Favorecen a un ex juez y a un letrado en una causa por supuesta defraudación con títulos públicos

La compra acreditada de títulos de la deuda pública post default a un valor depreciado para reclamar en sede judicial su pago como si estos hubiesen sido adquiridos con anterioridad a la cesación de pagos de 2001 (en el "$ 1 = U$S 1") no es suficiente para probar una defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional. Más aún cuando, en esa época, los Tribunales Federales de Tucumán -incluida su Cámara de Apelaciones- y del resto del país solían ordenar al erario (mediante cautelares) que se abstuviese de aplicar la "pesificación forzosa" a sus obligaciones contraídas antes del default.

Este razonamiento judicial inédito en la tramitación de causas penales sustentadas en una auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación de 2005 en los dos juzgados federales de Tucumán favorece a Jorge Parache, ex titular del despacho N°1, y al letrado César Roque Paliza (h). En una resolución del 8 de abril pasado en el expediente "Scaravilli López", el conjuez Hugo Danesi otorgó el beneficio de la duda a ambos imputados al dictar la falta de mérito para procesarlos o sobreseerlos y ordenar la producción de las pruebas que estos habían requerido. Además, dispuso el sobreseimiento del contador Roberto Víctor Sosa, ex gerente de la Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán SA.

La decisión de Danesi da la espalda a la hipótesis del fiscal federal Carlos Brito, que en esa causa había considerado probada la existencia de una maniobra para defraudar al Estado nacional iniciada con la interposición de una demanda por parte del abogado Paliza (h), en su carácter de apoderado de Alberto Domingo Scaravilli López. "Como consecuencia de dicho escrito y sólo ocho días después de su presentación, Parache había despachado -a favor del demandante- una cautelar que, junto con actos jurisdiccionales posteriores, permitieron percibir indebidamente la suma de $ 1.215.301,5 (implica una ganancia del 411% respecto de la inversión original de $ 295.750) correspondientes al pago por renta, servicios, intereses y capital vencido de Bontes 2003", sostuvo Brito, según la resolución de Danesi.

El fiscal determinó asimismo que el Estado había depositado los fondos en una cuenta comitente y que una parte de ellos fueron cobrados por Sosa, que dejó la Nueva Bolsa de Comercio en 2006 (este luego dijo -y Danesi tuvo por cierto- que entregó el dinero a Paliza y que conoció a ese letrado al momento de concurrir al banco). También señaló que la cautelar había sido emitida en "términos abiertos", sin verificar el cumplimiento de requisitos indispensables (Parache hizo lugar a la medida pese a que Scaravilli López sólo acreditaba una enfermedad no terminal -poliomielitis aguda- existente desde hacía cuatro décadas).

"(El ex juez) no tuvo en cuenta que la condición necesaria para que prosperara el pedido de cautelar era que los bonos hayan sido adquiridos antes del 31 de diciembre de 2001, lo que resultaba verificable con una consulta a la Caja de Valores SA", manifestó Brito, que también imputó a Parache no haber oído al Estado nacional cuando este le informó aquella circunstancia. Y añadió: "todo ello demuestra que su actividad jurisdiccional estuvo direccionada a sentenciar la cautelar sin control previo, amenazar al Estado con conminaciones y rechazar cualquier razón que impidiese cumplir con tal objetivo".

Discutible
Respecto de Parache, que renunció a su cargo en mayo de 2007 mientras el Consejo de la Magistratura de la Nación debatía si impulsaba su remoción (por la auditoría de la Procuración), Danesi opinó: "no puede dejar de señalarse que, al momento del dictado de la resolución cuestionada (14 de octubre de 2004), numerosos tribunales del país habían declarado la inconstitucionalidad de la normativa que establecía la 'pesificación forzosa' por considerar que ese régimen violaba el derecho de propiedad".

El conjuez expresó que, recién en 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció sobre el tema (en el fallo "Galli") avalando la normativa declarada inconstitucional en estrados inferiores. "Esta sentencia fue -recordamos- posterior a la medida cautelar de esta investigación", precisó. Y agregó: "El muy considerable número de Tribunales que sostenían criterios similares, cuando no idénticos, a los expuestos por Parache (...) necesariamente implica que se trataba, cuanto menos, de una cuestión jurídica discutible".

Irrelevante
En cuanto a Paliza, Danesi razonó que el argumento "jurisprudencial" también era aplicable a su caso y calificó de irrelevante al hecho de que el letrado haya consignado en la demanda que Scaravilli López tenía 60 años y no 50 -como correspondía en 2004-: "por cuanto acompañó copia del DNI del actor, de donde surge en forma incontrastable su fecha de nacimiento y, por ende, su edad".

El conjuez comparó esta investigación penal con "Borquez", causa testigo de las supuestas maniobras con títulos públicos (fue elevada a juicio oral en noviembre de 2012 e involucra en una presunta tentativa de defraudación al ex juez federal N°2, Felipe Terán; a los letrados Daniel Martín y Alfredo Fernando Ducca, y a cuatro presuntos inversores vinculados a la empresa MA Valores SA: Pablo Javier Rossi, César Daniel Barboza, Fernando Adolfo Recalde y Jorge Alejandro Rigourd). Danesi dijo que, a diferencia de ese caso, "Scaravilli López" no presenta títulos con datos adulterados ni la afirmación -falsa- de que estos fueron adquiridos antes del default: "no hubo tampoco alteraciones en la cuenta comitente posteriores al inicio de la demanda ni al dictado de la cautelar resultando toda la actuación del imputado Paliza tendiente a lograr el cumplimiento de la sentencia existente". Y añadió: "la insistencia demostrada por el letrado en intentar lograr el cumplimiento de la cautelar no aparece como reñida con los principios éticos que rigen la actividad profesional, no habiéndose realizado ninguna petición contraria a las leyes o a los intereses de su representado".

