Cazando en el zoológico

El “falso operativo” llevado a cabo el viernes en una casona de San Lorenzo al 400  fue un clásico policial: con la excusa de una denuncia por robo, allanan una vivienda y “encuentran” plantas de cannabis. Fueron tres horas de movimiento policial y judicial y al fin todo quedó en nada porque las personas de la vivienda demostraron que eran una asociación (Jamrock Club de Tucumán) autorizada para cultivar cannabis medicinal. Según el comisario Marcelo Pacheco, había 100 plantines de marihuana en dos habitaciones de esa vivienda pero aunque en teoría hay un límite de plantas para cada cultivador, todo fue devuelto a sus dueños y los agentes se fueron después del escándalo. ¿Arrepentidos de una medida absurda y de un gasto inútil? Para nada: es la tónica de los operativos con plantas de marihuana: se usa la excusa de denuncia de robo para entrar a lugares donde ya saben que hay plantines.

Al mismo tiempo que este operativo se supo de la decisión del Gobierno nacional de dar de baja las inscripciones en el Registro del Programa del Cannabis (Reprocann) porque “hay un desvío de la marihuana hacia el mercado ilegal”.

El registro de cultivadores de cannabis con fines medicinales existe por ley desde 2017 y ha ido creciendo con el tiempo a medida que se iba generalizando la mirada social comprensiva acerca de los beneficios del consumo de aceite de cannabis para dolencias a las que la medicina tradicional no les da respuesta. Jujuy produce de manera oficial el aceite en una empresa oficial que incluso ha hecho convenios con instituciones del país (entre ellas la UNT) para la investigación de este producto.

“Empezar de cero”

Hasta el año pasado se creía que había unos 200.000 cultivadores autorizados. Ahora la ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dice que hay 300.000 y que de ellos “hay más de 30.000 que podían sembrar para vender remedios a otros”; también ejemplificó: “hemos encontrado un hincha de Colón que vino con el carnecito del Reprocann para sembrar 18 plantas; al final tenía 18.000 y lo llevamos detenido”; “con la marihuana hemos tenido un problema muy serio. Algunos creen que no hace daño, pero se convirtió en una droga muy peligrosa. El THC que hay en Argentina es de 18%, pero la que está legalizada en Uruguay se acepta hasta un 2%. Es como la soja transgénica, que tiene mucho más rendimiento…. vamos a dar todo de baja y vamos a empezar de cero”, sentenció.

Ya el Gobierno había avanzado en medidas sobre este programa en agosto, cuando hizo cambios para “fortalecer los controles y la transparencia” y para exigir a las asociaciones civiles y ONG que cuenten con una diplomatura o una maestría sobre el uso medicinal de la planta de cannabis. Precisamente, en abril del 24, según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, se habían encontrado irregularidades en la entrada de permisos para el registro. En esa conferencia de prensa se anunció que se había reducido en un 60% la planta política del ministerio de Salud, que este gobierno rebajó a secretaría.

Burocracia y arbitrariedad

¿Incidió eso para bien o para mal en la tarea de control y transparencia del registro? No se sabe, aunque ahora la ministra denuncia que las cosas han empeorado. Sí se conoce que una de las falencias que tenía el sistema era la burocracia que afectaba la renovación de permisos, lo cual daba lugar a que la Policía aplicara su práctica arbitraria de allanar a cultivadores autorizados pese a que la fuerza de seguridad debía saber que los operativos se iban a caer. Así pasó en 2022 el caso de un cultivador de Yerba Buena al que le devolvieron las plantas por orden de la Justicia Federal. También en un escandaloso allanamiento en Tafí Viejo en diciembre de 2023 durante un evento llamado “Copa tu cultivo” en el que se reunieron cultivadores del NOA para capacitación y competencia sobre cultivo de cannabis y fueron tratados como narcotraficantes por la Policía. Así pasó también en el llamado “caso Gargiulo”, en el que la Corte anuló una condena por comercialización de drogas (un hombre detenido por el presunto robo de moto) en el que se demostró que el procedimiento policial estaba plagado de irregularidades. “La actuación policial sólo es realmente eficiente si se hace con el debido respeto por las garantías constitucionales. Si no, nos encontramos con atropellos de la institución que abriga conductas incompatibles con un Estado democrático y con un Estado constitucional  y convencional de derecho”, dijo la Corte.

En ese momento ya había estadísticas que mostraban que de los más de 2.100 procedimientos que se habían hecho desde la vigencia de la ley de narcomenudeo, solo 900 habían sido realizados en causas por drogas. El resto, la gran mayoría, habían sido allanamientos concretados por otros supuestos delitos como robos, amenazas, lesiones y hasta violencia de género, casos como el del viernes en la calle San Lorenzo.

La Policía tucumana no ha cambiado sus prácticas, como se ve en este caso en el que todo es extraño: personal de una comisaría fuera de su jurisdicción (del barrio Marti Coll de Yerba Buena, que no tiene nada que hacer en la Capital); una curiosa denuncia de robo y una anulación del operativo, con enorme gasto estatal por nada.

Zona gris

Pero a fuerza de seguridad tiene claro que ataca en una zona gris en la que los miedos sociales imperan y a la que le sigue asustando el cultivo medicinal. No basta que las instituciones serias lo investiguen y que haya pacientes que muestren sus beneficios. El miedo sigue. Cuando en octubre del 22 la misma Universidad lanzó el Observatorio universitario y la diplomatura de Cannabis medicinal, el mismo decano de Medicina, Mateo Martínez, describió ese miedo: “Uno piensa en cannabis, uso festivo y medicinal… ¿Cuál es la línea de frontera? ¿Qué tan porosa es?” “También suscitó en el Consejo Directivo mucha discusión acerca de qué se está buscando: ¿la apertura y flexibilización para uso recreativo o un incremento de la producción de esta sustancia con objeto económico? Quisiera decirles que hemos analizado si era dios o el demonio. Fue una tragedia griega. Era la utopía que venía a resolver una gran cantidad de problemas o un problema; un narcótico viejo conocido que ya se sabe que provoca daños en la psiquis. ¿Qué decisión tomamos? La nuestra ha sido una decisión responsable. La Facultad de Medicina no puede desoír el clamor de las personas que han tenido  una experiencia directa y que están solicitando ayuda para aliviar sus dolencias. No se puede desoír eso pero hay que hacerlo responsablemente”.

Todos los demonios vuelven ahora con la aseveración de la ministra de que se va a empezar de cero, “porque hecha la ley, hecha la trampa”. No se sabe hacia dónde va esto. Sí se cree, por los informes de las mismas autoridades, que el narcotráfico está aumentando geométricamente y se extiende hasta a las localidades más pequeñas, a pesar de que los operativos antinarcos aumentan. Eso les permite, por cierto, a los funcionarios ocupar su tiempo, su personal y gastar en eso cada vez más la plata del erario en perseguir al creciente narcotráfico. Todo con una mirada complaciente por parte  de la sociedad, como en el caso de este “falso operativo” del viernes.

Pero no se sabe qué consecuencias va a tener esto para la gente que necesita el aceite de cannabis y que, en demasiados casos, tiene que defenderse judicialmente de los atropellos de la Policía. Ahora estará más indefensa porque, con la anuencia oficial, ha sido puesta en la mira. A fin de cuentas, la Policía aplica acá la receta más fácil: cazar en el zoológico, donde encuentra su presa indefensa.