
¿Renunciará o agotará instancias para seguir? El interrogante se abre respecto a la situación de Manuel García-Mansilla, quien fue designado por decreto presidencial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) hasta el cierre del año parlamentario, aunque su pliego fue rechazado por amplia mayoría en la última sesión del Senado. Mientras crece la incertidumbre y se suman los pedidos de renuncia, las versiones indican que el gobierno de Javier Milei buscará las herramientas para sostener al letrado en el máximo tribunal del país.
Por lo pronto, entró en vigencia la cautelar dispuesta por el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien hizo lugar a una medida solicitada por Poder Ciudadano, el CELS y otras entidades, y prohibió a García-Mansilla firmar sentencias como miembro de la Corte por tres meses, bajo pena de ser sancionado con una multa o enfrentar una causa por desobediencia.
El máximo tribunal ya fue notificado sobre la decisión de Ramos Padilla, por lo que García-Mansilla estaría impedido incluso de acceder a los expedientes tramitados ante la CSJN.
El Decreto 137/2025, publicado el 26 de febrero en el Boletín Oficial, designó en comisión a García-Mansilla y a Ariel Lijo como jueces de la Corte. Esta medida fue impugnada mediante un amparo colectivo, lo que derivó en la intervención de Ramos Padilla.
El gobierno de La Libertad Avanza defendió la validez del decreto ante la Justicia, y señaló que se trataba de una atribución del Ejecutivo Nacional. Por ello, pese al rechazo en la última sesión del Senado, la postura del oficialismo es que los jueces nombrados en comisión tienen estabilidad en el cargo hasta el 30 de noviembre del año legislativo siguiente a su designación, salvo que sean sometidos a juicio político. En su respuesta a Ramos Padilla, según consignó Infobae, el propio García-Mansilla señaló que sólo pueden removerlo de su cargo mediante un juicio político. En paralelo, se suman los pedidos para que presente su renuncia lisa y llana. Según el Colegio de Abogados de la Capital Federal, que preside Ricardo Gil Lavedra, la decisión del Senado de rechazar los pliegos “ha concluido el debate sobre estas nominaciones y debe ser acatada”.