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El Gobierno anunció el cierre definitivo de la planta impresora de billetes Ciccone Calcográfica, ubicada en Don Torcuato. La decisión, comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, implica el despido de 270 empleados que, por el momento, fueron dispensados de trabajar. La planta había sido estatizada en 2012 durante la gestión de Amado Boudou tras un escándalo de corrupción que involucró la compra de la empresa mediante testaferros.
El cierre de la planta responde a un cambio en la política estatal sobre la producción de billetes, que ahora se comprará a proveedores internacionales para ahorrar $5.040 millones anuales. Según Caputo, el Banco Central ya había rescindido los contratos para la impresión de billetes en octubre, acelerando el proceso de cierre. Además, los billetes de mayor denominación, como los de $10.000 y $20.000, ya están siendo producidos íntegramente en el exterior.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado subastará el inmueble donde funcionaba la planta, y las actividades relacionadas, como la producción de chapas patentes y la calcografía para pasaportes, se trasladarán a otras instalaciones. La maquinaria utilizada para la impresión de billetes también será retirada y redistribuida. Este proceso marca el fin de una etapa en la que la producción de billetes era responsabilidad estatal.
La planta, además, cumplía funciones como depósito de billetes deteriorados que estaban en espera de ser destruidos. Con el cierre, se agilizará el proceso de destrucción de estos billetes, ya que el Banco Central eliminó recientemente procedimientos que retrasaban esta tarea. Las bóvedas que albergaban los billetes viejos serán vaciadas y su función reubicada o descontinuada.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó el cierre como el final de un "emblema de la corrupción kirchnerista". Caputo agregó que, además del ahorro económico, la decisión responde a que la estatización de la empresa fue un caso de corrupción de público conocimiento. Con este cierre, el Gobierno busca consolidar una política de eficiencia económica y transparencia en la gestión estatal.
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