Investigaciones en crisis: qué está fallando en la Justicia

La pandemia seguía golpeando al mundo entero y el Poder Judicial de Tucumán se encolumnó para aplicar el Código Procesal Penal en la provincia. Los especialistas sostuvieron que su implementación pondría fin a la mora judicial y, fundamentalmente, se cerraría la puerta giratoria. En estos seis años, hubo muchos avances, pero en los últimos tiempos quedó al descubierto que con un digesto ágil no alcanza. Es más, por las dificultades que existen para desarrollar las investigaciones, todo es más lento y la posibilidad de que el sistema colapse no estaría muy lejana.

A saber: supuestamente, los fiscales tienen hasta seis meses para cerrar un expediente, es decir, pedir que un acusado por cualquier delito sea enjuiciado o absuelto. El código sí establece claramente que se puede pedir una prórroga de la investigación, pero solo en situaciones complejas que estén bien argumentadas. Pero lo que sdebería ser una cuestión excepcional se está tornando en algo habitual.

Los operadores del sistema judicial reconocen que en los últimos tiempos resulta más difícil avanzar con las causas. Incluso, señalan que los jueces dictan a los acusados prisiones preventivas más cortas con el único objetivo de “apurar” a los fiscales para que impulsen las causas. Los pesquisas se topan con varios inconvenientes por falta de herramientas -especialmente tecnológicas- que en otras provincias son cada vez más utilizadas. Estos son algunos de ellos:

1- Identificación

Durante enero y febrero, las autoridades encontraron varios cuerpos de personas que se habían ahogado en diferentes ríos y zonas de la provincia. Varios de ellos aún no pudieron ser identificados. En Tucumán, no hay una base de datos con las huellas dactilares de todos sus habitantes. El trabajo de identificación es del siglo pasado, es decir, los peritos siguen comparando esas características únicas de las personas NN para tratar de ponerles nombre y apellido.

Ese arcaico sistema no se utilizó en estos casos por el avanzado estado de descomposición de los cadáveres. Recurrir a la ciencia tampoco es la solución más veloz. En la provincia, conseguir los resultados de una pericia genética puede tardar entre 30 y 45 días desde el momento en que se realiza la toma de la muestra. Pero estos estudios sólo son efectivos si hay material biológico para cotejar, ya que tampoco existe una base de perfiles genéticos.

2- Sin pericias

Las pericias psicológicas son claves en cualquier causa. No sólo sirven para determinar la conducta de una persona, sino también ayudan a evaluar la veracidad de un relato. En 2024, el Ministerio Público desmanteló el gabinete que tenía por cuestiones presupuestarias, según confirmaron varias fuentes. Estos exámenes son realizados ahora por profesionales de salud mental del Siprosa, que progresivamente están más abocados a la atención de la población en general. En un caso emblemático, como la conocida “causa Vélez”, se recurrió a esta alternativa y sus resultados generaron polémica entre las partes.

Tampoco hay especialistas para desarrollar lo que se conoce como autopsia psicológica. Se trata de un estudio que realizan forenses con el testimonio de amigos y familiares de la víctima para conocer y entender qué le pudo haber pasado.

La falta de psicólogos también demora o limita la realización de entrevistas a través del sistema conocido como Cámara Gesell. Se trata de una declaración en la que la víctima o testigos brindan su testimonio por única vez para evitar repetir esa situación a lo largo del proceso. Si bien es cierto que las partes pueden analizar sus dichos, un profesional debe aportar su mirada. Por la escasez de especialistas, disminuyó el uso de esta herramienta o, en su defecto, conseguir un turno puede demorar semanas e incluso meses.

3- Teléfonos

La masificación del uso de los celulares se transformó en una aliada de los investigadores. Las personas cuentan buena parte de su vida a través de su teléfono. Los datos que allí se obtienen son claves para concretar una condena o una absolución. Pero, en Tucumán, siempre hay un pero. Los iPhone sólo pueden ser analizados si sus titulares entregan las claves de desbloqueo. Existen alternativas, pero en la provincia, por su elevado costo, no se realizaron inversiones para contar con esa tecnología.

Tampoco es sencillo realizar esta pericia. Hay una larga lista de espera para analizar centenares de dispositivos secuestrados en los últimos tiempos. Un ejemplo: los móviles decomisados a los acusados de la agresión en Tafí del Valle, episodio registrado el 29 de enero, serán analizados el 8 de abril, es decir, 70 días después del hecho. Pero hay más.

Los peritos del Ministerio Público extraen los datos de un móvil, pero no cuentan con especialistas para procesar ese material. Son los fiscales quienes deben asignar al personal que está a su cargo la realización de esta tarea. El inconveniente es que cada informe puede tener miles de páginas.

A Felipe “El Militar” Sosa lo atraparon en Buenos Aires por una colaboración de los investigadores salteños. En esa provincia, pueden seguir en vivo el movimiento de una persona a través de su celular. Aquí, esos registros sólo se utilizan para confirmar un posible recorrido después de que se soliciten por oficio, otro trámite dilatorio.

La ley establece que un investigador puede escuchar las llamadas de una persona, siempre y cuando cuente con una autorización judicial. Pero esa herramienta no aporta datos en tiempo real, sino con un retraso de entre 10 y 24 horas, ya que las conversaciones se graban en un dispositivo de almacenamiento que luego se entrega para su análisis. Entonces, por ejemplo, si un narco salteño le avisa a un tucumano que le está enviando 100 kilos de cocaína, cuando las autoridades se enteren, lo más probable es que la droga ya haya sido distribuida por toda la provincia.

4- Falta tecnología

Las cámaras de seguridad, como los celulares, forman parte de la vida de los tucumanos. Ya sean las que colocó la Provincia o las que instaló cualquier vecino, registran lo que ocurre en las calles. Por cuestiones presupuestarias, en Tucumán no hay un sistema que permita mejorar la calidad de esas imágenes y que, en muchos casos, sin ese procesamiento, no pueden ser utilizadas como evidencia.

Tantos inconvenientes no sólo podrían generar un embotellamiento de expedientes, sino que además limitan las posibilidades de producir pruebas que sirvan para condenar o absolver a una persona. Nada más y nada menos.