21 Octubre 2005
La Secretaría de Agricultura de la Nación remitió, en devolución, al Ministro de Recursos Naturales Renovables y Turismo de Misiones, Luis Arnaldo Jacobo, las 811 declaraciones juradas que oportunamente esa provincia requirió a los productores, con el objeto de anticipar el aporte económico no reintegrable que brinda la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados Nº 25.080.
Las declaraciones juradas rechazadas no se confeccionaron según las formas y disposiciones vigentes de la ley, a los cuáles debe ajustarse la SAGPyA para efectuar los pagos. Esto no implica que la provincia pueda concretarlo con sus propios fondos, hasta tanto cumpla con los compromisos asumidos en el Convenio N° 44, que firmó con la Secretaría de Agricultura. Estos compromisos tienen que ver con las inspecciones de las plantaciones y el aval de las presentaciones ante la autoridad de aplicación, para que ésta pueda concluir los trámites y efectuar los pagos.
Por otro lado, la dirección de Forestación de la SAGPyA no recibió los Certificados de Inspección provincial. Por este motivo, y ante numerosos reclamos de titulares de proyectos ejecutados entre 2000 y 2002, por el pago de planes -alegan haber solicitado la inspección provincial o presentado a tiempo la certificación de obra-, la autoridad nacional reclamó a la provincia la información pertinente para poder determinar la cuantía de los planes pendientes de pago.
Además, debe analizar alternativas de solución compatibles con las restricciones que existen cuando se aplican fondos públicos, a fin de evitar mayores perjuicios a los titulares que cumplieron los trámites en tiempo y forma.
La información que suministre la provincia también permitirá al organismo nacional dar de baja del programa a los planes 2000-2002 que no fueron certificados en los plazos previstos por la norma vigente, para concentrar sus esfuerzos en la atención de los expedientes que les corresponda el pago.
Las declaraciones juradas rechazadas no se confeccionaron según las formas y disposiciones vigentes de la ley, a los cuáles debe ajustarse la SAGPyA para efectuar los pagos. Esto no implica que la provincia pueda concretarlo con sus propios fondos, hasta tanto cumpla con los compromisos asumidos en el Convenio N° 44, que firmó con la Secretaría de Agricultura. Estos compromisos tienen que ver con las inspecciones de las plantaciones y el aval de las presentaciones ante la autoridad de aplicación, para que ésta pueda concluir los trámites y efectuar los pagos.
Por otro lado, la dirección de Forestación de la SAGPyA no recibió los Certificados de Inspección provincial. Por este motivo, y ante numerosos reclamos de titulares de proyectos ejecutados entre 2000 y 2002, por el pago de planes -alegan haber solicitado la inspección provincial o presentado a tiempo la certificación de obra-, la autoridad nacional reclamó a la provincia la información pertinente para poder determinar la cuantía de los planes pendientes de pago.
Además, debe analizar alternativas de solución compatibles con las restricciones que existen cuando se aplican fondos públicos, a fin de evitar mayores perjuicios a los titulares que cumplieron los trámites en tiempo y forma.
La información que suministre la provincia también permitirá al organismo nacional dar de baja del programa a los planes 2000-2002 que no fueron certificados en los plazos previstos por la norma vigente, para concentrar sus esfuerzos en la atención de los expedientes que les corresponda el pago.
