Éxtasis
La venta de drogas en fiestas electrónicas quedó al descubierto
El 14 de abril personal de Drogas Peligrosas de la Policía Federal se presentó en un after que se realizaba en una finca de Tafí Viejo. En el procedimiento se secuestró éxtasis, LSD-25, ketamina, marihuana, cocaína y tusi (cocaína rosa). No incautaron grandes cantidades de dosis, pero sí la suficiente para comenzar a probar la teoría que se venía esbozando desde el mes de agosto del año pasado. Por ese motivo llegaron al lugar con el pedido de detención en contra de César Fernández Fazio y Mariano Valdez (31).
Según la teoría del fiscal José Sanjuán, Fernández Fazio habría dirigido una empresa que se dedicaba a organizar fiestas electrónicas clandestinas para poder comercializar este tipo de sustancias y Valdez trabajaba para él. En la investigación aparecen otros nombres de personas vinculadas a estos encuentros, pero los investigadores no lograron sumar las pruebas suficientes para acusarlos. Los dos imputados esperan que el caso llegue a juicio con prisión preventiva que cumplen con la modalidad de arresto domiciliario.
Narcocriminalidad
Se conocieron tres casos de secuestros extorsivos
Se llama narcocriminalidad a todas las actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. El secuestro extorsivo es una de ellas. En Tucumán, durante el 2024 se conocieron tres casos de este delito. El más conocido fue el de cuatro policías que capturaron en marzo a un vendedor de flores en su casa, lo trasladaron hasta la Jefatura de Zona 3 (al sur de la capital) y lo liberaron después de que sus familiares pagaran una suma de dinero. Tres efectivos fueron procesados con prisión preventiva y hay un cuarto que se encuentra prófugos.
Al mes siguiente se registró el cuarto caso, el único que hasta el momento no fue resuelto. Cuatro jóvenes le robaron una moto a una mujer que años atrás fue condenada por comercialización de drogas. La mujer comenzó a buscar a los que habrían cometido el ilícito sin saber quién era la dueña del rodado. Uno de ellos fue capturado por los “soldaditos” de la organización que lo mantuvo privado de la libertad. El expediente sigue en plena investigación y Gendarmería Nacional habría realizado una serie de allanamientos para sumar pruebas en contra de los denunciados.
En mayo, un cadete fue secuestrado por los miembros del clan Mansilla, un grupo que maneja una red de narcomenudeo en Villa 9 de Julio. Lo capturaron para que sus familiares abonaran una deuda que tenía la hermana de la víctima con ellos. La Policía detuvo a varios de los captores que fueron procesados por la Justicia Federal.
Amenazas
“Miguelón”, el hombre que puso de pie al Ministerio Público Fiscal
Miguel “Miguelón” Figueroa estuvo más de dos años prófugo de la Justicia por tres homicidios. En febrero, días antes de que empezara a ser enjuiciado por uno de ellos, fue acusado de amenazar al fiscal Carlos Sale, el primer representante del Ministerio Público que debía encargarse de que reciba una condena. En un primer momento se decidió suspender los debates por cuestiones de seguridad, pero por pedido del gobernador Osvaldo Jaldo las audiencias se realizaron bajo fuertes medidas de seguridad.
El día que se inició el debate, la mayoría de los fiscales se presentaron en la sala del juicio para apoyar a su colega. Figueroa, que negó ser uno de los narcos más importantes de la provincia y se definió como un “chatarrero”, se transformó en el primer tucumano en ser condenado a perpetua dos veces en menos de un mes, aunque meses después un tribunal de Impugnación anuló una de ellas. Figueroa fue uno de los primeros presos tucumanos trasladado a una cárcel federal por ser considerado un interno conflictivo y al surgir sospechas de que estaba planeando su fuga.
Corrupción
Un sistema de sobornos para evitar los controles en las rutas
En julio hubo bagayeros quemaron un micro cuando fueron detenidos en un control de Gendarmería Nacional. Desde un primer momento se sospechó que habían tomado esa decisión para evitar que encontraran la droga que habrían trasladado. Ese fue el último eslabón de una investigación que realizó el fiscal federal Agustín Chit en el que acusó a personal de Gendarmería Nacional de recibir sobornos por parte de los organizadores de tours de compras para que no los controlaran. Fueron procesados de Jujuy, Salta y Tucumán y coordinadores tucumanos, catamarqueños y santiagueños. El caso no frenó el tráfico de estupefacientes. Desde septiembre, mes en el que salió a la luz la red de corrupción, hasta el último día de diciembre, las autoridades secuestraron 255 kilos de cocaína y 164 de marihuana que eran transportados en tours de compras.
