LA FOTO DE LA DISCORDIA. Cristina con los nueve economistas, la imagen que generó una modificación en el régimen de visitas.
La tensión entre la actividad política de Cristina Kirchner y su condena judicial sumó un nuevo capítulo. La defensa de la ex presidenta acudió hoy a la Cámara Federal de Casación para intentar revertir las estrictas limitaciones que el Tribunal Oral Federal 2 impuso sobre las visitas en su domicilio de San José 1111, donde cumple una pena de seis años de prisión por administración fraudulenta.
El detonante fue una reunión celebrada el 17 de noviembre. Aquel día, la ex mandataria recibió a nueve economistas y difundió el encuentro en sus redes sociales. Si bien los asistentes estaban en una lista de personas autorizadas, el juez Jorge Gorini consideró que la realización de un "encuentro colectivo" sin aviso previo constituyó una "falta de prudencia" que desafía la naturaleza de la pena.
Como respuesta, el Tribunal ordenó que toda visita fuera del círculo familiar requiera una autorización individual y motivada, además de limitar la permanencia a un máximo de dos horas, equiparando el régimen al de un establecimiento penitenciario estándar.
En su apelación, el abogado Carlos Beraldi no solo atacó estas restricciones, sino que también impugnó el decomiso de 20 propiedades de la ex presidenta. La defensa sostiene que el verdadero motivo detrás de las nuevas reglas es político, dado que en la reunión cuestionada se debatían críticas al plan económico nacional. El expediente ahora viaja a la máxima instancia penal, donde los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña tendrán la última palabra.





















