24 Febrero 2006
La Unión Europea violó las reglas de comercio internacional al suspender la importación de alimentos genéticamente modificados. Así lo sostuvo un fallo de la Organización Mundial del Comercio, que, de esta forma, concedió la razón a la Argentina, a Estados Unidos y a Canadá.
El dictamen de la OMC concluyó que la UE impuso en términos efectivos una prohibición a los alimentos transgénicos durante seis años, a partir de 1998. La Argentina, Estados Unidos y Canadá habían interpuesto una queja sobre una moratoria de la UE a la aprobación de nuevos alimentos transgénicos.
El panel determinó que las prohibiciones individuales en seis estados miembros de la UE -Austria, Francia, Alemania, Grecia, Italia y Luxemburgo- violaban las reglas del comercio internacional. La decisión sería una de las más complicadas que el organismo comercial haya emitido, y el reporte consta de unas 1.000 páginas. El dictamen había sido pospuesto en varias ocasiones. Los demandantes precisaron que las acciones de la UE carecen de bases científicas, y que la moratoria ha representado una barrera injusta para los productores de alimentos transgénicos que quieren realizar exportaciones al bloque europeo.
La organización Amigos de la Tierra señaló que el caso socava el derecho de los gobiernos a decidir qué productos son seguros para sus ciudadanos, y presiona a otras naciones -especialmente las pobres- a aceptar los alimentos transgénicos contra su voluntad.
El dictamen de la OMC concluyó que la UE impuso en términos efectivos una prohibición a los alimentos transgénicos durante seis años, a partir de 1998. La Argentina, Estados Unidos y Canadá habían interpuesto una queja sobre una moratoria de la UE a la aprobación de nuevos alimentos transgénicos.
El panel determinó que las prohibiciones individuales en seis estados miembros de la UE -Austria, Francia, Alemania, Grecia, Italia y Luxemburgo- violaban las reglas del comercio internacional. La decisión sería una de las más complicadas que el organismo comercial haya emitido, y el reporte consta de unas 1.000 páginas. El dictamen había sido pospuesto en varias ocasiones. Los demandantes precisaron que las acciones de la UE carecen de bases científicas, y que la moratoria ha representado una barrera injusta para los productores de alimentos transgénicos que quieren realizar exportaciones al bloque europeo.
La organización Amigos de la Tierra señaló que el caso socava el derecho de los gobiernos a decidir qué productos son seguros para sus ciudadanos, y presiona a otras naciones -especialmente las pobres- a aceptar los alimentos transgénicos contra su voluntad.
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