Investigan el fallecimiento en la cárcel de Delfín Gallo de una mujer que fue condenada por la muerte de un bebé

La Justicia investiga la muerte de una interna en el Complejo Penitenciario de Delfín Gallo. Se trata de Graciela Margarita Pariente (44 años), la niñera que había sido condenada en 2023 por el fallecimiento de un bebé de 10 meses tras ahogarse en una bañera mientras estaba a su cuidado. La mujer falleció debido a un infarto agudo de miocardio y sus allegados y compañeras de arresto denunciaron que sufrió abandono por parte del personal carcelario. El Servicio Penitenciario negó esta versión y explicaron que Pariente había recibido atención médica días antes de su muerte.

La mujer había sido condenada en septiembre de 2023 a seis años y seis meses de prisión luego de que el fiscal Carlos Sale pidiera que se le imputara el delito de abandono de persona agravado por el fallecimiento de la víctima.

Según la teoría fiscal, el 9 de junio de 2023, Pariente estaba cuidando al bebé de 10 meses durante la jornada laboral de sus padres. Mientras bañaba al niño se fue a otra habitación porque necesitaba higienizarse. Al regresar al baño lo encontró sumergido en la bañera y prácticamente sin signos vitales. El pequeño estuvo alrededor de dos meses internado y finalmente falleció.

Tras meses de pericias y de acuerdos entre las partes, el Ministerio Público Fiscal, la querella, la defensa y Pariente firmaron un convenio de juicio abreviado y la mujer fue sentenciada. Durante los primeros meses, cumplió su condena alojada en la comisaría 1° como consecuencia de la falta de cupos en la cárcel de mujeres en Banda del Río Salí. Finalmente, en diciembre de 2024, fue trasladada al Complejo Penitenciario de Delfín Gallo.

“Durante ese año y medio fuimos a verla todos los días a la comisaría, le llevábamos comida y le acercamos sus medicamentos porque tenía diabetes y problemas de tiroides y de presión”, contó I.H., una allegada de Pariente. Según relató la joven de 29 años, Graciela llegó a su familia cuando tenía 8 años. Durante su infancia y adolescencia fue criada por la abuela de I.H., y luego se dedicó a cuidar a los nietos y sobrinos de dicha familia durante generaciones, hasta que la recomendaron para trabajar en la vivienda del bebé de 10 meses.

“Ella era un miembro más de nuestra familia y una excelente persona. Cuando pasó todo esto, entre los primos de la familia juntamos el dinero para pagarle un abogado. En ese momento el profesional nos explicó que lo mejor era ir por el abreviado y Graciela lo aceptó”, dijo. “Cuando la pasaron al penal pensábamos que iba a ser lo mejor porque creíamos que iba a tener más espacio, que podría estudiar, leer, hacer ejercicio y que sería mejor para su cabeza. Pero no fue así; bajó mucho de peso y había días que lo único que hacía era llorar en el teléfono”.

Cambio de alojamiento

Al llegar a Delfín Gallo, Pariente abandonó a su abogado particular y buscó a uno de la Defensoría Oficial. La mujer les manifestó a sus allegados que se quedaran tranquilos porque estaba recibiendo su medicación correspondiente, pero sí les contó que su nuevo representante legal había presentado varios pedidos para que le hicieran controles médicos dado sus problemas de salud. El viernes 5 de diciembre, alrededor de las 5.30 personal del Servicio Penitenciario se contactó con la prima de I.H., para avisarle que Graciela había fallecido por un paro cardíaco y que estaba en el Hospital del Este.

“Más tarde nos llamaron dos internas por celular y nos dijeron que Graciela se estuvo sintiendo mal desde el martes y que el jueves 4 se sintió mucho peor y pidió que la sacaran de la celda, pero nadie le hizo caso. Nos contaron que esa noche se despertó entre las 24.30 y a la 1 pidiendo ayuda a los gritos y luego murió. Según sus compañeras, habría fallecido en el penal, no en el hospital como nos dijeron en un principio”, dijo I.H.

En paralelo, las reclusas también se contactaron con Fernando Korstanje, el comisionado civil del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura (CNPT) en Tucumán, para ponerlo al tanto de la situación.

“El día que murió estuvo toda la tarde y noche pidiendo auxilio a los gritos. Sus compañeras también pedían ayuda porque tenía todos los síntomas de un infarto. Las penitenciarias estaban festejando el aniversario de un año de la cárcel de Delfín Gallo entonces no prestaron atención al reclamo desesperado de las presas. Y murió. La sacaron del calabozo arrastrándola en una sábana porque no había ni una camilla”, dijo Korstanje.

“Los presos tienen derecho a ser atendidos de la misma manera que la población libre. Hay que ser muy mal intencionado y muy torpe para no asistir a una persona. Esta muerte cae fuertemente dentro de la responsabilidad del Estado. Cuando hay alguien muerto bajo la custodia del Estado la presunción de inocencia se invierte y hay una presunción de responsabilidad del Estado, que tendrá que probar lo contrario”, apuntó el comisionado civil.