02 Septiembre 2013
EMILIO CASTELAR AL 400. LA GACETA fue a la dirección de un proveedor estatal: allí no había nada. LA GACETA / FOTO DE ENRIQUE GALINDEZ (ARCHIVO)
Las 86 obras realizadas por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), en la que el Tribunal de Cuentas (TC) halló presuntas irregularidades, involucran desembolsos de fondos públicos por casi $ 5,8 millones.
Así consta en el informe sobre las tareas realizadas por el organismo del Poder Ejecutivo entre 2008 y 2011, inclusive. En ese tiempo, la repartición era conducida por el ex bussista Miguel Ángel Brito, actual asesor del senador nacional alperovichista Sergio Mansilla.
El informe, elevado el 3 de mayo por el organismo de control a la fiscala penal Adriana Reinoso Cuello, contiene detalles sobre 423 obras públicas peritadas (sobre un total de 554 proyectos) y da cuenta de supuestas anomalías en 86 casos.
En agosto de 2012, Brito renunció tras un informe de LA GACETA, que daba cuenta de iban a pagarse presuntos sobreprecios en la restauración de la fachada de Casa de Gobierno. La auditoría que disparó la información y frenó la obra, firmada por las autoridades del Tribunal de Cuentas Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), fue el puntapié a una investigación que llevó adelante la legisladora radical Silvia Elías de Pérez.
Sobre la base de varias versiones recogidas, la parlamentaria opositora acudió a los Tribunales. El expediente ya pasó por tres fiscales de Instrucción: Reinoso Cuello, de la VI Nominación (oficina original); Washington Navarro Dávila, de la V Nominación; y Arnoldo Suasnábar, de la VII Nominación. Los tres representantes del Ministerio Público Fiscal, por diferentes motivos, se excusaron de intervenir en la causa. En julio, el juzgado de Instrucción de la V Nominación, a cargo de Mirta del Valle Lenis de Vera (secretaría de Carlos Eduardo López) resolvió finalmente que la pesquisa recayera en la oficina del fiscal Suasnábar.
Los anexos
El voluminoso informe del Tribunal de Cuentas fue dividido en cinco anexos, y cada tomo contempla una serie de expedientes de obras públicas que fueron abonados por el Estado provincial durante la gestión de Brito.
En total, la inversión pública auditada involucra recursos por casi $ 5,8 millones. En todos los casos, ningún pago supera los $ 150.000, ya que ese es el tope que habilita la ley para la realización de contratos directos (es decir, sin licitación pública).
Las presuntas anomalías expuestas por el Tribunal son variadas. Por ejemplo, los ingenieros fiscales detectaron cientos de rampas para discapacitados abonadas por la DAU, pero que jamás se habrían colocado. "En una escuela para chicos discapacitados de Amaicha del Valle, los auditores hablaron con una docente, y esta les explicó que la construcción de un salón taller y de una casilla había sido realizada por estudiantes de Arquitectura de Francia, que estaban haciendo una pasantía. Pero esto figura como abonado por la DAU", afirmó la legisladora Elías de Pérez sobre el informe. La opositora remarcó que "estas irregularidades" se produjeron gracias a la norma que permite a la DAU realizar contrataciones directas. De esa manera, según la legisladora, la repartición pagó por servicios a empresas "fantasmas", y les adjudicó obras que no fueron construidas, tal como consignaron los ingenieros fiscales del TC. La parlamentaria volvió a poner bajo la lupa el papel de una ex trabajadora de Arquitectura y Urbanismo, Lidia Figueroa. "Es la verdadera dueña de empresas 'fantasma' como DC Construcciones", denunció Elías de Pérez.
El documento oficial del Tribunal de Cuentas -ya en manos de la Justicia- aclara que las 131 obras (para completar las 554 hechas entre 2009 y 2011 bajo el imperio de la Ley N° 7.960) que aún no fueron incorporadas al expediente "se encuentran en proceso de análisis". La norma en cuestión permite a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo eludir la licitación pública en obras por montos menores a los $ 150.000. También faculta la contratación directa de bienes y servicios, previo cotejo de precios, "invitando a participar, como mínimo, a tres proveedores del ramo" cuando el monto a contratar exceda los $ 10.000.
