Conflicto del transporte: pese al acuerdo, persiste la tensión entre la Capital y Aetat

Las tensiones entre la Capital y los empresarios del transporte persisten, pese al acta firmada el viernes pasado que posibilitó el levantamiento del paro de choferes y la restitución del servicio en las líneas urbanas.

Tal como explicó al inicio de esta semana la intendenta Rossana Chahla, el Departamento Ejecutivo municipal (DEM) había efectuado un pedido formal al gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que lidera César González, para que se remita la documentación relacionada a la medida de fuerza aplicada durante dos horas del miércoles 5 y las jornadas completas del jueves 6 y del viernes 7.

“Estamos convencidos de que mediante el diálogo, la cooperación institucional y el compromiso compartido, podremos avanzar y buscar de manera conjunta la forma de proteger los derechos laborales de quienes resultan vulnerados por esta situación”, había señalado Rodrigo Gómez Tortosa, secretario general del municipio, en el texto remitido a González horas antes del cese de la huelga de UTA.

El referente sindical, en su respuesta, sostuvo que se habían registrado las “comunicaciones cursadas a través de los trabajadores afectados, los cuales ascienden a 117” (en principio, se hablaba de 150 suspensiones). “Las referidas misivas forman parte del legajo de cada uno de los trabajadores que concurrieron a solicitar asistencia y acompañamiento a esta entidad sindical. Dichas comunicaciones se adjuntan a la presente en copia simple a efectos de su cotejo”, indicó González en el escrito ingresado el martes al municipio.

En la sede de 9 de Julio y Lavalle expresaron su sorpresa porque la contestación de UTA había llegado antes a LA GACETA que a los despachos oficiales. “Es importante esa información para poder entender cuál era la gravedad del asunto”, explicó la secretaria de Gobierno municipal, Camila Giuliano, a “Buen Día” (LG Play). Y aseguró que en la gestión de Chahla “nos tomamos los asuntos con mucha seriedad”. “Como dijo la intendenta, somos inflexibles para que se cumplan los servicios que se tienen que cumplir, para priorizar al usuario. También tenemos que saber qué pasó con esos trabajadores, cuál fue el fundamento (de las suspensiones)”, remarcó.

Luego, la funcionaria aprovechó para pedir a los ciudadanos “que hagan los reclamos” por cualquier falencia en el servicio, utilizando los QR que están en las paradas y en las unidades. “Para toda cuestión que no se cumpla: si esperan más tiempo, si el colectivo está sucio, si el chofer no tiene buenos tratos. Que nos dejen los reclamos y sugerencias, porque estamos pasando eso a cada una de las empresas, que están siendo notificadas todos los días”, dijo. Y advirtió: “no vamos a permitir que el servicio no se cumpla de manera correcta”.

En la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), mientras tanto, confirmaron que tras el conflicto de la semana pasada se advirtió un mayor énfasis en los controles del municipio. Un representante del sector indicó, a modo de ejemplo, que el lunes se aplicó una multa a una empresa porque una unidad estaba circulando “con el parabrisas rajado”. Así, aunque en Aetat consideran positivos los términos del acuerdo -sobre todo por la cláusula que prevé una compensación retroactiva de la tarifa plena del Boleto Educativo Municipal por hasta $1.000 millones mensuales-, por lo bajo admiten que se espera un endurecimiento en la relación con la Intendencia.

Pese a ello, los técnicos contratados por las empresas están elaborando el pedido formal para presentar ante el Concejo Deliberante de la Capital con el cálculo del costo del boleto urbano. Si bien el acta del viernes no incluyó este tema, en las negociaciones previas al levantamiento del paro de UTA se dialogó sobre un ajuste de la tarifa, fijada en $950 desde septiembre de 2024. Si los ediles avanzan con ello, la idea es que la suba no supere el 30%.

A contramano de las tensiones con la Capital, en Aetat remarcan que la relación con la Provincia se mantiene en buenos términos. De hecho, los referentes del sector destacan los $4.900 millones en subsidios que gira cada mes el Poder Ejecutivo (PE) para sostener el servicio urbano, interurbano y municipal. A ello se suma el decreto 3.156/8 (MOIyTP), firmado el 22 de octubre y publicado este lunes, que hace lugar a la solicitud de Aetat para “flexibilizar la forma de pago prevista en los contratos de leasing” rubricados para la compra de un centenar de colectivos. El alivio otorgado por la Casa de Gobierno será clave para este tramo del año, afirman los empresarios, dado que sumaron un “período de gracia de seis meses” en el pago del capital adeudado, más allá de que se mantienen las obligaciones sobre los intereses.