El drama de la quema de cañaverales

Endémico, incurable, arraigado, repetido, grave, acostumbrado, habitual, enfermo, inveterado son sinónimos de crónico, como podrían definirse varios problemas de Tucumán. La quema de cañaverales es uno de ellos; se repite desde hace varios lustros, entre julio y noviembre, y afecta la salud de los tucumanos, así como el medio ambiente. Según datos de Defensa Civil, se detectaron en julio 160 incendios en diferentes campos, mediante las denuncias telefónicas al 103. De ese número, fueron 90 los puntos ígneos registrados entre el sábado y el lunes en cañaverales y en pastizales. El lunes pasado, un incendio afectó una línea de 132 kilovoltios que une El Bracho con la estación Independencia y dejó sin luz a más de 70.000 usuarios del sur de la capital.

Un directivo de Trasnoa, la empresa de transporte de energía, dijo que es necesario que el Gobierno haga cumplir la ley, que prohíbe esta práctica y que los ingenios no reciban caña quemada. Señaló que está práctica provoca perjuicios también a localidades de Santiago del Estero y de Catamarca. "En Jujuy y en Salta, donde hay industrias azucareras, no existe este problema. Por eso es clave el control del Estado", afirmó.

Consultado sobre la quema crónica y el corte de energía que esta ocasionó, el gobernador manifestó: "Uno hace hasta donde puede actuar. Hacemos multas, hacemos esto, ya no sé qué más podemos hacer". Sincero o no, el comentario es mucho más que preocupante porque la máxima autoridad de la provincia está desnudando públicamente su impotencia para brindar una solución a la sociedad.

La ley 6.253, en su artículo 38, prohíbe la quema de caña como método auxiliar de la cosecha. En enero de 2007, esta normativa fue modificada por la ley 7.459, por la cual los ingenios están impedidos de recibir caña quemada. En septiembre de 2009, la Legislatura promulgó una iniciativa que establecía que aquellos que fueran encontrados in fraganti quemando caña de azúcar en pie, quedarían detenidos y serían sometidos al dictado de la prisión preventiva hasta la sustanciación del juicio penal correspondiente. La disposición fue incorporada al Código Procesal Penal de la Provincia, como forma de combatir esta práctica en tiempos de zafra. Luego se elevó la sanción económica de $200.000 a $3 millones a los infractores. Si existiese la voluntad política de saber quiénes son los infractores bastaría con recorrer por vía aérea las plantaciones en ignición, y solicitar a Catastro el informe de quiénes son los propietarios. Si el mismo defensor del Pueblo dijo el martes que los campos donde se produjeron los incendios estaban identificados y que era necesario que sancionara a quienes provocaron los incendios, ¿cómo no va a conocer el Gobierno esa realidad?

Si careciera de herramientas para combatir esta acción endémica e histórica de estos inadaptados sociales tal vez podrían entenderse las palabras del primer mandatario. No obstante, no se conoce que el Estado haya sancionado a alguien con la pena económica máxima, que le hayan dictado prisión preventiva o haya ido a juicio.

¿Qué puede esperar entonces el ciudadano si la máxima autoridad confiesa que no sabe qué más hacer? Cuando los problemas se vuelven crónicos, significa que algo -o todo- se está haciendo mal o no se hace; eso es lo que debería preguntarse el mandatario. ¿Acaso aplicar la ley es tan difícil en nuestra provincia?