El transporte público de pasajeros atraviesa una semana clave en San Miguel de Tucumán, con medidas de urgencia de empresarios, malestar de los trabajadores y duros cruces con el municipio.
La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) le comunicó este lunes al mediodía a los referentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) la decisión de avanzar con una serie de acciones, entre ellas, la suspensión de choferes y otros empleados. Por lo pronto, en la empresa El Ceibo ya enviaron las primeras cartas documento a su personal, y se espera que otras firmas del sector se sumen a esta modalidad.
En el encuentro con el gremio que lidera César González, los representantes de Aetat, Jorge Berretta (vicepresidente) y César Atim (secretario) comunicaron las primeras suspensiones, que serán rotativas y podrían alcanzar en esta etapa a unos 150 empleados. La intención, según explicaron desde el sector privado, es que afecten “lo menos posible el bolsillo de los trabajadores”, y que tampoco repercutan en esta etapa la frecuencia de los recorridos. Sin embargo, si con el correr de los días no se producen avances ni se avizoran soluciones, no se descarta que sí se concrete una caída en la circulación de las unidades para evitar el gasto de gasoil. “Es una semana crítica”, alertó un empresario por lo bajo.
Tensiones
Las suspensiones llegan en medio de un intercambio de notas entre Berretta y el fiscal municipal, Conrado Mosqueira.
Desde Aetat solicitaron la implementación de un sistema de “boleto por kilómetro”, a fin de evitar un nuevo incremento en la tarifa. En el municipio manifestaron su disconformidad con la calidad del servicio, y aseguraron que el sector privado mantiene una “conducta extorsiva”. En una nueva respuesta, ingresada este lunes por mesa de entradas de 9 de Julio y Lavalle, la entidad privada avisó que, “como “la problemática económica se profundiza día a día, esta Asociación procederá a adoptar las medidas de urgencia conducentes a evitar quebranto definitivo de las empresas prestadoras del servicio público de transporte”.
En una entrevista con “Buen Dia”, el matutino de LG Play, Berretta recordó que hubo audiencias recientes para abordar “la crítica situación económica, sobre todo, en el área municipal”. “No hemos encontrado respuestas favorables. Como poder concedente no nos brindan ni un plan estratégico ante las propuestas que hicimos. Las empresas de San Miguel de Tucumán son las más endeudadas y con mayores dificultades para seguir adelante”, afirmó el vicepresidente de Aetat.
En esa línea, confirmó las medidas de urgencia comunicadas en el encuentro con UTA. “Lamentablemente hemos llegado a un momento crítico, extremo, límite. Y esto no es extorsivo, como se dijo del lado del municipio, no son amenazas”, afirmó.
Berretta explicó que las empresas de las líneas urbanas (de la 1 a la 19) están “encolumnadas en el mismo sentido”. “No se quiere perjudicar políticamente a nadie. Lo que necesitamos ver es cómo seguimos adelante y la respuesta no aparece. Hemos propuesto eh el cambio de sistema como lo está haciendo Córdoba, Salta, Mendoza y algunas otras capitales”, añadió. Detalló que esa modalidad implica que se les paga a las empresas por kilómetros realizados, aprovechando la tecnología para poder controlar los recorridos. Y advirtió que además se necesitan respuestas en otras situaciones preocupantes. “Tenemos el problema que está inundado de Uber Motos. Tenemos el problema de que no podemos renovar unidades, y aquellos que las renovaron, no las pueden pagar”, expuso. Además, mencionó como ejemplo la Línea 19, de los hermanos Villagra. “Bajó entre un 35% y un 40% los pasajeros transportados. No hay un problema de prestación del servicio”, expresó Berretta, en alusión a que se trata de una de las firmas del sector con mejor reputación.
En la entrevista con LG Play, además, el empresario negó que exista “connivencia” con la Provincia, en medio de las tensiones con el municipio por el resultado de los comicios en la Capital. “Nosotros a esto lo planteamos mucho antes de la elección”, aseveró. Y advirtió que “si hubiésemos tenido alguna mala intención, lo hubiésemos hecho antes de las elecciones”.
La Capital acusa a las empresas de tener una “conducta extorsiva”
La Capital rechazó el primer escrito de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), que busca implementar un sistema de “boleto por kilómetro”. Y si bien expresó su predisposición para buscar soluciones de fondo a la crisis, el municipio respondió en duros términos al sector privado.
En la nota, el fiscal municipal Conrado Mosqueira calificó como “llamativo” el comportamiento de Aetat, dado que “inesperadamente” elevaron el pedido de un cambio de sistema “bajo amenaza de formular una denuncia penal en los términos del artículo 249 del Código Penal Argentino”, que multa la omisión o retardo ilegal de un funcionario público. El letrado aludió también a la última reunión con Aetat y apuntó que, “mediante amenaza de paro inmediato del servicio”, los empresarios “intiman a proveer un subsidio de $2.000 millones”. Y afirmó que, de persistir esa “conducta extorsiva”, se formulará una denuncia por extorsión.
Punto por punto
La nota del municipio contiene una respuesta a los distintos puntos planteados por Aetat.
1) En cuanto a la fijación de tarifas del boleto urbano, Mosqueira recordó que rige la Ley Orgánica de Municipalidades, de 1983, que otorga ese atributo al Concejo Deliberante.
2) Respecto a la fiscalización del transporte, rechazó que existan omisiones. “Tanto el cuerpo operativo de Sutrappa como los agentes de la Dirección de Tránsito realizan operativos diarios y continuos de control y secuestro de vehículos que incumplen la normativa vigente”, indicó. A su vez, consideró “innegable” que el sector de los ómnibus atraviesa “una crisis estructural de eficiencia, frecuencia y calidad, lo que genera un grave perjuicio a los vecinos”. “La falta de cumplimiento de recorridos, demoras excesivas y deficiencias en las condiciones de higiene y seguridad de las unidades son hechos notorios y públicos”, apuntó. Afirmó que las plataformas (tipo Uber o Didi) “constituyen una respuesta espontánea de la sociedad a un servicio público insatisfactorio”. Y recordó que el DEM envió un proyecto en 2024 para regular las app, pero no fue tratado por el Concejo.
3) El fiscal municipal desestimó “categóricamente la insinuación de que los programas implementados por el Departamento Ejecutivo, como el Boleto Educativo Municipal (BEM), sean utilizados con fines políticos”.
4) Mosqueira ponderó luego la implementación de la SUBE”. “Ha significado un avance sustancial en materia de transparencia, eficiencia y trazabilidad del sistema de transporte, garantizando un manejo claro y controlado de los fondos públicos y privados”, añadió.
5) Negó el argumento de la “precariedad jurídica” por las concesiones, y recordó que esta situación antecede a la gestión de Rossana Chahla. Además, indicó que los empresarios accedieron a la compra de nuevas unidades, aunque “las frecuencias y la calidad del servicio continúan siendo deficitarias”. Al cierre, Mosqueira dijo que una prueba de la predisposición del municipio es la nota enviada al secretario de Transporte de la Provincia, Vicente Nicastro, para proponer una mesa de trabajo con los distintos actores del sector. Pese a que el texto fue enviado el 15 de septiembre, “dicha nota no ha sido respondida”, aseveró.





