Típico caso de inversión
La Justicia Federal repitió al menos cuatro veces -en el último lustro- la citación a indagatoria de Paliza, que finalmente concurrió a declarar este 15 de febrero, en compañía de su defensor, Eduardo Moreno. Según la resolución de Danesi, en ese acto el imputado expresó: "este es un típico caso de inversión con la finalidad de obtener ventaja patrimonial conforme las reglas de la especulación que rigen la mecánica bursátil en la compra y venta de esta actividad, que está autorizada, reglamentada y controlada por el Estado nacional". También cuestionó la auditoría de la Procuración que develó la supuesta maniobra por haber sido elaborada por la demandada de Scaravilli López y parte interesada en el resultado de la cautelar.

La decisión de Danesi no sólo cambió el criterio de la Justicia Federal respecto de las otras causas similares ("Borquez, "Taranto" y "Camandona"), sino también el del propio Juzgado Federal N°2, que en 2008 procesó a Scaravilli López, el primero de los imputados que prestó indagatoria en esa pesquisa (la Cámara de Apelaciones luego confirmó aquella resolución del ex magistrado subrogante Mario Racedo). Danesi integra la lista de conjueces de la Justicia Federal por propuesta de Fernando Poviña (h), juez federal N°2 desde diciembre de 2011, y fue sorteado para juzgar en esta causa por la excusación de ese magistrado (su padre y homónimo defiende a Parache junto a Hernán Frías Silva, que también es conjuez) y de Daniel Bejas, juez federal N°1.

El dictado de la falta de mérito no implica detener la investigación respecto de Paliza y de Parache. Pese a que el fiscal Brito pidió la revocación de la resolución (antes había solicitado el pronto despacho a Danesi), las demoras registradas en este expediente, que en septiembre cumplirá ocho años, avalan la hipótesis de que "Scaravilli López" concluirá por prescripción y sin que un tribunal, tras un juicio oral y público, "arribe" a la verdad judicial.

LAS OTRAS CAUSAS CON TÍTULOS PÚBLICOS

"Borquez"
LA CAUSA TESTIGO 
La supuesta maniobra delictiva detectada en "Borquez" dio pie a la remoción del ex juez Felipe Terán (aquello ocurrió en octubre de 2006). En este caso, un grupo de tucumanos habría invertido $ 4,3 millones en títulos entre 2004 y 2005, y obtenido -en cuestión de semanas- la medida cautelar que ordenó al erario el depósito de U$S 5,2 millones o $ 15 millones (según la cotización de entonces). A diferencia de "Taranto" y "Scaravilli López", el dinero nunca fue cobrado. En noviembre pasado, el conjuez Edgardo López Herrera elevó el expediente a juicio oral.

"Taranto"
EN LA CÁMARA DE APELACIONES DESDE 2011
Esta pesquisa involucra a Jorge Parache, ex juez federal N°1, y al letrado Daniel Martín (también implicado en "Borquez" y en "Camandona"). Ambos fueron procesados por el ex juez subrogante Mario Racedo en mayo de 2011. La pesquisa permanece desde entonces en la Cámara Federal de Apelaciones, que debe resolver recursos presentados por los imputados. En este caso, el fiscal Carlos Brito detectó un supuesto ardid con títulos públicos para defraudar al Estado nacional por una suma de U$S 385.000 ($ 1.340.060,78 al cambio de la época).

"Camandona"
EL PRIMER EXPEDIENTE ENVIADO A JUICIO ORAL 
Al igual que en "Borquez", el dinero en juego (títulos por un valor nominal de U$S 139.000) nunca fue cobrado por los supuestos implicados en la trama: Felipe Terán, ex juez federal N°2, y el abogado Daniel Martín (ambos coinciden en la causa testigo). En esta pesquisa, el fiscal Carlos Brito comprobó que las firmas estampadas en los escritos presentados por Martín no pertenecían a Julio Melchor Camandona, el adquirente de los títulos. La investigación fue enviada a juicio oral en noviembre de 2011 por decisión del ex juez subrogante Mario Racedo.

Según el fiscal, hay pruebas de que existe un delito

Brito afirma que el letrado Paliza no precisó que los títulos públicos eran "post default"

En una carrera contra el reloj de la prescripción, el fiscal federal Carlos Brito apeló la falta de mérito que el conjuez Hugo Danesi dictó respecto de Jorge Parache, ex juez federal N°1, y del letrado César Roque Paliza (h). "Hay pruebas para estimar que existe un delito y que los imputados son sus presuntos autores", dijo en el escrito del 11 de abril pasado. 

Brito, que consiguió el procesamiento de los implicados en otras causas similares ("Borquez", "Taranto" y "Camandona" -ver abajo-), recordó que Domingo Scaravilli López abrió una cuenta el 5 de octubre de 2004; que los títulos públicos en cuestión ingresaron a ella el 8 y 10 de octubre de 2004, y que Paliza presentó la demanda de inconstitucionalidad de la "pesificación" de los papeles (Bontes 03) el 6 de octubre de 2004. "En el dictado de la cautelar (14 de octubre de 2004) -por parte de Parache- se advierte una celeridad que no es habitual y que, por ello, no puede pasar desapercibida en este análisis", esgrimió el fiscal. 

Brito añadió que Paliza había firmado la demanda omitiendo manifestar que los títulos fueron adquiridos en 2004: "en ese escrito dice -en diferentes pasajes- que su cliente es tenedor de Bontes 2002 (...). Luego, en otra presentación, afirma que los títulos son Bontes 2003 (...). (Este cambio) por lo menos debió alertar al (entonces) juez respecto de la fecha de adquisición".