Judicializan la reforma y respaldan a la Corte

BUENOS AIRES.- Cámaras nacionales y federales de todo el país, además de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, expresaron su respaldo a la Corte Suprema por su accionar para "la afirmación de la independencia judicial".

A su vez, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal presentó una "acción declarativa de inconstitucionalidad" contra la ley que modificó el régimen de las medidas cautelares a favor del Estado Nacional, publicada en el Boletín Oficial.

Según el presidente del Colegio, Jorge Rizzo, "la norma vulnera, en forma manifiestamente ilegal y arbitraria, derechos adquiridos de los abogados, afectando la dignidad profesional y entorpeciendo el libre ejercicio de la abogacía".

En tanto, la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre rechazó "in limine" (sin tratamiento) el "amparo preventivo" presentado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez contra la ley que modificó las cautelares y contra la que creó tres nuevos tribunales de Casación, ya que los normas todavía no habían sido publicadas en el Boletín Oficial cuando el lunes pasado el letrado hizo la presentación.

Declaraciones

En medio del debate sobre la reforma judicial impulsada por el Poder Ejecutivo, los camaristas y organizaciones de magistrados destacaron el rol de la Corte como "cabeza de un poder del Estado", según informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

El martes, los ministros de la Corte Suprema advirtieron que rechazarán cualquier intento del gobierno de canjear unos $ 5.000 millones de ahorro presupuestario por bonos, tal como ocurrió con la Anses y con el Banco Nación.

En el acuerdo, los siete jueces del tribunal coincidieron en que el cambio sobre el manejo presupuestario introducido en el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura va en dirección opuesta a la aspiración de obtener la autarquía financiera para manejar sus propios gastos.

En su página web, el CIJ difundió una extensa lista de comunicados que tribunales de todo el país emitieron en apoyo a la Corte Suprema y en defensa de la división de poderes, en el marco de la polémica por las reformas impulsadas por la Casa Rosada.

En el contexto de esta controversia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó en las últimas horas al Gobierno nacional a reconsiderar la iniciativa a fin de "asegurar la independencia de la judicatura", lo que fue rechazado por el poder central tras calificar la advertencia del organismo internacional como una "insólita actitud".

Por su parte, el empresario y dirigente peronista Juan Ricardo Mussa presentó en las últimas horas otro amparo y pedido de declaración de inconstitucionalidad de la ley que modifica el sistema de cautelares, por considerar que "la norma vulnera los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos". (DyN)

Vía libre para tratar los cambios en el Consejo de la Magistratura

El kirchnerismo y sus aliados firmaron el martes los dictámenes mayoritarios de los proyectos de reforma del Consejo de Magistratura (modificado en Diputados), y de cambios de condiciones en el ingreso de personal al Poder Judicial. Ambas iniciativas serán debatidas en el Senado el miércoles. En un plenario de tres comisiones del Senado, oficialistas y opositores polemizaron en torno de las iniciativas y en particular sobre la cláusula que fija el requisito de que toda lista que participe con candidatos a cargos para la magistratura en las elecciones deben estar habilitados en 18 distritos para poder participar de una misma boleta. Este último tema fue el más cuestionado por la oposición del radicalismo, FAP y peronismo no kirchnerista. Durante dos horas se discutieron las iniciativas modificadas que envió el Ejecutivo sobre el Consejo de la Magistratura y el llamado "ingreso democrático e igualitario del personal" judicial. Pese a las disidencias de la oposición en el debate, el oficialismo obtuvo la mitad más uno de los votos de los integrantes del cuerpo para suscribir el respaldo a los proyectos.

El senador Ernesto Sanz anticipó que la UCR votará en contra de las iniciativas junto con otros bloques opositores, y sostuvo que el cambio de las condiciones electorales "es un avance proscriptivo e inconstitucional que afecta derechos de todos los partidos, en particular de los provinciales". Gerardo Morales (UCR) afirmó que su fuerza se presentó en 21 provincias en los últimos comicios, 13 como partido individual y siete en alianzas, por lo que las listas de los candidatos no podrá participar de las mismas boletas y deberán concurrir por fuera de la nómina de los candidatos del mismo partido. Rubén Giustiniani (PS) subrayó que el oficialismo "pretende hacer una manipulación electoral", porque "sólo el Frente para la Victoria puede poner en práctica esta exigencia, excluyendo a la totalidad de las fuerzas políticas". (DyN)