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INVESTIGACIÓN. La presentación judicial quedó radicada en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora y apunta a maniobras vinculadas a aportes de la seguridad social.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal que vuelve a salpicar al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino. El organismo acusó a dos empresas vinculadas a ese círculo de haber retenido aportes de la seguridad social de sus empleados sin ingresarlos al sistema, por un monto total que supera los $282 millones.
Las firmas denunciadas son Start.Ar S.A. e Intermaco SRL, que comparten autoridades y ya habían quedado bajo la lupa por sus operaciones durante el gobierno anterior. Según informó Clarín, ambas compañías fueron beneficiarias del acceso al dólar oficial a través del sistema de importaciones (SIRA) y realizaron negocios aprovechando la brecha cambiaria.
Las presentaciones fueron realizadas ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella. En los escritos, ARCA sostuvo que las empresas incumplieron el pago de aportes patronales correspondientes a trabajadores en relación de dependencia, pese a contar con capacidad económica para hacerlo.
En el caso de Start.Ar S.A., el organismo denunció falta de pago por los períodos de septiembre de 2024 y de marzo a agosto de 2025, con una deuda acumulada de $255.570.196,70. La firma declaró como actividad principal la venta minorista de electrodomésticos y productos electrónicos. Intermaco SRL, en tanto, fue denunciada por incumplimientos correspondientes a julio y agosto del año pasado, por $27.603.798,95, y se dedica a la comercialización mayorista de equipos y programas informáticos.
Ambas sociedades tienen como autoridades a Nicolás Osta, Esteban Jorge Isorna e Ignacio Jakim. Este último es hermano de Leonardo Jakim, quien representó a la Asociación del Fútbol Argentino en un acuerdo internacional con India que nunca se concretó y que aún genera consecuencias económicas.
De acuerdo con la denuncia, las conductas encuadrarían en el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, que prevé penas de entre dos y seis años de prisión cuando el monto retenido supera el mínimo establecido por la ley. ARCA remarcó que las compañías contaban con medios suficientes para cumplir con sus obligaciones y, aun así, no efectuaron los depósitos dentro de los plazos legales.
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