Exigen que se detenga la apertura de la Lucas Córdoba: está en un sector protegido

Una máquina aplastaba el suelo mientras cuatro obreros observaban la escena. "Nos falta armar los moldes; después ya podemos empezar a hormigonar", contaba el miércoles uno de ellos. Hablaba de pie junto a esa especie de zanja gigante que se está convirtiendo en calle y que atraviesa el parque Avellaneda. La polémica por la construcción de la primera cuadra de la Lucas Córdoba está muy lejos de enfriarse. Mucho menos ahora que dos miembros de la Comisión de Patrimonio de la Provincia aseguraron que el parque es un inmueble protegido y que exigieron que la obra se detenga inmediatamente. 

La apertura de la Lucas Córdoba comenzó después de Navidad y causó sorpresa, enojo y tristeza entre los vecinos. Inmediatamente, algunos de los integrantes de la Comisión se pusieron en alerta. La ley 7.535 incluye al Avellaneda en el listado de los inmuebles declarados como bienes de patrimonio cultural. Pero cuando se desató la polémica surgieron dudas sobre si el sector donde se está abriendo la calle forma parte del parque: el texto de la norma dice que el espacio verde está entre Paso de los Andes, San Martín, Mate de Luna y Asunción, y deja afuera ese sector. 

Sin embargo, las arquitectas Gabriela Lo Giúdice y Silvia Rossi se encargaron de aclarar la cuestión. Las representantes de la Unsta y de la UNT en la Comisión, respectivamente, le enviaron una nota al presidente del Ente Cultural de Tucumán,Mauricio Guzman, en la que le informaron que el sector en disputa sí es parque. "En el Registro Inmobiliario de la Provincia, el padrón 22873 (corresponde al sector en el que se está construyendo la calle) figura como Parque Avellaneda y bajo la protección patrimonial", le aclararon. Adjuntaron los documentos que lo confirman y a los que accedió LA GACETA. 

En su artículo 8, la ley dice: "las declaraciones provisorias o definitivas de pertenencia al Patrimonio Cultural importarán la prohibición de la destrucción, deterioro, demolición, ampliación, reconstrucción o transformación de todo o una parte del bien declarado". Es decir, cualquier modificación debe ser analizada por la Comisión. Y eso no ocurrió. 

"Pedí una reunión extraordinaria para analizar este tema, pero en el Ente me contestaron que no hay quórum y que se va a realizar recién el 5 de febrero", se quejó Lo Giúdice (a la Comisión también la integran representantes de la UTN, de la Legislatura, de la Dirección de Patrimonio, de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y del Consejo de Cultura). Las dos arquitectas le pidieron por último a Guzman que le exija a la Municipalidad que suspenda los trabajos. 

El titular del Ente le pasó la pelota al municipio. "Cuando se intercambiaron notas con la Municipalidad yo estaba fuera de la provincia. Pero sé que el Ente le pidió un informe y que estamos a la espera de la respuesta. Nos dijeron que por ahora las obras están suspendidas", aseguró. Es cierto: el viernes 18, el subsecretario de Obras Públicas del Municipio, Atilio Belloni, le había comunicado al Ente que la obra estaba temporalmente detenida. Pero no por una cuestión patrimonial, sino "por reubicación de instalación subterránea de cables de baja y media tensión". Ante una consulta de LA GACETA, el funcionario municipal respondió que el Ente nunca solicitó la suspensión de la construcción. 

El martes y el miércoles, obreros y máquinas trabajaron en el trazado de la calle. "Se les pidió que retiren los montículos de tierra", justificó Belloni. Lo Giúdice lo contradijo: "A pesar de lo que le informaron al Ente, es claro que las obras no están paralizadas". 

Golpe al ambiente 
"La cuestión ambiental es muy grave. No se limita a unos cuantos árboles que se sacaron, sino a muchos metros cuadrados que pierden la posibilidad de absorber agua en una zona en la que existe una gran presión inmobiliaria", expresó Carlos Dugech, uno de los impulsores de movidas en defensa del patrimonio (en enero del año pasado encabezó las protestas para evitar la demolición de la casa Sucar-Lucci). Agregó que la ordenanza 2.689/98 establece que todo proyecto público que implique la realización de obras debe incluir un estudio del impacto ambiental que pueda ocasionar. "Pero no lo hicieron", afirmó. 

En la nota que Lo Giúdice y Rossi le enviaron a Guzman resaltaron que, según estándares internacionales, en una ciudad debe haber como mínimo 14 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Pero en Tucumán se calculan apenas cinco. "El bienestar de la comunidad indica que los metros cuadrados de verde deben aumentar y no disminuir. No se puede, por lo tanto, priorizar el tránsito vehicular en desmedro de la sanidad de las personas", sostuvieron.