08 Octubre 2024
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Con casi todo el arco opositor en contra, el oficialismo provincial se encamina a ratificar en la próxima sesión el DNU 5/3 que firmó el gobernador, Osvaldo Jaldo, para la adquisición de 100 ómnibus en el marco de la Emergencia del Servicio de Transporte (9.773). A las críticas que brotaron rápidamente se sumó un nuevo proyecto que rechaza el instrumento enviado por el Poder Ejecutivo (PE) y propone la creación de un programa para eficientizar el servicio.
La iniciativa tiene como autor al radical José “Pepe” Seleme, con el acompañamiento de su presidenta de su bloque, Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán). En el primer artículo se rechaza el DNU, y se propone crear un programa para adquirir unidades cero kilómetros que funcionen a GNC, para modernizar gradualmente la flota del servicio. A diferencia del DNU, se especifica que la compra de los rodados se realizará mediante licitación pública nacional. Por último, se propone una reducción gradual de los subsidios vigentes.
“Esta propuesta permitirá reducir en un 50% el costo de combustible del sistema, y hasta un 40% el costo de funcionamiento total del mismo. Con ello disminuirá la necesidad de subsidios, y se propenderá a un saneamiento del sistema. Por eso, en esta ley también se propone la baja gradual de los subsidios a medida que el programa avance”, argumentaron los radicales.
Desde que salió a la luz, el DNU 5/3 viene cosechando cuestionamientos de la oposición. Los legisladores Claudio Viña y Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) fueron de los primeros en alzar su voz. El segundo consideró que el decreto excede las facultades de la emergencia, ya que sólo se autoriza a otorgar subsidios o compensaciones, y presentó un proyecto de ley en rechazo. Viña, en tanto, ratificó ayer que no está en contra de la renovación de la flota, pero cuestionó el procedimiento utilizado (sin licitación) y las condiciones poco claras.
A favor
El vicepresidente segundo de la Cámara, Alfredo Toscano, marcó que sus pares están de acuerdo desde lo conceptual, pero no en lo metodológico. En su caso, se expresó a favor de la iniciativa de Jaldo. “Me parece una gran medida. El beneficiario directo de esto va a ser el usuario. Al haber ya una transferencia del Ejecutivo todos los meses, hace muchos años, que este dinero se invierta en colectivos me parece muy bien”, destacó.
Ricardo Bussi (FR) y José Macome (LLA) se sumaron a los cuestionamientos hacia la Casa de Gobierno. El republicano reprochó que el instrumento no especifique a quiénes (empresarios) se les va a otorgar ese beneficio y cuáles fueron los fundamentos para tal decisión. El libertario opinó que “no hay que destinar fondos públicos a empresas privadas”. En tanto que Agustín Romano Norri (Evolución Radical) consideró que hay “un exceso de facultades” de parte del PE. “Se está extralimitando en la compra directamente de colectivos”, alertó.
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