Semanas clave en el caso del presunto robo de agua

El Ministerio Público sumó más elementos contra el citricultor Juan Zamora para sostener su acusación de robo simple en concurso ideal con el entorpecimiento de la provisión de agua. Pese a que el juez interviniente rechazó el planteo de que la causa sea investigada por la Justicia Federal, todavía existe esa posibilidad. La Justicia renovó por un mes más las medidas que debe cumplir el empresario para continuar el proceso en libertad, reglas de conducta que le impiden viajar al exterior por cuestiones laborales sin una autorización de un juez. Esas fueron las novedades que se registraron en el caso en el que se analiza el supuesto robo de agua, investigación que debe cerrarse en 30 días.

Según la imputación de la fiscala María del Carmen Reuter, en mayo de 2023, Zamora, recurrió a mano de obra especializada, rompió el acueducto central, principal fuente de abastecimiento de agua para la reserva Loma de Imbaud, cuya concesión pertenece a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), realizando una conexión clandestina “La finalidad era de acopiar agua que sería usada para el riego de su plantación, accionar que generó la afectación o entorpecimiento del suministro estable y constante de agua a un importante sector de la ciudad de Yerba Buena, según la denuncia realizada el 24 de septiembre por las autoridades de la prestadora de servicios”, argumentó la auxiliar Andrea Carlino. Después de enumerar nuevos elementos de prueba, pidió que se mantuviera la acusación planteada desde un primer momento. Los querellantes, José María Molina (representa a la Fiscalía de Estado) y Walter Ojeda (abogado de la empresa), adhirieron al planteo.

Estrategia

El defensor del empresario, Camilo Atim, desplegó en esta audiencia una inesperada estrategia. Primero no se opuso a la acusación, pero sí solicitó que se declare la incompetencia y que la causa pase a manos de la Justicia Federal. “Si los acusadores sostienen que el robo se registró en tierras que pertenecen a la Universidad Nacional de Tucumán, no corresponde que el caso continúe en manos de la justicia ordinaria”, sostuvo.

La representante del MPF le dio la razón al defensor y pidió que se declare la incompetencia. “Aquí no se está analizando muchas cuestiones como por ejemplo que los damnificados fueron tucumanos”, indicó Molina. Díaz Ojeda también rechazó el pedido.

“No debemos perder de vista que el imputado desviaba el agua para su propio beneficio. Eso quedó evidenciado con el caño colocado dentro de su propiedad que alimentaba la laguna que tenía como objeto el riego de las plantas de su finca, perjudicando a miles de tucumanos”, indicó Molina al fundamentar su rechazo.

El juez Federico Moeykens rechazó el pedido de Atim y el caso, por ahora, seguirá tratándose en los tribunales tucumanos. “Los casos que atentan contra los recursos naturales, como el agua, deben ser atendidos por la justicia ordinaria. Además estamos ante un supuesto delito que afectó a un servicio y a usuarios de la provincia”, fundamentó el magistrado.

El otro tema que se trató en la audiencia fue la autorización para que Zamora realizara un viaje al exterior por cuestiones laborales. “El tema de la fruta depende del año. Necesito viajar una vez al mes para determinar cómo está la fruta, los gustos y los envases. No puedo entregar a un tercero la representación porque es una relación personal”, argumentó el empresario. Moeykens autorizó su salida del país, pero le exigió que dejara un número de contacto y la casilla de mail para que fuera contactado por la fiscalía.

Al no haberse declarado como causa compleja, la fiscala Reuter y los querellantes tendrán hasta fin de mes para definir si el caso llegará a juicio oral. Atim, durante la audiencia, enumeró algunas pruebas que demuestran la inocencia de su defendido. Todas ellas tienen que ver con un caño. Dijo que llevaba agua a cinco inmuebles y que estaba registrado en la SAT, por lo que no puede ser considerado como una conexión clandestina.