Nuevo camino
La de los valles se consolida como ruta del narcotráfico
Otra de las malas noticias que recibieron las autoridades tucumanas es que las rutas de los valles se consolidaron como lugar de paso de drogas. El año pasado se incautaron 286 kilos de cocaína, mientras que en 2023 fueron 256, es decir que el incremento de decomisos fue de más del 10%, pero con un procedimiento menos.
Según las investigaciones, el 90% de la droga provenía de Orán y era trasladada hacia diferentes provincias, especialmente Mendoza. Un detalle: en todo ese recorrido hay un solo control fijo. Está ubicado en Colalao del Valle y forma parte del Operativo Lapacho. Eventualmente, personal de Gendarmería Nacional hace operativos eventuales en Las Mesadas, en Monteros y en Aguilares.
Vínculo
Salta, el origen de la marihuana que llega a la provincia
El año pasado se registró una situación que no es común. La Policía incautó más de 270 kilos de marihuana en todo el 2024, más de cinco veces más que los 51 que decomisó Gendarmería, la fuerza que tiene como misión el control de las rutas nacionales y el tráfico de sustancias. Hay más: en el marco del Operativo Lapacho, la fuerza provincial decomisó 181 kilos en diferentes procedimientos realizados en el puesto de Cabo Vallejo.
El procedimiento récord de la fuerza provincial se registró el 24 de agosto cuando los efectivos encontraron 60 kilos de cannabis que estaban ocultas entre la mercadería que llevaba un tour de compras. El organizador de este viaje aparece mencionado en la causa en la que se investigó el pago de sobornos a gendarmes por parte de los bagayeros para que no fueran controlados.
Además, en 2024 se conoció que “La banda de la valija azul” había traficado desde la capital salteña al menos 52 kilos de cocaína. Se le puso ese nombre porque en dos de los tres secuestros, la droga era trasladada en valijas de ese color que tenían un protector rojo.
Los decomisos también sirvieron para demostrar que el norte del país se transformó en un centro de producción de flores de marihuana. Más del 95% de la sustancia secuestrada en la provincia tenía como origen tierra salteña.
Alerta
Una bandera que descubrió el vínculo del fútbol con narcos
San Martín jugaba un partido clave en su lucha por ascender a Primera. Momentos antes de que comenzara el encuentro, un grupo de simpatizantes, con los rostros tapados, colgaron una bandera en el que acusaban a Javier “Chuky” Casanova y a Walter “Petizo David” por sus vínculos con el narcotráfico. Ese fue otro de los capítulos de la interna por el poder de la barrabrava “santa”, previo a que Facundo Ale fuera víctima de un ataque a balazos.
La eliminación del equipo de La Ciudadela de la competencia puso paños fríos en la pelea por el mando de la tribuna de la calle Rondeau. También habría ayudado el acuerdo de no agresión al que arribaron Casanova con Santiago “Cara i’ Gota” Villafañe a mediados de diciembre. Un pacto que podría romperse luego del enfrentamiento que se registró el miércoles en el barrio Oeste II.
Secuestro récord
El enigmático envío de 110 kilos de cocaína que iban a Yerba Buena
A lo largo de 2024, personal de Gendarmería decomisó unos 370 kilos de cocaína que tenían como destino nuestra provincia. Pero hubo uno que marcó un récord. El 6 de septiembre, en la localidad salteña de General Pizarro, gendarmes detuvieron a dos camionetas Toyota Hilux porque tenían un andar irregular. En el control, observaron que las ruedas eran de un tamaño anormal y que sus ocupantes estaban nerviosos. Decidieron hacer una requisa y allí encontraron 110 kilos de ese estupefaciente.
Fueron aprehendidos Hugo Gregorio Márquez (63 años), su pareja Alicia Lidia Molina (70) y el hijo de la última, Sergio Alberto Rodríguez (35). A los tres les dictaron prisión preventiva. La droga, al parecer, tenía como destino una vivienda de Yerba Buena, ubicada a media cuadra del shopping más importante de la vecina ciudad. Esa casa podría haber sido utilizada como centro de acopio para luego comercializar. En la frontera, el valor de lo secuestrado ascendería a los U$S 385.000. Pese a que ya transcurrieron cuatro meses del secuestro, hasta el momento no trascendieron si los detenidos eran los verdaderos dueños de la carga o si la traían a esta provincia para enfriar y luego enviarla a otra.
