La política es el arte de lo posible, dicen. Pero en los últimos tiempos fue tan degradada que dejó de ser una herramienta para unir a los pueblos y administrar sus bienes, para convertirse en un aguantadero de personajes sospechados de corrupción, de traidores, de traficantes del patrimonio nacional, de endeudadores, etc. Los acuerdos políticos en Tucumán, pueden convertir la política en una cortina de humo para tapar supuestos pactos entre denunciantes y denunciados, en casos aberrantes de supuesta corrupción como la causa del Girsu, y los fondos no reintegrables, cuyos montos actualizados en una sola municipalidad ascienden a $75.000 millones. Los involucrados en la interna del PJ local buscan reciclar mediante arreglos espurios, evaluaciones contables, nombramientos y cesantías simultáneas, utilizando documentación oficial, para incorporar al gabinete provincial a sospechados e investigados por comprometedoras conexiones políticas, entre personajes que participaron en los presuntos ilícitos citados, en operaciones inmobiliarias supuestamente canceladas utilizando las obras publicas ejecutadas en el interior, etc. Al parecer, todas las maniobras están orientadas a ganar la elección, y de paso confundir a la opinión pública en una provincia: con el 52% de trabajadores en negro, con un 30% de necesidades insatisfechas, donde la pobreza supera los 850.000 habitantes, donde un 45% de los niños son pobres, donde un 50% de la población no tiene acceso a energía eléctrica, gas y agua etc. En resumen, estas calamidades son el resultado de haber sido Tucumán el primer gobierno provincial que rompió un posible bloque compacto de gobiernos provinciales, que hubiese enfrentado con éxito el ajuste salvaje del Gobierno nacional.
José Emilio Gómez
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