La Justicia entrerriana sobreseyó a Ilarraz y el cura anhela regresar a la Parroquia de Monteros

A Justo José Ilarraz le gustaría regresar a Monteros y volver a hacerse cargo de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la misma que abandonó hace casi un año. El sacerdote dirigía esa Iglesia desde 2002, pero en septiembre de 2012 pidió un año de licencia y se refugió en la casa de un allegado. Eso fue a partir del escándalo que generó una publicación de la revista entrerriana "Análisis Digital", donde se mencionaban los abusos sexuales que habría cometido Ilarraz contra al menos 50 niños, entre 1984 y 1992, cuando estuvo al frente del Seminario Menor de Paraná.

Pero ayer la Sala 1 de la Cámara del Crimen de Paraná consideró que la causa está prescripta y sobreseyó al religioso. Aunque el procurador general del Superior Tribunal, Jorge García, anticipó que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para que revea el fallo.

Por el momento, Ilarraz esperará que la resolución quede firme para luego hablar con sus autoridades (encabezadas por el Obispo de Concepción, José María Rossi) y solicitar autorización para retornar a la Parroquia de Monteros. Así lo comentó a LA GACETA el abogado Jorge Muñoz, quien defiende al religioso en Tucumán (en Entre Ríos lo hace Juan Ángel Fornerón).

Muñoz remarcó que, pese al escándalo, Ilarraz "tiene mucha estima" en Monteros. "Viaja casi todos los fines de semana para ahí y visita a las familias que lo invitan a almorzar y quieren seguir manteniendo un contacto con él", relató el letrado, tras estimar que el cura sería bien recibido en caso de volver a esa ciudad del sur tucumano.

El fallo

La decisión de sobreseer a Ilarraz fue tomada por los vocales Hugo Daniel Perotti y Miguel Ángel Giorgio -ya que José María Chemez está con licencia por enfermedad-, pese a que el cura nunca fue citado a declarar.

En un principio, el juez de Instrucción Alejandro Grippo había considerado que los delitos cometidos por el sacerdote podrían tipificarse como de "lesa humanidad", por lo cual no debían prescribir. Pero los abogados de Ilarraz apelaron esa medida en abril pasado. "La promoción de la corrupción agravada de menores es un tipo penal que establece un plazo máximo de 15 años para ser denunciada en la Justicia", había argumentado la defensa.

Silencio en la Iglesia

Finalmente, los vocales Giorgio y Perotti hicieron lugar al planteo de los abogados de Ilarraz y sostuvieron que "no estamos frente a la comisión de un delito de lesa humanidad". Por lo tanto -agregaron-, se debe respetar el tiempo fijado por el Estado para perseguir los delitos que se habrían cometido y ese plazo ha cesado.

Los miembros del tribunal también aclararon que el Estado no actuó con negligencia ni omitió realizar actos en procura del esclarecer los hechos denunciados. "Por el contrario, entiendo que hubo de parte del Ministerio Público Fiscal y del juez de Instrucción -así como de los querellantes- una voluntad de dilucidar la verdad de los acontecimientos expuestos por las víctimas. Pero ocurre que éstas, por las comprensibles razones que fuesen, demoraron 20, 21 o 22 años en acudir a la Justicia", añadieron Giorgio y Perotti en el fallo.

En ese sentido, los vocales hicieron referencia al silencio de la Iglesia Católica. "Llama la atención que estos aberrantes hechos hayan tenido un manto de silencio de quienes tomaron conocimiento oportuno de los abusos cometidos", expresaron. Y mencionaron "la presunta participación de monseñor Estanislao Karlic", en su condición de arzobispo de Paraná durante el período en el que habrían sucedido los hechos.