Por Gustavo Rodríguez
Hace 4 Hs
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FUERTE OPERATIVO. Policías recorren parte de las nueves hectáreas que fueron recuperadas por el Estado.
La Provincia recuperó nueve hectáreas de tierras fiscales que habían sido ocupadas en El Cadillal después de un largo proceso judicial que demandó nueve años. Este acto posesorio se concretó ayer y tiene que ver con el plan de regularización dominial que continúa avanzando.
El expediente se abrió el 5 de septiembre de 2019, cuando el abogado de la Fiscalía de Estado Ángel María Manuel García Pinto se presentó en la Justicia para iniciar el trámite de reivindicación del lugar conocido como “El Vallecito”.
Según consta en el expediente, a través de la ley 5.444 de 1982, se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el predio camino al acceso del río Loro. Sus propietarios, Renato Roberto, Abilio Dardo y Emma Medicci recibieron en 1983 la suma de $500.000 y otros montos no informados en concepto de saldos pendientes de acuerdo a un índice de actualización. Finalmente, el terreno terminó escriturándose a nombre de la provincia en 1987. Acusó de haberse instalado en ese lugar a María Elena Cornejo.
En diciembre de 2019, la demandada Cornejo señaló que desde 2012 detentaba la posesión pública y pacífica del inmueble. Negó que al reconocer su carácter de cesionaria haya perdido la intención de propietaria y que, al contrario, la figura de cesión es la adecuada para transmitir derechos.
La mujer advirtió que la Provincia había solicitado la reivindicación de las tierras, omitiendo el reconocimiento expreso realizado de cesión a su favor. Además, hizo reserva del derecho de reembolso por las mejoras realizadas como gastos e impuestos. Acompañó un plano de mensura para prescripción adquisitiva en el que no tuvo intervención la Dirección General de Catastro, repartición que debería convalidar ese acto. Ahí comenzó un largo derrotero judicial.
En marzo de 2020, días antes de que se declarara la pandemia, se les pidió a las partes que presentaran las pruebas, trámite que fue finalizado en octubre de ese año. En septiembre de 2021 se cerró oficialmente el período de ofrecimiento de muestra de evidencias y se abrió la etapa de alegatos. En octubre lo hizo el representante de la Fiscalía de Estado y un mes después, la demandada. En marzo de 2022 la Justicia determinó que estaba en condiciones de resolver el expediente.
El 14 de septiembre de 2022, el magistrado interviniente falló a favor de la Provincia. “Debe tenerse en cuenta que, partiendo de los hechos no contradichos por las partes, existió un supuesto acto de desposesión por parte de Cornejo que justificó esta acción reinvidicatoria”, entendió el juez. “Cabe concluir que el derecho a poseer invocado por la actora puede oponerse eficazmente a quien no logró demostrar su condición de poseedora por más de 20 años en forma interrumpida”, añadió. Le dio plazo de 60 días para que devolviera el inmueble y también le abrió la puerta para que apelara la resolución o ingresara al plan de regularización dominial lanzado por el Gobierno.
Nada de ello ocurrió en tres años. El equipo que dirige la fiscal de Estado Gilda Pedicone descubrió que la Provincia estaba en condiciones de recuperar ese inmueble. Se trata de tierras que están en lomadas y cubiertas por flora autóctona que las transforman en una especie de enorme reserva. Según los informes que elaboraron los especialistas de la repartición, las nueve hectáreas habían sido cercadas y tenían un cartel de propiedad privada. Sí descubrieron que de un día para el otro se habían iniciado la construcción de una vivienda.
Ayer, personal de la Fiscalía de Estado, Catastro, el Ente Tucumán Turismo, escribanos y funcionarios judiciales, acompañado por un importante grupo de efectivos, tomaron posesión del inmueble.
Reacción
“Vienen por todo. Todos los que fuimos estafados ahora estamos cerca de perder el fruto de nuestro esfuerzo. No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, sostuvo Julia Hernández, una mujer que construyó su vivienda en un terreno fiscal.
El despliegue de uniformados generó una ola de rumores sobre lo que podría ocurrir en los próximos días. Fuentes de la Fiscalía de Estado y del Ministerio del Interior desmintieron que se esté llevando adelante un proceso de recuperación de tierras fiscales.
LA GACETA sí pudo establecer que el plan de regularización dominial sigue avanzando. A principios de este año, reparticiones del Estado descubrieron que unas 3.000 hectáreas de tierras fiscales habían sido ocupadas.
A raíz de ese trabajo interdisciplinario, también encontraron que el plan de regularización dominial que había lanzado el Gobierno estaba plagado de irregularidades. Sí se informó que unos 200 propietarios (menos del 10% del total) están en condiciones de regularizar su situación.
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