

El Gobierno provincial afina el lápiz para determinar el monto de la inversión que requerirá la reactivación del barrio Procrear II de Tucumán. Mientras tanto, hubo acuerdo con los empresarios respecto a distintos puntos clave para el reinicio de los trabajos, que están suspendidos hace más de un año por el cese en el envío de fondos nacionales.
En una reunión encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo, y que contó con la presencia de una veintena de asociados a la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), se resolvió avanzar con todos los pasos administrativos para la provincialización de este proyecto habitacional, situado en la zona sur de San Miguel de Tucumán.
La idea, en principio, era que todos los papeles estuvieran listos dentro de un mes. Sin embargo, el trámite resultará algo más engorroso, dado que se deben actualizar los convenios con cada constructora de la normativa nacional y a la local. De todos modos, la intención es que todo este proceso se extienda durante no más de 45 a 60 días.
“La magnitud de esta iniciativa requiere una inversión considerable, pero sabemos que los beneficios que traerá serán invaluables, tanto en términos de generación de empleo como de desarrollo urbano”, afirmó Jaldo tras la mesa de trabajo con la entidad que lidera Jorge Garber.
Puntos con acuerdo
Junto a Jaldo concurrieron los ministros Daniel Abad (Economía) y Marcelo Nazur (Obras Públicas), además del interventor del Instituto de la Vivienda, Hugo Cabral. Con los planos sobre la mesa, dialogaron con representantes de las 22 empresas locales adjudicatarias de los 17 contratos diseñados por el Gobierno nacional en 2022.
En concreto, hubo coincidencias respecto a cuatro puntos.
El primero es que se llevará adelante la provincialización de todo el proyecto, y con esto, de los contratos para cada uno de los sectores del barrio. Este trámite no es sencillo, dado que el Plan Procrear (creado durante el kirchnerismo y disuelto por la gestión libertaria) tenía como ente fiduciario al Banco Hipotecario, y además de estar regulado por normas nacionales, los valores están fijados en Unidades de Viviendas (UVI). Ahora, la misión es adaptar estos valores bajo las pautas de la Ley de Obras Públicas y otras normas provinciales, con lo que la cifra de cada convenio se “traducirá” a pesos. Para todo esto se resolvió consultar con el Tribunal de Cuentas (TC), lo que se llevará adelante esta semana.
En segundo lugar, se acordó como estrategia que el proyecto se ejecute en etapas. La primera podría ser de 507 viviendas, con un plazo de ejecución de 18 meses, pero eso dependerá de las disponibilidades del Tesoro. En la CTC estiman que la totalidad de la obra podría ascender a $170.000 millones.
El tercer aspecto es que se buscará no hacer modificaciones al proyecto original, que contempla más de 3.000 propiedades (unas 1.600 viviendas y más de 1.400 lotes con servicios), además de 50 locales comerciales, infraestructuras y nexos para servicios.
Otro punto que tuvo el visto bueno de funcionarios y empresarios fue la implementación de un órgano específico para coordinar la obra. Será una especie de unidad ejecutora, aunque no se nombrarían nuevos funcionarios, y estaría a cargo de los ministros Abad y Nazur, con expertos de distintas reparticiones asignados a los aspectos financieros, técnicos y legales.
“Estamos analizando el inicio de obras y queremos que sea lo antes posible, pero primero debemos resolver los temas administrativos”, expresó Nazur.