“Me arrodillo para pedirles perdón a todos”, dijo “Miguelón”

Miguel Figueroa fue acusado de amenazar al gobernador Jaldo, a un juez y a tres fiscales. A su pareja le agravaron la imputación y le revocaron el arresto domiciliario.

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EN LLANTOS. “Miguelón” Figueroa pidió perdón por las amenazas. EN LLANTOS. “Miguelón” Figueroa pidió perdón por las amenazas.

“Acá hubo un malentendido. Hay una confusión”, dijo Miguel “Miguelón” Figueroa antes de estallar en llanto. “Me arrodillo ante todos para pedirles perdón. Al gobernador (Osvaldo) Jaldo, al juez y a los fiscales”, sostuvo a los gritos en una parte de la audiencia donde fue procesado formalmente por haber enviado amenazas contra el titular del Poder Ejecutivo y cuatro funcionarios judiciales. En el mismo debate, el magistrado interviniente resolvió agravar la imputación a su pareja Marcela Díaz y revocarle el arresto domiciliario que se le concedió días atrás.

Según la acusación planteada por el fiscal Carlos Picón (reemplazó a su par Mariano Fernández), “Miguelón” se comunicó con su pareja para que grabara un mensaje intimidatorio contra Jaldo, el juez Gonzalo Ortega y los fiscales Carlos Sale, Ignacio López Bustos y Pedro Gallo. La mujer se lo reenvió a la periodista Mariana Romero e intentó hacer lo mismo con un colega de LA GACETA, pero no pudo hacerlo porque el cronista de nuestro diario la había bloqueado la noche anterior.

“Señor juez le voy a contar lo que realmente sucedió. Mi mujer no tiene nada que ver. Le pedí a mi hija que grabara el mensaje. Fue ella la que hizo todo porque se lo pedí”, contó. La señalada tiene 10 años, por lo que nunca podrá ser acusada de este delito. “Recién ahora me entero que mi pareja está con arresto domiciliario. Ella es inocente”, añadió.

Planteos

Picón, que fue asistido por el auxiliar Benjamín Zavalía, también explicó que el mensaje fue enviado el mismo día en el que el ex abogado del acusado comenzaba a realizar los trámites para que autorizaran el traslado para visitar la tumba de su hijo que había decidido quitarse la vida. Según la acusación, habría enviado ese mensaje para lograr que le dieran el permiso. Por esa razón pidió que se lo acusara de amenazas coactivas en calidad de autor. Mismo delito le endilgó a su pareja.

“No creo en coincidencias, en este caso, que el mismo día que presentara su petición para ser trasladado, realizó esta amenaza atroz no sólo contra el gobernador, un juez y tres fiscales, sino también contra sus familias e hijos”, argumentó el representante del Ministerio Público.

“Este mensaje intimidatorio amenaza al sistema democrátido de gobierno y contra la paz social de la provincia. Por eso lo enviaron a los periodistas y después lo borraron”, argumentó Picón que después se le dictara la prisión preventiva a ambos por seis meses.

“¿Quieren que me mate aquí? Todos los días veo los tres lugares que hay en la celda para colgarme. Me cortaron los vínculos con mi familia... Estoy en una cárcel donde hay 100 terroristas de otros países. Hace 18 días que estoy haciendo una huelga de hambre. Me mato si quieren, pero dejen en paz a mi familia”, exclamó “Miguelon” mientras lloraba desconsoladamente.

José María Molina, que representa a la Fiscalía de Estado que denunció el caso, adhirió a todo lo peticionado por la fiscalía. El defensor oficial Hernán Molina, que asiste a Figueroa, no se opuso, pero sí solicitó que se atienda su situación, especialmente al trato que le dispensan en el penal de Ezeiza y que reciba atención psicológica o psiquiátrica.

Víctor Padilla, defensor de Díaz, se opuso a todo. Al agravamiento de la acusación porque no hay certezas de que ella haya grabado y enviado el audio. También a la revocación del arresto domiciliario porque ella estaba a cargo de cuatro menores de edad, entre ellas la niña de 10 años que sufre serios problemas por la situación familiar. Su postura fue respaldada por la defensora de Niñez Norma Aparicio.

La resolución

Después de una audiencia que duró más de cinco horas (se retrasó porque Figuera pidió ser asistido por un defensor oficial por no poder solventar uno particular y por el apagón que afectó la participación de las partes), el juez Guillermo Di Lella decidió aceptar parcialmente lo solicitado por el acusador.

Consideró que la acusación era correcta. Les dictó la prisión preventiva por tres meses a los dos. Dispuso que “Miguelón” continúe alojado en Ezeiza, pero que reciba atención médica. A Díaz se le revocó el arresto domiciliario y desde tribunales fue trasladada a la alcaldía de Delfín Gallo.

“Las amenazas emitidas representan un atentado contra las instituciones. Son inadmisibles porque vulneran los derechos y generan inestabilidad social”, fundamentó el magistrado antes de que resolviera el asunto. “En un estado de derecho no se puede tolerar un ataque a la administración de la Provincia y de la Justicia”, finalizó.

“Miguelón”, que antes de escuchar la resolución se comunicó con señas con su mujer, no reaccionó ante el fallo. En caso de ser condenado por este caso, al igual que Díaz, podría recibir una pena de entre cinco y 10 años de prisión.

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