Juicio contra Bolsonaro: enfrenta una pena de 43 años por conspiración golpista

El ex presidente de Brasil está acusado de desestabilizar el país para impedir la asunción de Lula da Silva.

Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil. Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil. FOTO TOMADA DE FRANCE24.COM
02 Septiembre 2025

El Supremo Tribunal Federal de Brasil inició esta semana un proceso histórico: el juicio por conspiración golpista contra el ex presidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar revertir su derrota en las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La causa, que también alcanza a siete ex ministros y ex generales, ha colocado al país en el centro de la atención internacional y podría redefinir el futuro político del ex mandatario.

Bolsonaro, de 70 años, cumple arresto domiciliario mientras enfrenta cinco cargos que podrían derivar en una condena de hasta 43 años de prisión. Según confirmó su abogado Celso Vilardi, no estará presente en la sala, pero seguirá las audiencias desde su residencia. La estrategia de la defensa insiste en que “Bolsonaro no tiene ninguna responsabilidad penal” y sostiene que todo responde a una persecución política en su contra.

Los fiscales, en cambio, aseguran que el caso se basa en pruebas sólidas de que el ex presidente encabezó una “organización criminal” destinada a impedir la asunción de Lula da Silva mediante la desestabilización institucional y la creación de un clima de desconfianza en el sistema electoral. Entre las acusaciones más relevantes figuran su campaña de descrédito contra el voto electrónico y la presunta elaboración de un plan para declarar un estado de emergencia, convocar a nuevas elecciones e, incluso, contemplar la eliminación de figuras políticas centrales como Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes.

El clima en Brasilia refleja la magnitud del proceso. La ciudad se encuentra bajo estrictas medidas de seguridad debido al antecedente del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores radicalizados de Bolsonaro invadieron el Palacio Presidencial, el Congreso y la sede del propio tribunal, reclamando una intervención militar para destituir a Lula. La fiscalía sostiene que, aunque Bolsonaro estaba en Estados Unidos en ese momento, su rol como incitador fue clave para desencadenar aquellos disturbios.

El inicio de las audiencias

La primera audiencia estuvo marcada por la exposición de pruebas a cargo del juez Alexandre de Moraes, seguida por los alegatos de acusación y defensa. El veredicto final estará en manos de cinco magistrados del Supremo, quienes deberán pronunciarse la próxima semana. Para que haya condena, al menos tres jueces deberán votar en ese sentido. Según fuentes políticas y jurídicas consultadas en Brasil, el fallo se conocerá antes del 12 de septiembre.

El impacto del juicio trasciende las fronteras del país sudamericano. El ex presidente estadounidense Donald Trump calificó el proceso como una “caza de brujas” y criticó tanto al sistema judicial brasileño como a la figura de Moraes, recientemente sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este respaldo internacional ha sido utilizado por sectores del bolsonarismo como argumento para denunciar una supuesta presión externa contra el ex mandatario.

No obstante, la investigación judicial cuenta con amplio respaldo de organismos internacionales y de sectores de la sociedad civil brasileña. Para muchos, este proceso es un paso indispensable para esclarecer los hechos que pusieron en riesgo la democracia de Brasil a cuatro décadas del fin de la dictadura militar. Simpatizantes de Lula da Silva remarcaron ante medios locales que “el juicio de Bolsonaro sirve como advertencia para quienes amenacen la legalidad y el orden institucional”.

El desenlace podría tener consecuencias directas en la carrera política de Bolsonaro. Aunque ha expresado su interés en regresar al poder, una eventual condena lo inhabilitaría para competir en futuras elecciones, además de abrir la puerta a una larga sentencia de prisión. Ante este panorama, sus aliados en el Congreso ya impulsan un proyecto de amnistía que, de prosperar, podría evitar que una condena lo lleve tras las rejas.

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