Denuncia de la Procelac: involucrados apuntan a un ardid político

Ex intendentes de los municipios investigados por extracciones voluminosas por ventanilla sostienen que son operaciones habituales.

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DARÍO MONTEROS. El oficialismo apunta a una intencionalidad política por el modo en que surgió el informe. DARÍO MONTEROS. El oficialismo apunta a una intencionalidad política por el modo en que surgió el informe.

Se expresan tranquilos quienes administraron los recursos de los municipios tucumanos investigados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Sostienen que cuentan con la documentación respaldatoria de los casi $37.000 millones que se retiraron con cheques por las ventanillas del Banco Macro entre enero de 2023 y junio de 2024.

A pesar de que los montos y la falta de documentación respaldatoria para las extracciones puso en alerta a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), afirman que esos dineros se destinaron para atender obligaciones de los distritos que administraban y que era algo habitual. Por ello sostienen que se trata de una maniobra netamente política para dañar al entorno del gobernador Osvaldo Jaldo, y hay quienes apuntan contra la Nación.

Banda del Río Salí, Monteros, Famaillá y San Isidro de Lules figuran en el informe de la Procelac, junto con los municipios catamarqueños Belén, Icaño y Corral Quemado, además de la jurisdicción salteña de San Carlos. El organismo que conduce Diego Velasco sostiene que en esos 18 meses estos distritos extrajeron $39.485 millones a través de cheques y sin justificación, podrían haber sido destinados -al menos en parte- a campañas de las últimas elecciones provinciales y nacionales.

“Viene de la Nación”

Velasco menciona en el informe al actual legislador José Orellana, ya que puso bajo la lupa extracciones por $11.449,6 millones que se hicieron administraba la Municipalidad de Famaillá. El ex intendente sostiene que es una operación para desprestigiar la política y embarrar la cancha, y sospechan que operadores del oficialismo nacional pueden estar detrás. “Generar un estado de sospecha es un ardid político, una mala intención. Algunos de los nuestros creen que es fuego amigo; pero no, viene de la Nación, de quiénes van a ser los rivales en las elecciones”, manifiesta a LA GACETA en comunicación telefónica.

Orellana afirma que lo que conoce del informe es por lo que se publicó a través de la prensa. Se expresa dispuesto a colaborar con la Justicia en lo que sea necesario para aportar transparencia, pero remarca que Famaillá es una ciudad transformada. “Todos los recursos que entraron fueron para obras, servicios, gastos de administración y algunos gastos sociales. Estamos dispuestos a presentar la documentación que sea necesaria. Generar un manto de duda es un punto eminentemente político, tratando de generar una mancha de aceite que se extienda por toda la provincia. Qué casualidad que no mencionan a otras municipalidades que tenían el mismo modo de trabajo, como la Capital”, expone.

Mediatización política

El parlamentario considera que no es casual que los casos que se pusieron bajo la lupa son en Tucumán, Catamarca y Salta, tres provincias que se mostraron dialoguistas. “Buscaron golpear el corazón político del gobernador”, reflexiona. Agrega que los gastos de un municipio se rinden ante el Concejo Deliberante, mediante la Cuenta de Inversión.

El ministro del Interior y ex jefe municipal de Banda del Río Salí, Darío Monteros, es otro de los mencionados en el informe. Estuvo a cargo de la Intendencia en el periodo en el que se retiraron por ventanilla los $17.256 millones que llamó la atención de la UIF y cuyo destino investiga la Procelac. El bandeño afirma que está tranquilo y que hasta ahora no hubo ningún tipo de pedido de informes o de notificaciones solicitando información. “Creo que se ha mediatizado desde la política, no desde los hechos concretos”, afirma ante los micrófonos de LG Play.

En cuanto a las extracciones de dinero, Monteros dice que es normal en los municipios retirar fondos para abonar obligaciones que no están bancarizadas. “Eso es normal. Los vecinos saben que se hace un operativo para retirar los recursos con la Policía”, declara. Añade que hay diversos gastos que una administración afronta que no están bancarizados, como el pago del sonido o de los artistas durante algún evento, entre otros. A su vez, el ministro rechaza que se haya hablado de un presunto desfalco y fue crítico con la oposición y con la prensa.

En el informe también están mencionados los legisladores y ex intendentes de Lules, Carlos Gallia y de Monteros, Francisco Serra, por extracciones sospechosas realizadas por los municipios por $4.217,7 millones y $3.923 millones, respectivamente. Este diario intentó comunicarse con ellos, pero hasta el cierre de esta edición no tuvo éxito.

En conferencia de prensa el martes pasado, Jaldo se refirió públicamente al tema y rechazó la utilización del término “desfalco” y aseguró que no se ha tipificado ningún delito. Al igual que los ex intendentes, cuestionó la manera en que el informe ha circulado en el ámbito público. “Este informe tiene otra intencionalidad”, mencionó.

Seis claves sobre la denuncia de la Procelac

1- ¿Qué es lo que investiga la Procelac? La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) inició una investigación a partir de un aviso de la Unidad de Información Financiera (UIF) por operaciones sospechosas con cuentas de ocho municipios del noroeste.

2- ¿Cuáles son las operaciones sospechosas? Se indicó que hubo significativos fondos públicos extraídos en efectivo a través de cheques sin documentación respaldatoria, entre enero de 2023 y junio de 2024. Se investiga los fondos se destinaron a campañas de las últimas elecciones.

3- ¿Qué municipios se nombraron y por qué montos? De Tucumán: Banda del Río Salí ($17.256 millones); Famaillá ($11.449,6 millones); Monteros ($3.923 millones); y Lules ($4.217,7 millones). De Catamarca se menciona: Belén, Icaño y Corral Quemado. De Salta: San Carlos.

4- ¿Hay funcionarios mencionados en el informe? Sí, aparecen nombrados quienes fueron intendentes de los distritos que están bajo la lupa. En el caso de Tucumán, se menciona al bandeño Darío Monteros, al famaillense José Orellana, al monterizo Francisco Serra y al luleño Carlos Gallia.

5- ¿Qué repercusiones hubo al respecto? De todo tipo. El oficialismo dio conferencias de prensa a las pocas horas para rechazar que se hable de presunto desfalco y para poner documentación a disposición. La oposición se despachó con todo tipo de críticas al PJ y al Gobierno.

6- ¿Qué dijo el gobernador Osvaldo Jaldo? Vinculó la aparición de Tucumán, Salta y Catamarca en el informe con cuestiones políticas. “Son las tres provincias que, desde el primer día, tomaron la decisión de colaborar con el Gobierno nacional”, dijo. Rechazó que se hable de desfalco.

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