Sánchez: "El informe de la UIF confirma lo que denunciamos en la campaña electoral de 2023"

El radical dijo que pedirá explicaciones en Diputados, tras conocer el documento de la Unidad de Información Financiera sobre el posible desfalco en Banda del Río Salí y otros municipios del país.

Roberto Sánchez. FOTO X Roberto Sánchez. FOTO X
Hace 4 Hs

“El informe de la UIF (Unidad de Información Financiera), que pone a Tucumán al tope del listado de provincias con operaciones financieras sospechosas, no hace más que confirmar lo que denunciamos en la campaña electoral del 2023. El gobierno, de la mano de Osvaldo Jaldo, montó una inmensa maquinaria para desviar fondos públicos a los municipios amigos y utilizarlo en la campaña electoral. La investigación debe ir a fondo para terminar con un modelo corrupto que se lleva la plata de los tucumanos”, apuntó Roberto Sánchez.

El diputado radical ratificó una vieja acusación contra el la estructura política del Partido Justicialista tucumano (PJ), a partir de la denuncia del organismo nacional por posible desfalco en el municipio de Banda del Río Salí por $17.000 millones entre enero de 2023 y junio de 2024.

Según la UIF, a través de la operatoria conocida como “cheque por ventanilla”, de las arcas municipales se extrajeron más de $ 17.000 millones sin ninguna justificación. Tucumán encabeza el ranking de Registros de Operaciones Sospechosas (ROS) con un desfalco que podría superar los $45.000 millones, replicó el ex presidente de la UCR local. 

“El listado de municipios que usaron para blanquear fondos para la campaña de Jaldo no se termina en Banda del Río Salí. Nosotros lo denunciamos en la campaña electoral. Ahora vamos a pedir informes en la Cámara de Diputados de la Nación", adelantó. 

Y concluyó: "Celebramos que al fin un organismo nacional investigue. Hay que terminar con la impunidad. Tucumán podría ser otra provincia si la plata se usara para mejorar la vida de la gente”.

El caso

La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció un desfalco multimillonario en la Municipalidad de Banda del Río Salí, que administra Gonzalo Monteros, y en otros municipios de las provincias de Salta y de Catamarca durante las últimas elecciones. 

El organismo antilavado dijo que detectó que empleados municipales retiraron “cheques por ventanilla” sin ofrecer justificaciones ante los bancos. De acuerdo a lo que publicó el diario La Nación, la maniobra se extendió a otras provincias y en total se calculan extracciones por $45.000 millones en menos de tres años, según la UIF.

Entre enero de 2023 y junio de 2024, en la Municipalidad de Banda del Río Salí, a través de la operatoria conocida como “cheque por ventanilla”, se extrajeron más de $17.000 millones sin ninguna justificación que convenciera a las autoridades del Banco Macro

La entidad bancaria tiene las cuentas del municipio tucumano. En cumplimiento de la ley antilavado, la entidad bancaria alertó a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre la situación en el municipio del Este tucumano.

Las extracciones millonarias se registraron en todo el país, pero el grueso de los informes bancarios provinieron de Tucumán, Salta y Catamarca. El ranking de Registros de Operaciones Sospechosas (ROS) fue encabezado por el municipio bandeño.

La UIF ordenó la información que recibió desde los bancos, detectó un patrón en los retiros, elaboró una “tipología” de delito que distribuyó entre los sujetos obligados y remitió los detalles del caso a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

La fiscalía especializada en este tipo de delitos recibió el informe que detalla todas las precisiones del caso. En ese documento se incluyeron montos, retiros y nombres, algunos de los cuales coincidían con los de los empleados de los municipios investigados.

El volumen de retiros aumentó exponencialmente en la antesala de las elecciones presidenciales de 2023. Mientras que en 2024, se desinfló, según trascendió. La hipótesis apuntaba a que esos fondos municipales fueron utilizados para financiar la última campaña electoral. 

El 30 de diciembre, la Procelac presentó una denuncia ante la Cámara Nacional Electoral, que segmentó la información por distritos y hoy la investigación está descentralizada en cada una de las jurisdicciones implicadas.

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