Es un riesgo utilizar agroquímicos prohibidos

Panorama rural por Gustavo Frías Silva. En las labores, es necesario advertir sobre las aplicaciones que causan daños a propios y a terceros.

06 Enero 2006

La siembra de granos en Tucumán se encuentra en plena marcha. Las lluvias de los últimos días provocaron que la mayoría de los productores de soja, maíz y de otros granos profundicen sus actividades para afrontar la nueva campaña. Los trabajos previos al comienzo de la implantación van desde la aplicación de productos agroquímicos hasta el conjunto de actividades relacionadas con la siembra directa, propiamente dicha.
En plena marcha de los cultivos, resulta conveniente advertir sobre el uso de algunos productos que, dentro del territorio provincial y de distritos vecinos, son de uso prohibido. Hablamos puntualmente de la utilización del 2,4 D en su formulación éster. La resolución 619/5 de la SAG, firmada el 31 de octubre de 2001, prohíbe su uso y su venta en todo el territorio provincial, como así también del 2,4 DB. También restringe el uso del 2,4 D en su formulación amina, y lo habilita para ser usado sólo en aplicaciones terrestres.
En este sentido, cabe destacar que la ley 6.291 de agroquímicos, sancionada y promulgada en 1991, y que su decreto reglamentario 299/3 de1996, contempla esta prohibición y regula todas las actividades relacionadas con los productos agroquímicos, a los fines de asegurar su correcta utilización y evitar daños a la salud humana, animal y vegetal. Con estas normativas se procura llegar al uso correcto y adecuado de los agroquímicos, mejorar la productividad agropecuaria y reducir los riesgos hacia el medio ambiente, que las aplicaciones prohibidas o inadecuadas pueden causar.
La mayoría de los productores de granos y de caña de azúcar; los técnicos vinculados a la actividad; los distribuidores; los comercializadores y las empresas de agroquímicos son conscientes de los alcances de la resolución 619/5, que prohíbe el uso y comercialización del 2,4 B éster. Por ello, en gran proporción respetan la normativa.
Pero, existen casos en los cuáles las restricciones no se cumplen y el uso del producto se mantiene sólo por los "beneficios" que su uso genera para el control de malezas en la producción de granos y caña de azúcar.
Todos los factores productivos deben tener en cuenta que la alternativa de usar 2,4 D amina genera iguales beneficios si es aplicado correctamente y en el momento justo, como lo indican los marbetes del producto. También las instituciones de investigación, como el INTA y la EEAOC, y los asesores técnicos, fomentan el uso de la sal amina para evitar daños que luego traerían dolores de cabeza a más de un productor. El 2,4 D sal amina ya es un artículo conocido en el sector productor de granos. Por lo tanto, existe suficiente experiencia como para que su uso sea eficiente en el control de malezas y que no surja ningún otro argumento para la utilización del éster butílico del 2,4 D.
La prohibición de su uso en Tucumán no es una cuestión comercial o un capricho de las autoridades provinciales. Tampoco lo es de los gobernantes de Santiago del Estero, Catamarca y Chaco, donde el uso del 2,4 D éster también está prohibido.
Los daños provocados por la alta volatilización de este producto no sólo provocaron muchísimas pérdidas económicas a productores de soja con plantas ya nacidas, sino también a los horticultores, a los algodoneros y a productores de otros cultivos sensibles a este agroquímico, como el citrus.
Todos los cultivos nombrados son comunes en estas regiones y, recientemente, las autoridades nacionales informaron sobre daños producidos en los cultivos de arándanos ubicados en la localidad de San Pedro, en Buenos Aires. Esto originó una andanada de juicios por daños en cultivos, debido a la volatilización de este producto al momento y después de la aplicación, que en alguna oportunidad terminó con las producciones de algodón que había en la provincia.
Es necesario generar conciencia para no usar este agroquímico en Tucumán. Por suerte, existe buena voluntad de parte de productores, técnicos, empresas comercializadoras y, fundamentalmente, del Estado provincial. Igualmente, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos, a través de su Dirección de Agricultura, tiene las atribuciones para hacer cumplir con la ley de agroquímicos provincial. Debe ser muy estricta y eficiente en los controles para evitar que estas variantes del 2,4 D puedan llegar a manos de algunos productores desaprensivos.Dentro de sus facultades de fiscalización, los organismos provinciales pueden restringir, limitar y suspender en todo el territorio tucumano la introducción, fabricación, el fraccionamiento y la comercialización del 2,4 D éster. Pero, está claro que todos somos responsables.

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