Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal

El testimonio de un recluso reveló un complot ideado por un capo narco.

APUNTADO. El juez federal Leandro Ríos estaba en la lista. APUNTADO. El juez federal Leandro Ríos estaba en la lista.
Hace 19 Hs

Un narcotraficante, actualmente bajo custodia, habría orquestado un plan criminal contratando a un sicario de origen uruguayo para asesinar a destacados funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial de Entre Ríos. La oportuna confesión de otro interno permitió desarticular este doble homicidio , lo que derivó en un exhaustivo allanamiento por parte de la Gendarmería Nacional en la unidad penitenciaria donde se gestaba la macabra planificación.

Los objetivos principales de este complot eran el fiscal Ignacio Candioti y el juez federal Leandro Ríos, según información revelada por el periódico regional El Argentino de Gualeguaychú. No obstante, fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el actual ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, también figuraba de manera prominente en la lista de blancos estratégicos del atentado.

El presunto autor intelectual de esta maniobra sería un influyente capo narco oriundo de la localidad de Diamante, quien se encuentra alojado en la Unidad Penal 9. El perfil del sospechoso coincide plenamente con la figura de Leonardo Airaldi, de 44 años y nacido en Mar del Plata, quien fuera presidente de la Sociedad Rural de Diamante.

Airaldi enfrenta actualmente dos complejas causas por narcotráfico; recientemente, el Tribunal Oral Federal desestimó un recurso de su defensa, liderada por la abogada Mariana Barbitta, que buscaba dividir los expedientes del juicio oral previsto para iniciar el martes 24 en la ciudad de Paraná. Una de las investigaciones data de 2019 e involucra a una organización de catorce personas, mientras que la segunda se originó en 2022 tras el decomiso de 30 kilogramos de cocaína en la zona santafesina de Puerto Gaboto.

La conexión con los objetivos es directa: Candioti ha sido el responsable de las acusaciones en las audiencias, Ríos tuvo a su cargo la instrucción de uno de los casos fundamentales y Roncaglia, antes de su rol ministerial, fue jefe de la Policía Federal y líder de la división de Drogas Peligrosas hasta 2019. Todos los amenazados residen en Paraná, a unos 290 kilómetros de la celda desde donde se impartían las órdenes. La alerta crítica provino de un informante interno que describió minuciosamente el régimen de poder y sumisión que el capo ejerce sobre el resto de los reclusos y el personal penitenciario.

Según el testimonio del delator, Airaldi manifestaba un profundo resentimiento, alegando que el magistrado le había “inventado una causa” y que el fiscal ya tenía “todo arreglado” para asegurar una condena de quince años de prisión. Para ejecutar la venganza, el capo habría pactado el pago de 40.000 dólares a un sicario uruguayo. El plan original situaba la ejecución en las exclusivas playas de Punta del Este, aprovechando el periodo vacacional de Candioti y Ríos en el país vecino. Por otro lado, el atentado contra el ministro Roncaglia estaba diseñado para ocurrir en territorio argentino, específicamente durante un trayecto en motocicleta hacia la propiedad de unos allegados cerca de Paraná, razón por la cual el precio por su cabeza era significativamente más elevado debido al mayor riesgo operativo.

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