo Pozo, “colapsando las celdas de disposición final con RSU viejos y que deben quedarse en las celdas clausuradas de Pacará Pintado”. “Las actuales autoridades ambientales estimaron que no era conveniente dicho traslado porque los RSU estaban inertizados en el lugar”, ahondó.

Y finalmente cerró: “No sabemos en qué condiciones está esa carga; estimamos que está compactada por el paso del tiempo y eso implica otro tipo de operación”.