En tres años se abrieron siete causas de estafas piramidales en Tucumán

Son siete los expedientes abiertos en nuestra provincia por estafas a gran nivel en los últimos tres años. Desde Intensive Live a la última conocida, Winance. En el medio quedaron los casos de Adhemar Capital, Peak Capital, Motocuotas y Soramus. Todas utilizaron sistemas diferentes que tuvieron el mismo resultado: miles tucumanos perdieron cifras millonarias por haber creído en estas fórmulas mágicas que prometían importantes ganancias en muy poco tiempo. Las estafas piramidales marchan al frente de estas maniobras delictivas. Unos 5.000 comprovincianos creyeron en Intensive Live, una empresa que recibía dólares para invertir en flotas de autos para brindar servicios exclusivos de transporte de pasajeros primero y después criptomonedas. La pompa de jabón estalló y varios se presentaron ante la Justicia. Han pasado tres años y todavía no se resuelve si el expediente quedará en manos de la justicia ordinaria (se declaró incompetente en un primer momento) y la federal. Los denunciados Agustín Carlos Ajimastro y Esteban Adolfo Monroy esperan que se defina este intríngulis judicial para que se defina su situación procesal.

La histórica

Edgard Adhemar Bacchiani instaló una sucursal de Adhemar Capital en Yerba Buena. Su propuesta era recibir dinero para comprar criptomonedas a cambio de pagar suculentos intereses. En enero de 2022 comenzaron los problemas y en marzo entró en cesación de pagos. Catamarqueños, tucumanos, salteños, cordobeses, santiagueños, bonaerenses y sanjuaninos, entre otros, realizaron denuncias. El juez federal de Catamarca Miguel Ángel Contreras decidió unificarlas y acusó al CEO de haber creado una asociación ilícita para realizar operaciones financieras con las que podría haber estafado a miles de ahorristas y lavado activos. Ordenó su detención en abril, situación que aún se mantiene.

Bacchiani solicitó la quiebra personal y la de su empresa. El proceso finalizó el 1 de octubre. En total, más de 1.400 personas le reclamaron $15.000 millones, pero las autoridades sólo reclamaron $12.400 millones. “Claramente está buscando arreglar con los acreedores para evitar ser condenado. Tenemos entendido que cuenta con esos fondos por lo que creemos que es inminente el llamado para comenzar con las negociaciones”, explicó el abogado Jaime Roig, que representó a varios tucumanos.

Según fuentes judiciales, fueron unos 6.000 los damnificados por Adhemar Capital. De ese número, unos 800 comprovincianos habrían confiado en la propuesta. Al analizar los pedidos de quiebras, LA GACETA pudo encontrar una veintena de tucumanos que reclamaron más de $286 millones, pero fueron rechazados los pedidos de dos inversionistas por unos $173 millones, por lo que sólo tendrán la chance de cobrar unos $83 millones.

En lo que se refiere a dólares, exigieron el reintegro de unos U$S 184.000, de los cuales sólo se reconocieron U$S 139.000. A los inversionistas que aportaron la moneda norteamericana les terminarán devolviendo unos $40 millones, ya que la deuda fue pesificada con un dólar MEP a $290,32, aunque su valor actual es de $1.163,30.

La última

Daniel Altamirano y Christian Rodolfo López fueron señalados como representantes de Peak Capital, empresa que ofrecía a través de la aplicación MGS realizar todo tipo de operaciones (especialmente compra de criptomonedas) en Concepción. Por las indicaciones que daba una tal “Wendy”, los inversionistas colocaban dinero para que los encargados realizarán operaciones a cambio de suculentos intereses. Pero a partir del 7 de octubre, comenzaron a registrarse problemas de pago y el sábado 12 la app que se utilizaba dejó de funcionar.

La fiscala Mónica García recibió cinco denuncias. Los damnificados denunciaron que habían sido estafados con U$S 40.000 y con casi $12 millones. Autoridades estiman que fueron 4.000 las víctimas de esta maniobra que se repitió en Chubut, Córdoba, San Juan, Mendoza y Buenos Aires, entre otras.

La fiscala se declaró incompetente por tratarse de un caso de intervención financiera sin autorización. El fiscal Agustín Chit rechazó esa postura al entender que se trataba de una causa de estafa. Propuso entonces que su fuero investigara los delitos relacionados a la actividad que desarrollaban los señalados y la justicia ordinaria, los desfalcos.