Ciccone amenaza al "usurpador" Estado

BUENOS AIRES.- A más de cuatro meses desde la intervención estatal de la ex Ciccone Calcográfica (hoy Compañía de Valores Sudamericana SA), se abrió un nuevo capítulo legal en la cuestionada quiebra de la empresa y que roza al vicepresidente, Amado Boudou. La familia fundadora posee el 30% de las acciones y se distanció del Gobierno y del grupo adquirente, a los que califica como "usurpadores" al pedir al ministro de Economía e interventor en la imprenta, Hernán Lorenzino, que rinda cuentas de su labor en la compañía y de avanzar judicialmente si no responde.

Según La Nación on line, la inesperada presentación lleva las firmas de Nicolás Ciccone y de Silvia, una de las hijas del otro fundador de la empresa, Héctor, quienes retienen el 30% de las acciones que no quedaron bajo el control de The Old Fund (empresa que compró la quiebra). También pidieron que se convoque a una asamblea societaria en menos de 40 días. El objetivo es proponer el inicio de un "juicio de responsabilidad contra el accionista The Old Fund y sus controlantes", y radicar una "acción judicial para invalidar actos de la sociedad celebrados en violación" de la ley de sociedades comerciales.

Apuntan, así, contra el yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick; Alejandro Vandenbroele (acusado por su ex esposa de ser testaferro de Boudou), y, según cómo haya actuado la intervención, contra el Estado nacional.

El escrito de los Ciccone marca el primer gesto público y formal de distanciamiento desde que estalló el escándalo en febrero del año pasado. Para eso, optaron por la vía comercial, pero sólo luego de que la investigación penal validó las pruebas por la Cámara Federal en contra de las pretensiones de Boudou.

En el documento, según copia que obtuvo La Nación, los Ciccone aclaran que solicitaron los informes y la asamblea a Lorenzino "sin reconocer la validez de las normas que decidieron la intervención y haciendo expresa reserva de cuestionarla por la vía que correspondan". La presentación ingresó en Hacienda minutos después de que se conoció que la Cámara Federal había fallado en contra de los intereses de Boudou, de su socio José Núñez Carmona y de Vandenbroele.

Ese día el vicepresidente recibió un duro revés, ya que la Justicia rechazó el pedido de nulidad que había presentado para dejar sin efecto la declaración de Laura Muñoz, quien había dicho que su esposo, Vandenbroele, era el "testaferro" de Boudou. También se dejó sin efecto el pedido de anular el allanamiento del departamento que tiene el vicepresidente en Puerto Madero.

El planteo de los Ciccone se apoyó en la falta de cualquier tipo de avance en el juicio de expropiación dispuesta por el Gobierno o siquiera en la tasación de la compañía a través del tribunal oficial que depende del Ministerio de Planificación Federal, de Julio De Vido.