El récord de la Policía se concretó en el puesto Cabo Vallejo, cuando los efectivos encontraron 63 kilos de cocaína que estaban ocultas en el interior de una camioneta Oroch Negra. El operativo tomó mayor importancia cuando Facundo Ale, en una declaración judicial, dijo que sus atacantes se movilizaban en la camioneta donde fue encontrada la sustancia. Lo único que se sabe de la causa es que un padre y su hija fueron procesados por transportar droga.
Narcomenudeo
Los resultados de la ley a dos años de entrar en vigencia
El 30 de noviembre la aplicación de la ley de narcomenudeo cumplió dos años. Desde que está en vigencia, en 2023 se detuvieron 1.080 personas, mientras que el año pasado fueron 1.400. La cantidad de procedimientos se incrementó en un 50% en el segundo año de puesta en marcha de la norma: de 1.188 se pasó a 1.731. Menos de la tercera parte de los 2.929 operativos que se realizaron durante los dos años fueron por investigaciones desarrolladas por la Justicia.
En 2023 se dictaron 95 condenas por comercialización de drogas, mientras que hasta el 23 de noviembre de 2024 fueron 136. Eso no es todo: de esa cantidad de penas, sólo 34 fueron condicionales; las demás, de cumplimiento efectivo. A sólo dos de los sentenciados se les revocó la condicionalidad de la pena por haber reincidido.
El año pasado la policía logró desarticular dos clanes importantes. Uno de ellos fue el de Los Giménez, que tenía como base de operaciones el barrio Oeste II y que contaba con puntos de ventas en tres municipios y hasta en el interior del penal de Villa Urquiza. El otro importante fue el conocido como el de La Zarina, que tenía como base de operaciones Bella Vista, pero estaba extendiéndose a otras localidades del interior.
Homicidios
Dos tucumanos fueron acusados de un doble crimen en Orán
Elvio Díaz (procurador, dirigente de rugby y ex candidato por diferentes partidos), Carlos Rodríguez (empleado municipal de Juan Bautista Alberdi) y el salteño Roberto Larrán fueron detenidos por el doble crimen de los ciudadanos Wilson Abdala Zutara y Ariel Ledezma Salinas, registrado en mayo en Colonia Santa Rosa, a muy pocos kilómetros de Orán.
La fiscala María Soledad Filtrin los acusó de ser coautores homicidio calificado por el uso de arma de fuego, alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en dos hechos. Para los investigadores salteños, el móvil del crimen podría haber sido cuestiones vinculadas al tráfico de divisas extranjeras (especialmente dólares). Sin embargo, también se analizó una posible línea narco en el caso que hasta el momento no pudo ser probada.
“La Justicia no nos permite demostrar nuestra inocencia. Permanentemente está negándose a realizar todas las pruebas que permitirán demostrar mi inocencia”, aseguró Díaz recientemente en una entrevista. “Están ensañados con nosotros, pareciera que no quieren que se sepa la verdad porque están protegiendo a alguien”, añadió.
Las declaraciones del tucumano se registraron cuando se detectaron en tiempos en los que está bajo la lupa de las autoridades el accionar de la justicia ordinaria y federal de esa localidad.
Tribunales
Un fallo que obligó a un juez a renunciar
El juez Gonzalo Ascárate, del Centro Judicial de Concepción, presentó en diciembre su renuncia como magistrado luego de ser cuestionado por el gobernador, Osvaldo Jaldo, quien le remarcó haber absuelto a una persona detenida por tenencia de droga y haber ordenado la devolución de los estupefacientes y otros elementos secuestrados. El juez tomó esta decisión en una audiencia en la que el representante del Ministerio Público y la defensa habían acordado cerrar la causa a través de un juicio abreviado en la que el imputado aceptó ser responsable de tenencia de drogas y por lo que recibiría una pena de tres años de cumplimiento condicional. Al estallar la polémica, Ascárate resolvió anular por oficio la resolución y ordenó realizar una nueva audiencia en la que terminó condenando al acusado y ordenando la destrucción de los estupefacientes. Pese al cambio, al día siguiente presentó su renuncia.