El Gobierno nacional reglamentó recientemente el Régimen de Inocencia Fiscal, una de las piezas centrales de su estrategia económica para “remonetizar” el país. Este plan busca incentivar a los ahorristas a volcar sus divisas al circuito formal, impulsando la actividad económica de cara a los próximos meses. Sin embargo, a pesar de las expectativas depositadas en la iniciativa, los primeros datos oficiales revelan que el programa todavía se mueve a una velocidad menor a la esperada por el oficialismo.
El corazón de esta medida es el Régimen Simplificado de Ganancias, un esquema diseñado para que ciertos contribuyentes queden exceptuados de informar detalladamente su patrimonio a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Para acceder a este beneficio, los interesados deben cumplir con requisitos específicos: ingresos totales del registrador de hasta $1.000 millones anuales, poseer un patrimonio inferior a los $10.000 millones y no estar categorizados como grandes contribuyentes nacionales.
Lógica de fiscalización
Bajo este nuevo paradigma, el ente recaudador modifica su lógica de fiscalización: ARCA dejará de controlar los gastos o bienes de quienes se adhieren, centrándose exclusivamente en los ingresos facturados y los gastos deducibles para el cálculo del Impuesto a las Ganancias. De esta manera, si el contribuyente cumple con sus obligaciones en tiempo y forma según lo estipulado por el organismo, queda automáticamente liberado de cualquier reclamo posterior relacionado con dicho impuesto.
A pesar de las ventajas administrativas que ofrece, la adhesión se mantiene en niveles acotados. Según los registros de ARCA actualizados a fines de diciembre, el Régimen Simplificado cuenta con 19.926 personas inscriptas. Un dato que matiza el crecimiento del padrón es que, en el mismo período de análisis, se contabilizaron 1.229 bajas, lo que refleja una rotación que todavía no termina de consolidar una base masiva de usuarios.



















