Para desviar dinero de tributos habrían fraguado la firma de dos funcionarios

En paralelo a las pesquisas que lleva adelante el fiscal penal de la V Nominación, Washington Navarro Dávila, para determinar si existe una "Municipalidad paralela" destinada al cobro irregular de tributos, el Departamento Ejecutivo abrió una investigación interna para deslindar responsabilidades, luego del escándalo que estalló en la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa), a mediados de octubre del año pasado. De acuerdo a un expediente al que tuvo acceso LA GACETA, en una operatoria presuntamente fraudulenta, las firmas del contador General de la Municipalidad, José Francisco Correa; del jefe de Compras, Tristán Bernabé Filgueira, y de una escribanía de la capital, habrían sido falsificadas en una cesión haberes a favor de un particular.

De acuerdo a los datos que obran en el expediente de más de 300 fojas, el pago destinado al Tributo de Emergencia Municipal (TEM) por $ 1,3 millón, que supuestamente había realizado la empresa Basualdo SA, nunca ingresó a las arcas municipales. Al contrario, esos dineros habrían sido percibidos por terceros, en casi medio centenar de pequeñas operaciones financieras, a través cheques y dinero en efectivo.

La luz de alerta en el municipio empezó a titilar en septiembre de 2011, cuando determinaron que la firma mayorista perteneciente al empresario y actual senador por San Juan, Roberto Basualdo, le adeudaba $ 1 millón a la Dirección de Ingresos Municipales (DIM). Ese mismo mes, el Departamento Ejecutivo le inició un juicio de cobro. El ex titular del Colegio de Abogados de la capital, Antonio Bustamante, actuó en el pleito como su apoderado.

El 29 de diciembre de 2011, la Oficina de Control Bancario de la DIM constató que esa suma nunca ingresó a las arcas municipales. Esa oficina también comprobó que los recibos de pago que entregó como constancia la firma Basualdo SA eran apócrifos, al igual que los sellos del Banco del Tucumán. Dos meses después -el 9 de febrero de 2012- el director de la entidad bancaria, Claudio Cerezo, le envió una nota a la subdirectora interina de la DIM, mediante la que afirma que los comprobantes de pago del TEM presentados por Basualdo SA como constancia, no fueron abonados en esa institución financiera.

"Igualmente le comunicamos que el sello inserto en cada uno de los recibos es apócrifo y no corresponde a los utilizados por esta entidad crediticia", aseguró Cerezo en el escrito. Previamente -el 3 de enero de 2012- el municipio había realizado la denuncia policial correspondiente al constatar la existencia de recibos truchos.

Al poco tiempo de conocer las presuntas irregularidades, Basualdo SA le abonó al municipio el millón de pesos y solicitó el libre deuda, ya que le había vendido su empresa a la cadena supermercadista Makro. Desde la DIM le informaron a Basualdo SA que aún adeudaba $ 300.000 al municipio. Nuevamente, para justificar el pago, el empresario entregó copias de cheques -no a la orden- del Banco Francés a nombre de la Municipalidad. Pero, otra vez, esos valores no ingresaron a las arcas municipales, según consta en la documentación oficial de la Municipalidad. Esos cheques fueron supuestamente cobrados por un tercero (de nombre Víctor Saad) en el banco HSBC, previa cesión de haberes por parte del contador general de la Municipalidad, Correa, del jefe de Compras, Filgueira, y con la anuencia de la escribana Ana María Medrano Ortiz. De acuerdo a las posteriores actuaciones que realizó la Municipalidad, Correa, Filgueira y Medrano Ortiz aseguraron que sus respectivas firmas fueron adulteradas. En el caso de Medrano Ortiz, la escribana realizó un descargo mediante el que afirma que las firmas no son auténticas ni corresponden a registros obrantes en sus libros de actuaciones notariales.

El 2 de julio de 2012, el fiscal Municipal, Hernán Colombres, firmó un dictamen en el que detalló todos los actos administrativos que realizó el Departamento Ejecutivo. "Los funcionarios municipales José Francisco Correa y Tristán Filgueira niegan que las firmas y sellos donde figuran sus nombres les pertenezcan y niegan también haber participado como cesionarios a favor de terceros, o en otro carácter, de los importes supuestamente abonados al municipio, y de haber estado enterados de esas maniobras", expresó Colombres.

Lo llamativo es que en el expediente municipal no figuran los dos inspectores mencionados por el fiscal penal Navarro Dávila. Según se desprende de la investigación judicial, los empleados capitalinos habrían hecho de gestores en la maniobra. Ayer, fuentes de la Municipalidad confirmaron que, tras el escándalo, Basualdo SA abonó toda la deuda a la DIM.