Así consta en el informe sobre las tareas realizadas por el organismo del Poder Ejecutivo entre 2008 y 2011, inclusive. En ese tiempo, la repartición era conducida por el ex bussista Miguel Ángel Brito, actual asesor del senador nacional alperovichista Sergio Mansilla.
El informe, elevado el 3 de mayo por el organismo de control a la fiscala penal Adriana Reinoso Cuello, contiene detalles sobre 423 obras públicas peritadas (sobre un total de 554 proyectos) y da cuenta de supuestas anomalías en 86 casos.
En agosto de 2012, Brito renunció tras un informe de LA GACETA, que daba cuenta de iban a pagarse presuntos sobreprecios en la restauración de la fachada de Casa de Gobierno. La auditoría que disparó la información y frenó la obra, firmada por las autoridades del Tribunal de Cuentas Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), fue el puntapié a una investigación que llevó adelante la legisladora radical Silvia Elías de Pérez.
Sobre la base de varias versiones recogidas, la parlamentaria opositora acudió a los Tribunales. El expediente ya pasó por tres fiscales de Instrucción: Reinoso Cuello, de la VI Nominación (oficina original); Washington Navarro Dávila, de la V Nominación; y Arnoldo Suasnábar, de la VII Nominación. Los tres representantes del Ministerio Público Fiscal, por diferentes motivos, se excusaron de intervenir en la causa. En julio, el juzgado de Instrucción de la V Nominación, a cargo de Mirta del Valle Lenis de Vera (secretaría de Carlos Eduardo López) resolvió finalmente que la pesquisa recayera en la oficina del fiscal Suasnábar.
Los anexos
El voluminoso informe del Tribunal de Cuentas fue dividido en cinco anexos, y cada tomo contempla una serie de expedientes de obras públicas que fueron abonados por el Estado provincial durante la gestión de Brito.
En total, la inversión pública auditada involucra recursos por casi $ 5,8 millones. En todos los casos, ningún pago supera los $ 150.000, ya que ese es el tope que habilita la ley para la realización de contratos directos (es decir, sin licitación pública).
Las presuntas anomalías expuestas por el Tribunal son variadas. Por ejemplo, los ingenieros fiscales detectaron cientos de rampas para discapacitados abonadas por la DAU, pero que jamás se habrían colocado. "En una escuela para chicos discapacitados de Amaicha del Valle, los auditores hablaron con una docente, y esta les explicó que la construcción de un salón taller y de una casilla había sido realizada por estudiantes de Arquitectura de Francia, que estaban haciendo una pasantía. Pero esto figura como abonado por la DAU", afirmó la legisladora Elías de Pérez sobre el informe. La opositora remarcó que "estas irregularidades" se produjeron gracias a la norma que permite a la DAU realizar contrataciones directas. De esa manera, según la legisladora, la repartición pagó por servicios a empresas "fantasmas", y les adjudicó obras que no fueron construidas, tal como consignaron los ingenieros fiscales del TC. La parlamentaria volvió a poner bajo la lupa el papel de una ex trabajadora de Arquitectura y Urbanismo, Lidia Figueroa. "Es la verdadera dueña de empresas 'fantasma' como DC Construcciones", denunció Elías de Pérez.
El documento oficial del Tribunal de Cuentas -ya en manos de la Justicia- aclara que las 131 obras (para completar las 554 hechas entre 2009 y 2011 bajo el imperio de la Ley N° 7.960) que aún no fueron incorporadas al expediente "se encuentran en proceso de análisis". La norma en cuestión permite a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo eludir la licitación pública en obras por montos menores a los $ 150.000. También faculta la contratación directa de bienes y servicios, previo cotejo de precios, "invitando a participar, como mínimo, a tres proveedores del ramo" cuando el monto a contratar exceda los $ 10.000.
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