Por Gustavo Rodríguez
06 Diciembre 2024
El 11 de noviembre de 2020, M.L.M, en su carácter de copropietario de una empresa de infraestructura y construcciones en general, celebró un contrato con las víctima para la edificación de una vivienda, según el plano de obra del 1 de diciembre de ese año aprobado por los colegios de Arquitectos y Profesionales Técnicos de Tucumán. Pero según la investigación desarrollada por la fiscala María del Carmen Reuter muy poco de lo que habían acordado ambas partes se habría cumplido.
En una audiencia realizada ayer, el auxiliar Rodrigo Bilbao, siguiendo las instrucciones de Reuter, se refirió al informe técnico de un arquitecto quien detalló que se observan serias fallas estructurales donde no cumplieron con los mínimos parámetros (falta de vigas principales para la columna) y la no colocación de materiales necesarios. En tanto, la empresa, de hecho, no se encuentra inscripta en el Registro Público de Comercio.
“El tipo penal se encuentra acreditado, existe un ardid, una estafa en particular que surge de una manera lícita como es el convenio pero que abusando de esa confianza se transforma en ilícita al no dar cumplimiento con los parámetros mínimos para la construcción”, manifestó el representante del MPF.
Bilbao también comentó que los acusados ejecutaron la obra con la cantidad y calidad inferior de materiales que habían acordado en el contrato. “También está probado el faltante de elementos indispensables para garantizar la seguridad en la estructura. Esto no sólo generó un perjuicio económico para las víctimas, sino que representa un peligro concreto para la familia que habitó durante un tiempo esa casa”, agregó el auxiliar.
El desarrollo de este expediente no fue sencillo. Se habría iniciado luego de que la empresa negara no haber cumplido con lo pactado en un contrato. Al abrirse la causa, el Ministerio Público tuvo que solicitar una serie de pericias para probar que la denuncia era cierta y había pruebas para acusar a los señalados.
Un ejemplo
Este fue el tercer procesado en esta causa. Los otros fueron los hermanos F.A.G y C.G. Él era el copropietario de la empresa y ella, la responsable de la administración. A los tres se les impusieron medidas de menor intensidad por el plazo de seis meses o hasta que finalice la investigación del caso.
“Este es un caso que puede ser un ejemplo para otras personas que vivieron la misma situación. Hay que estar atentos porque actitudes como esta ponen en riesgo la vida de terceros”, indicaron Camilo Atim y Florencia Abdala, que actúan como querellantes en la causa.
Los profesionales advirtieron que la pareja, además de sufrir un daño patrimonial, también tuvieron que soportar varios trastornos en su vida privada. “No es para menos. Soñaron con tener una casa propia y terminaron siendo estafados”, explicó Atim. Abdala agregó: “con esa vivienda pensaron y proyectaron un estilo de vida que perdurará por mucho tiempo. Sin embargo, todo se derrumbó cuando se dieron cuenta que la vivienda construida no tenía la más mínima medida seguridad y era un peligro para todos ellos”.
Por el momento, según confiaron las partes, no existe posibilidad de que el expediente se cierre a través de un acuerdo.
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